Christian Bisso
La retórica a la que apela a diario Gustavo Melella ha perfeccionado el arte de la victimización. Cada vez que la sombra de una crisis institucional asoma, el discurso gubernamental se refugia en la misma narrativa: la existencia de una supuesta conspiración política o una “puja de poderes” destinada a desestabilizar al gobernador.
Sin embargo, este relato se desmorona ante el peso de los hechos. La realidad que atraviesa la provincia no es el resultado de un complot urdido en las sombras, sino la consecuencia lógica de una administración que ha demostrado una incapacidad sistémica para gestionar lo público y responder a las necesidades básicas de su población.
Es imperativo desplazar el eje de la discusión desde la política partidaria hacia la eficiencia administrativa. Si el mandato de Melella hoy pende de un hilo, según él mismo manifiesta, no es por la astucia de sus detractores, sino por el abandono de sus funciones primordiales.
Un gobernador que no puede garantizar la salud, que desatiende la educación, que rifa el futuro previsional y asistencial de la sociedad, que convierte al Estado en una bolsa de trabajo militante, no está siendo “perseguido”; está siendo juzgado por los resultados de su propia impericia. El estado de Tierra del Fuego es el de una provincia a la deriva, donde la gestión ha sido reemplazada por la propaganda mediocre y populista de un gobernante ausente e indolente.
La asfixia financiera es el primer síntoma de este fracaso rotundo. Una provincia con los recursos de Tierra del Fuego debería aspirar a la autosuficiencia, pero bajo la actual gestión depende del respirador artificial de los adelantos de coparticipación nacional.
Mes tras mes, Melella debe recurrir a la Nación para poder cumplir con el pago de salarios, habiéndose confirmado recientemente un nuevo acuerdo por $ 80.000 millones. Estos recursos, lejos de ser invertidos en desarrollo, funcionan como un resguardo precario para afrontar compromisos básicos como el pago de aguinaldos, evidenciando una falta total de previsión presupuestaria.
Mientras las cuentas públicas sangran, la estructura política se agiganta de manera obscena. Desde 2020, se estima que han ingresado más de 6.000 personas al Estado provincial, de las cuales 1.800 pertenecen exclusivamente a la planta política. La estadística es demoledora y grafica por sí sola el modelo de gestión: se han contratado, en promedio, 2,7 personas por día, incluyendo fines de semana y feriados. Este crecimiento desmedido de la burocracia no se traduce en mejores servicios, sino en una carga insostenible para un fisco que ya no da más.
El área de salud representa la cara más cruel de esta inoperancia. En Tierra del Fuego, no es una exageración decir que los ciudadanos corren riesgo de muerte por la desidia administrativa. La obra social estatal, bajo la voluntad inequívoca de Melella, funciona con un directorio paralizado y lento de reflejos.
Se multiplican a diario los casos de pacientes que pierden la vida esperando medicamentos que nunca llegan o tratamientos que se dilatan infinitamente, mientras los funcionarios viven una realidad paralela, ajena al dolor de quienes reclaman ni más ni menos que aquello para lo que aportaron a lo largo de toda su vida laboral.
La desprotección alcanza niveles alarmantes en el sector previsional. Los jubilados policiales de la administración previa a la provincialización llevan casi un año sin percibir sus haberes. Esta situación es el resultado de inversiones fraudulentas por parte de los administradores de la Caja Compensadora, maniobras que han sido llamativamente apañadas por el Gobierno fueguino.
Ante el reclamo desesperado de los jubilados, la respuesta del Ejecutivo en las comisiones legislativas es de una frialdad extrema: admiten que “no hay plata” y que quienes ya dieron todo por la provincia “van a tener que esperar”.
En infraestructura, las promesas de campaña se han convertido en monumentos a la frustración. En 2021, se anunció con pompas una red de gas para 7.000 familias de Margen Sur; a la fecha, solo 400 viviendas han sido conectadas. El resto de la obra permanece paralizada sin fecha de reanudación.
A este incumplimiento se suma la decisión de reducir a menos de la mitad los bonos para gas envasado, castigando a las familias de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin en lo más básico para la supervivencia en la Patagonia: la calefacción.
La conflictividad laboral es otra herida abierta por la propia impericia gubernamental. En lo que va del año, no se han logrado acuerdos salariales reales. Las propuestas de un 1% de aumento para educación o un 2% para el escalafón seco son, en la práctica, un insulto a la dignidad del trabajador.
El gobernador ni siquiera se aviene a negociar de manera honesta; las mesas paritarias se prometen y no se cumplen, o se realizan sin ofertas tangibles, profundizando el malestar en áreas vitales como la salud, donde ni siquiera hubo propuesta alguna para los trabajadores. El promocionado desembarco de Velitec junto a Terra Ignis, presentado como un hito de “soberanía energética”, ha resultado ser otro espejismo. Lejos de traer estabilidad, la salida de YPF de los pozos petroleros ha dejado un tendal de despidos.
Ya se han confirmado más de 150 bajas y se teme que la cifra se duplique. Las promesas de Melella de garantizar el empleo en el sector energético se han desvanecido, dejando a la actividad en una incertidumbre absoluta a pesar de los anuncios grandilocuentes de soberanía.
La educación y los servicios públicos atraviesan una decadencia similar. En el actual ciclo lectivo ya se han perdido más del 40% de los días de clase, una cifra tan alarmante como la del año pasado. El estado edilicio de las escuelas es deplorable, poniendo en riesgo la integridad física de alumnos y docentes.
A esto se suma una crisis de seguridad que el Ejecutivo se niega a admitir: con un Servicio Penitenciario necesitado de reformas urgentes y efectivos policiales que deben realizar rifas o colectas para costear sus propias herramientas de trabajo, la realidad es un cachetazo inesquivable para la sociedad, pero no para Melella y los suyos.
Este inventario de fracasos no es el producto de una coyuntura económica externa ni de un bloqueo legislativo; es el resultado de una forma de gobernar que prioriza la expansión del aparato político por sobre el bienestar de los ciudadanos.
La incapacidad para gestionar el conflicto, para administrar los recursos con transparencia y para garantizar derechos fundamentales como la salud y la educación, son los verdaderos motores de la ira ciudadana y el reproche legislativo. La gestión de Melella se ha quedado sin argumentos y, lo que es peor, sin soluciones para los problemas que ella misma generó.
Pretender que los problemas de Gustavo Melella se originan en una “persecución política” es un insulto a la inteligencia de los fueguinos que sufren a diario la falta de gas, de medicamentos y de seguridad. La crisis de liderazgo es tan profunda que ya no puede ocultarse tras la retórica del enfrentamiento.
Un gobernante que no puede pagarle a sus jubilados, que deja morir a sus enfermos y que desmantela el futuro educativo de sus jóvenes, ha perdido la legitimidad moral para plantear que hay una conspiración destituyente y, peor aún, para señalar con tono crítico a quienes le cuestionan su ineptitud, desinterés y apatía.
La destitución, en el improbable caso que llegara a concretarse, debe ser entendida como un mecanismo de autodefensa institucional ante una gestión que ha vaciado de contenido al Estado. No se trata de una pelea de poder entre facciones, sino de la necesidad urgente de restaurar el orden y la eficiencia en una administración que parece haber olvidado para qué fue elegida. La responsabilidad de este colapso recae íntegramente sobre los hombros de un Ejecutivo que prefirió la militancia rentada antes que la gestión esmerada.
Tierra del Fuego no puede seguir siendo el rehén de una incapacidad manifiesta. El costo de sostener una administración que ha fracasado en todos sus frentes es demasiado alto y se paga con vidas, con falta de futuro y con el deterioro irreversible de nuestras instituciones.
El tiempo de Gustavo Melella para las excusas políticas se ha agotado; ahora es el momento de que la gestión rinda cuentas por su propia y absoluta inoperancia.
