Christian Bisso
La reciente declaración del legislador Federico Greve, admitiendo sin tapujos que desconoce los detalles del acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa china encargada de la central termoeléctrica en Ushuaia, no es un hecho aislado. Es una definición política contundente.
Y lo es porque revela el marcado desinterés del oficialismo por dar explicaciones a la comunidad y, además, deja al descubierto una desconexión alarmante entre el Poder Ejecutivo y sus principales espadas legislativas y políticas.
Ante semejante sincericidio, caben dos lecturas igual de preocupantes. O bien se trata de una maniobra calculada para eludir la justificación de lo injustificable, o estamos ante internas feroces dentro del propio melellismo, donde sus referentes prefieren despegarse a tiempo de decisiones que se presumen, cuando menos, opacas. En cualquiera de los dos casos, la falta de claridad discursiva deja al descubierto una gestión sin rumbo visible.
Mientras los funcionarios ensayan excusas o apelan a la ignorancia conveniente, la realidad en la calle golpea duro. En Ushuaia y Tolhuin, la crisis energética dejó de ser una amenaza futura para convertirse en un calvario cotidiano. Pequeñas y medianas empresas, comerciantes e industriales se ven obligados a interrumpir su producción y cerrar sus puertas de manera rotativa debido a cortes de electricidad programados.
Esta modalidad no es fruto de la planificación, sino del parche permanente. Se raciona la energía a quienes producen para evitar que el colapso tome por sorpresa a los hogares, intentando morigerar un malestar social que ya resulta insostenible. En lugar de resolver el problema de fondo, el Gobierno traslada el costo político al aparato productivo de una provincia que, día a día, pierde capacidad de generar de riquezas y empleo.
Detrás de esta improvisación constante, el desconcierto generalizado empieza a ceder paso a una sospecha cada vez más firme. Nada de lo que ocurre parece fruto del azar o de la sola ineptitud. Al encajar cada pieza del rompecabezas -la falta de mantenimiento, la oscuridad en los convenios internacionales y la degradación deliberada del servicio-, cobra fuerza la hipótesis de una privatización encubierta de la Dirección Provincial de Energía.
Aquí reside la mayor paradoja política del melellismo. Un gobierno que embandera discursos progresistas y predica la defensa del ‘Estado Presente’ es el mismo que propicia el vaciamiento de la empresa pública local más importante de Tierra del Fuego.
El relato ideológico salta por los aires cuando la realidad demuestra que la administración de Gustavo Melella ha dejado de lado cualquier convicción para operar bajo la lógica del pragmatismo más inmoral y antiético que recuerde la historia reciente de Tierra del Fuego.
Este pragmatismo está claro no trae soluciones, sino indefensión. El plan de acción oficial -si es que puede llamarse así- carece de efectividad y solo acumula parches, mientras los compromisos asumidos con capitales extranjeros se gestionan entre cuatro paredes, a espaldas de la ciudadanía y esquivando cuanto se puede el control parlamentario.
Tierra del Fuego atraviesa horas oscuras, no solo por la falta de megavatios en sus redes, sino por la sombra constante de negocios poco claros que envuelve a la política energética oficial. La falta de transparencia y la ausencia de un proyecto claro convierten al servicio eléctrico en una moneda de cambio, postergando el desarrollo provincial en favor de acuerdos que nadie explica y muy pocos entienden.
El resultado final de esta trama es un profundo desamparo social. Familias y trabajadores quedan librados a su suerte, atrapados entre el apagón real de la luz y el apagón informativo de sus gobernantes.
Cuando la ética se subordina al pragmatismo opaco y la gestión pública se reduce a la supervivencia política, el ciudadano común es quien termina pagando la factura. Tierra del Fuego no puede seguir a la deriva, en penumbras y bajo la tutela de un gobierno que convirtió la oscuridad en su única doctrina.
