Christian Bisso
Según la Real Academia Española, la definición de “fracaso” es la “falta de éxito al intentar cumplir una meta o expectativa”.
A juzgar por los tempranos y catastróficos resultados del proceso de explotación de hidrocarburos en Tierra del Fuego, el Ejecutivo provincial no solo cumple con todas las premisas de este concepto, sino que lo ha convertido en el sello distintivo de su administración.
Lo que se anunció con bombos y platillos como una gesta de soberanía ha terminado transformándose, por obra y gracia de la mala praxis estatal, en un monumento a la desidia, la opacidad y la desprotección de los trabajadores.
La génesis de este escándalo comenzó con la salida de YPF de la provincia. Lejos de asumir el escenario con la seriedad que requería, el gobernador Gustavo Melella vio en la devolución de las áreas maduras del norte de la isla la oportunidad perfecta para montar una nueva puesta en escena.
Una mascarada burda destinada a sostener ese relato demagógico, ruidoso y carente de resultados tangibles que caracteriza a su gestión. “Recuperamos un recurso estratégico para defender la soberanía de los fueguinos”, pregonaban a coro el mandatario y sus dóciles funcionarios en un raid mediático tan efímero como falso.
De histórico, de soberano y de estratégico el proceso no tuvo absolutamente nada. En su lugar, emergieron los vicios estructurales del melellismo: el apuro, la falta de transparencia y la subestimación total de una industria hipercompleja, por parte de un gobierno amateur.
La urgencia electoralista y el desprecio por los mecanismos de control republicano quedaron en evidencia de inmediato. Ante los lógicos y necesarios pedidos de informes de los legisladores provinciales, la respuesta del gobernador y de su inefable ministra de Energía, Gabriela Castillo, rozó el chantaje político.
Con una postura agresiva, amenazante y desafiante, el tándem Melella-Castillo acorraló al Parlamento bajo una extorsión explícita: si no aprobaban de inmediato la cesión de las áreas de YPF, serían los propios legisladores los que tendrían que ir al pozo petrolero a explicarle a los operarios por qué se quedaban sin empleo.
Consumado el apriete y obtenida la aprobación legislativa, comenzó la farsa de las ofertas. En otra muestra de fabulación explícita, Melella intentó convencer a la opinión pública de que existía un interés internacional mayúsculo por los yacimientos fueguinos.
Llegó a asegurar que al menos siete empresas de primera línea -incluyendo al gigante asiático Sinopec- hacían fila para invertir. Sin embargo, el velo de la mentira cayó rápido: los conglomerados chinos jamás existieron y la única corporación seria involucrada en el proceso, Huinoil, huyó despavorida de las mesas de negociación al constatar la alarmante falta de idoneidad técnica e institucional de las autoridades de Terra Ignis, la empresa estatal convertida en el escudo administrativo del oficialismo.
La pomposidad de las nueve multinacionales se redujo a una cruda y sospechosa realidad. Terra Ignis terminó entregándole las áreas a Velitec, una modesta firma constructora sin ningún tipo de experiencia ni antecedentes en la extracción de petróleo y gas.
El trasfondo de la adjudicataria resultó ser aún más alarmante que su falta de currículum: una empresa que no cumplía con los aportes patronales de sus empleados desde 2024, que registraba más de 30 cheques rechazados sin fondos y a la que la ART le había dado de baja la cobertura por falta de pago. Ni la contundencia de las pruebas ni el peligro financiero inminente hicieron que Melella recalculara. Fiel a su soberbia, el gobernador pisó el acelerador.
El derrotero cronológico de este despropósito continuó con el secretismo absoluto como política de Estado. Mientras la oposición parlamentaria exigía conocer el convenio vinculante entre Terra Ignis y Velitec, el Ejecutivo provincial blindó los papeles bajo el cómodo y sospechoso rótulo de la “confidencialidad”, vedando de manera ilegal el control del Poder Legislativo sobre un recurso que pertenece a todos los fueguinos.
El colapso operativo era inevitable. Al asumir las operaciones, la improvisada Velitec pretendió negociar la continuidad de los más de 260 trabajadores con las empresas prestadoras de servicios mediante prácticas netamente extorsivas, exigiéndoles que renunciaran a sus legítimos reclamos de indemnización para garantizarles el puesto.
El resultado directo de esta afrenta patronal fue la lógica negativa de las prestadoras a brindar servicios, el inicio de medidas de fuerza y un giro dramático en el tablero político: el Sindicato de Petróleo y Gas Privados, liderado por Luis Sosa, pasó del apoyo incondicional a las políticas del gobierno a exigir públicamente el apartamiento de Gabriela Castillo de la mesa de negociación, denunciando que las promesas de la funcionaria no tenían el más mínimo punto de contacto con la realidad del sector.
Como frutilla del postre de este entramado de degradación institucional, la parálisis total de la actividad hidrocarburífera terminó por atraer a personajes de dudosa reputación financiera y nula credibilidad en el sector.
En una maniobra de claro tinte oportunista, se conoció que el propietario de Velitec se asoció comercialmente con el ex diputado Gastón Roma con el único fin de crear una nueva empresa que pretende sumarse al negocio de los pozos petroleros cuando la tormenta amaine.
Mientras el gas y el petróleo siguen sepultados bajo la inactividad forzada por la improvisación, el negocio de los intermediarios y los amigos del poder parece ser la única prioridad real para un gobierno que no reacciona.
El balance final de esta aventura estatal es devastador: de la promesa dorada de continuidad laboral y prosperidad a los despidos masivos; del falso ejercicio de la soberanía a la improvisación temeraria que rifa los recursos estratégicos y de los aplausos iniciales al reclamo ensordecedor de un sindicato que ya no tolera la mentira y el engaño sistemático como método de gestión.
El “Universo Melella” vuelve a chocar de frente contra la realidad, demostrando que su única especialidad es la contradicción permanente utilizada como pantalla de distracción masiva para ocultar un único objetivo: la entrega del patrimonio provincial a los amigos que tienen por delante un fenomenal negocio, pero solo para ellos.
