Christian Bisso
Corría el invierno de 1996 cuando el frío de la Patagonia no solo calaba en los huesos, sino en la dignidad de miles de familias. Las localidades neuquinas de Cutral Có y Plaza Huincul, históricas comunidades forjadas al calor del oro negro, se convirtieron en el epicentro de un fenómeno social inédito que reconfiguraría el mapa de la protesta en la Argentina: el nacimiento de los piquetes.
La privatización radical de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), insignia del modelo de convertibilidad de la administración de Carlos Menem, había dejado a la región inmersa en un desempleo estructural desolador, transformando el orgullo obrero en una desesperada lucha por la subsistencia.
Si bien la pérdida masiva de puestos de trabajo constituyó el combustible seco que preparó el terreno para la rebelión, el detonante inmediato tuvo una raíz estrictamente microeconómica y doméstica.
Con un índice de desocupación que superaba holgadamente las medias nacionales y sin ingresos alternativos, las boletas de los servicios públicos privatizados se volvieron impagables para la población local. Las empresas distribuidoras de gas y electricidad iniciaron una campaña agresiva de interrupción del suministro por falta de pago.
Encontrarse privados de calefacción en pleno invierno patagónico, y sin luz con la cual alumbrar la pobreza, la comunidad se vio empujada al límite de lo tolerable. La paradoja era cruel e insoportable: una región que producía el gas y la energía que alimentaban al resto de la república se quedaba a oscuras y bajo cero por no poder convalidar la dinámica del nuevo orden económico.
No fue una decisión ideológica; fue el instinto de supervivencia de un pueblo al que le apagaron el presente y el futuro lo que bloqueó de manera masiva la Ruta Nacional 22, inaugurando la metodología del corte de ruta como último grito desesperado de los excluidos.
La paradoja de 1996 fue desgarradora: los mismos pueblos que extraían el gas para todos los argentinos fueron privados de él en sus propias casas por falta de pago, encendiendo la mecha del estallido social.
La denominada “pueblada” paralizó la provincia y desafió abiertamente el monopolio de la fuerza estatal. El gobierno nacional intentó inicialmente una respuesta represiva mediante el envío de la Gendarmería Nacional, pero la resistencia comunitaria -donde participaban por igual desocupados, comerciantes, mujeres y jóvenes autodenominados "fogoneros"- forzó una salida política.
La tensión extrema cedió una semana después ante la firma de los famosos “Acuerdos de Cutral Có”, rubricados por el gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, y representantes de los manifestantes con el fin de evitar que la protesta escale.
La resolución del conflicto inmediato implicó una fuerte inyección de asistencia estatal. Se acordó la restitución inmediata de los servicios de luz y gas condonando las deudas acumuladas, se implementaron los primeros subsidios directos a la desocupación -antecedentes directos de los planes “Trabajar”- y se prometieron inversiones públicas y la radicación de industrias que mitigaran el desierto laboral.
Si bien el asfalto se liberó, la solución fue de carácter paliativo y de corto plazo; la herida estructural del modelo económico permaneció abierta, institucionalizando al “piquete” como la herramienta de presión social por excelencia del fin de siglo.
Al trazar un puente temporal entre la Argentina de 1996 y la realidad actual, las analogías dejan de ser meras coincidencias históricas para transformarse en alarmas explícitas. Hoy, al igual que hace tres décadas, el país atraviesa un proceso de severo ordenamiento macroeconómico centrado en el equilibrio fiscal, la desregulación de mercados y una fuerte recomposición de las tarifas de los servicios esenciales.
Treinta años después, la demanda social vuelve a tensionarse bajo el peso de una realidad donde los ingresos de los sectores medios y vulnerables no logran absorber el costo real de la energía, el transporte y el sustento diario.
La comparación de la demanda social revela un cambio de escala, pero no de esencia. Mientras que en los '90 la demanda se concentraba en la irrupción del desempleo y la exclusión absoluta, hoy se manifiesta bajo la figura del “trabajador pobre”: ciudadanos con empleo formal o informal que, debido a la erosión de su poder adquisitivo y el encarecimiento desmedido de la canasta de servicios, se ven colocados nuevamente ante la imposibilidad material de afrontar el costo de la luz, el gas y el agua.
El panorama actual obliga a una mirada profundamente crítica y desprovista de dogmatismos. La estabilidad de las variables agregadas, la reducción del déficit y los aplausos de los mercados financieros internacionales son victorias estériles si el bienestar no logra permear hacia el tejido social básico.
La historia argentina demuestra con trágica insistencia que el humor social no se rige por las planillas de cálculo del Palacio de Hacienda, sino por la capacidad del ciudadano común de encender la estufa, pagar la luz y asegurar el plato de comida en la mesa sin caer en la marginalidad.
El fantasma de Cutral Có y Plaza Huincul no pertenece exclusivamente al pasado. Deja entrever que las tensiones que dieron origen al movimiento piquetero hace exactamente treinta años conservan su vigencia latente.
Si la actual administración persiste en disociar el éxito de la macroeconomía de la asfixia cotidiana de la microeconomía, corre el riesgo de subestimar el límite social. Cuando las tarifas se vuelven prohibitivas y las necesidades básicas quedan insatisfechas, el descontento atomizado tiende a colectivizarse.
La lección de la pueblada de Cutral Có y Plaza Huincul es clara: un gobierno que ignora la economía del hogar se expone a que sea el desgaste y el descontento de la calle la que imponga sus propias -y siempre impredecibles- condiciones de resolución.
