Christian Bisso
Cuenta la historia que, mientras Roma se consumía bajo las llamas de un incendio devastador, Nerón se refugiaba en la música de su lira, más preocupado por su propia sensibilidad artística que por el colapso de su imperio.
Hoy, muy lejos de la Antigua Roma, el llamado a elecciones para la reforma constitucional de Tierra del Fuego guarda una simetría inquietante con aquel episodio: mientras la estructura económica de la isla cruje bajo el peso de la incertidumbre y el ajuste, el gobernador Gustavo Melella prefiere ensayar una melodía de cambios institucionales que solo parecen sonar bien en los pasillos que llevan a su despacho.
Esta insistencia en modificar la Carta Magna provincial no es un acto de vanguardia, sino una maniobra que ignora el rugido de un malestar social latente. Al igual que los habitantes de Pompeya que ignoraban el humo denso que coronaba al Vesubio, el gobernador parece no advertir que está construyendo su legado a la vera de un volcán en plena actividad.
La crisis habitacional, la fragilidad del subrégimen industrial y el desencanto ciudadano son la lava que comienza a descender, amenazando con sepultar una iniciativa que nace divorciada de las urgencias de la calle.
Paradójicamente, el llamado a elecciones para convencionales constituyentes podría ser la erupción que marque el final de un ciclo. Lo que Gustavo Melella presenta como una “actualización necesaria” corre el riesgo de convertirse en el evento sísmico que rompa el contrato de confianza con un electorado desencantado.
En su afán por reescribir las reglas para asegurarse el mañana, Melella podría estar acelerando el mismo proceso que termine por sepultar su capital político bajo las cenizas de una reforma que nadie pidió, pero que todos -obligatoriamente- deberemos pagar.
Pero para que entendamos mejor lo que intento explicar mediante una analogía que me pareció la más descriptiva de la realidad que atraviesa la provincia, te invito a que pensemos juntos en cinco razones que considero vitales para comprender por qué la reforma constitucional es inoportuna y hasta inconveniente para las propias aspiraciones de Melella y sus acólitos.
En primer término, estamos ante la consumación de un proceso cuyo gasto es decididamente inoportuno en un contexto de crisis económica. El costo financiero es la raíz del despropósito. Porque realizar una elección de convencionales constituyentes implica un despliegue logístico y de recursos financieros que nadie logra dimensionar, aun cuando las estimaciones hablan de cerca de $ 8 mil millones de pesos destinados al capricho político del gobernador.
En un contexto donde la provincia enfrenta desafíos en infraestructura escolar y salud, destinar fondos públicos a una reforma política se percibe como una desconexión total con la realidad. Según el propio gobernador, el presupuesto provincial está bajo presión extrema. Gastar en “burocracia política” cuando el consumo cae y la industria fueguina sufre plena incertidumbre es fiscalmente cuestionable.
A ello hay que añadirle el siempre latente fantasma de la “reelección indefinida”. Aunque desde el oficialismo se intenta minimizar este punto, el sistema político fueguino sospecha que el verdadero motor de la reforma es habilitar un nuevo mandato para el Ejecutivo, algo prohibido por el Artículo 125 de la Constitución actual, que solo permite una reelección consecutiva.
Que quede claro: abrir la Constitución es abrir una “Caja de Pandora”. Una vez que la Convención se declara soberana, los convencionales tienen el poder de modificar las cláusulas de periodicidad, lo que podría debilitar la alternancia democrática mientras Melella podría esconder así sus intenciones de perpetuar un modelo de gestión personalista en lugar de fortalecer las instituciones.
Por otra parte, existen dos factores que no se pueden soslayar: uno es la inestabilidad jurídica y el otro, la falta de consenso social. Una reforma constitucional debería ser el resultado de un “Gran Pacto Social” y no de una imposición de la mayoría de turno.
Actualmente, no existe un reclamo popular genuino por cambiar la Constitución de 1991, la cual es considerada una de las más modernas y protectoras de derechos en Argentina. Y acá hay un punto crítico: La Ley 1529, que declaró la necesidad de la reforma, fue aprobada en una sesión legislativa tan veloz como polémica.
Avanzar sin un consenso amplio con las fuerzas vivas de la sociedad -cámaras empresariales, sindicatos y ONGs- genera una norma que nace carente de legitimidad social, lo que a largo plazo podría producir inestabilidad jurídica.
Por estos días, Tierra del Fuego enfrenta debates existenciales: el futuro del Subregimen de Promoción Industrial, la crisis habitacional en Ushuaia y Río Grande, los servicios de baja calidad que el Estado ofrece y la imposibilidad de lograr acuerdos políticos de base para solucionarlos. No tengo dudas que, ante ese panorama, la reforma actúa como una “cortina de humo” política.
Y el contraste es fuerte, porque mientras el gobernador enfoca el capital político en la reforma, temas como la diversificación de la matriz productiva o la mejora de los servicios básicos quedan relegados a segundo plano.
Finalmente, entre los argumentos de peso no puedo dejar de citar el riesgo cierto de aumentar el gasto político. En un momento donde el discurso público -tanto a nivel nacional como local- pide una reducción del gasto político y mayor eficiencia, proponer una reforma que podría derivar en un aumento de legisladores o cargos jerárquicos es caminar en sentido contrario al sentimiento de la época.
La Constitución fueguina actual ya prevé mecanismos de actualización legislativa por población que no han sido aplicados; por lo tanto, no hace falta una reforma para mejorar la representación, sino voluntad política.
En última instancia, el gobernador Melella y algunos sectores de la política fueguina parecen estar más preocupados por retocar el manual de instrucciones que por poner en marcha los motores que la provincia necesita.
Una Constitución no es un documento estático, pero su legitimidad reside en que su reforma sea el resultado de un consenso social profundo y no de una urgencia electoralista. Abrir este proceso en medio de una tormenta económica y social como la que vive Tierra del Fuego no solo es una distracción costosa, sino un riesgo institucional que la sociedad no ha demandado.
La pregunta que el gobernador Melella parece ignorar es si el problema de Tierra del Fuego radica realmente en su texto fundacional o en la gestión de quienes deben aplicarlo. Cambiar las reglas del juego cuando el partido está en su momento más crítico suena más a una maniobra para asegurar el resultado que a una voluntad de mejorar la cancha.
Porque la Constitución de 1991 ya ofrece las herramientas necesarias para el desarrollo; lo que falta no son nuevos artículos, sino la decisión política de honrar los que ya existen.
Tierra del Fuego necesita hoy empleo, viviendas, salud y educación de calidad y una defensa férrea de su industria frente a los embates que llegan desde otros puntos cardinales del país.
Insistir con una Convención Constituyente es invertir las prioridades y gastar un capital -político y económico- que no sobra. Es momento de que Gustavo Melella y gran parte de la dirigencia política provincial comprendan que no se trata de cambiar las reglas para perpetuar un modelo, sino de que los jugadores empiecen, finalmente, a jugar para la gente.
