


Melella convirtió a Tierra del Fuego en una fábrica de emergencias
Christian Bisso
A lo largo de las dos gestiones del gobernador Gustavo Melella, la declaración de emergencias se ha convertido en el recurso predilecto de la administración provincial, un latiguillo jurídico e institucional que lejos está de constituir una respuesta excepcional ante coyunturas imprevistas.
Por el contrario, la reiterada apelación a este mecanismo ha pasado a ser la regla de gobernanza habitual, configurando un verdadero sistema de excepción permanente que, al fin y al cabo, no resuelve nada.
Bajo el amparo de estos decretos y leyes de emergencia -frecuentemente prorrogados en áreas tan sensibles como la económica, la administrativa y la sanitaria-, el Ejecutivo provincial ha buscado sistemáticamente la flexibilización de los controles estatales y de los procedimientos de contratación pública.
Sin embargo, la promesa subyacente de salvaguardar el bienestar general y dotar de agilidad al Estado para solucionar las urgencias de los fueguinos ha quedado sistemáticamente incumplida.
El uso y abuso de este recurso se refleja con claridad en la seguidilla de declaraciones y prórrogas que han marcado el pulso institucional de la provincia bajo el mandato de Gustavo Melella.
En 2020, en el arranque de la gestión y bajo el pretexto de la crisis sanitaria global por la pandemia, la administración de Melella instrumentó los primeros paraguas normativos de excepción, abriendo la puerta a la concentración de facultades y a la contratación directa sin el filtro de los controles habituales.
En 2021 y con la excusa de la prolongación de los efectos socioeconómicos de la pandemia, las emergencias sanitarias y administrativas se renovaron automáticamente, transformando la excepcionalidad inicial en una metodología ordinaria de gobierno.
En 2022, lejos de normalizarse la situación institucional, el Ejecutivo insistió en prorrogar los marcos de emergencia económica y financiera, alegando desfasajes presupuestarios que nunca se tradujeron en un ordenamiento real de las cuentas públicas ni en mejoras salariales para los estatales.
En 2023, año atravesado por procesos electorales, la maquinaria de las emergencias continuó su curso legal, sirviendo como cobertura para sostener una planta política sobredimensionada mientras los servicios esenciales comenzaban a mostrar signos claros de colapso. A pesar de las señales claras, Melella renovó su mandato consiguiendo una inapelable victoria en primera vuelta.
Ya en 2024 e incluso en 2025, ante el profundizamiento de la crisis macroeconómica nacional y el fracaso de las proyecciones provinciales, el gobierno fueguino redobló la apuesta con nuevos pedidos de rescates financieros, auxilios extraordinarios y solicitudes de ATN, evidenciando que las emergencias acumuladas no sirvieron para blindar a la provincia, sino para enfatizar su vulnerabilidad fiscal.
El ciclo culmina, al menos por ahora, con la constatación de un déficit agudo que supera los 200.000 millones de pesos, la asfixia de los municipios y un Estado provincial mendigando asistencia nacional.
Sin solución de los problemas reales de la gente, el círculo cerrará posiblemente en breve, con una nueva declaración, esta vez en el ámbito educativo, para tratar de capear un conflicto que tiene a gran parte de la sociedad pendiente de una resolución que el Gobierno no sabe, no puede o no quiere activar.
Este proceso cronológico que te detallé revela una profunda paradoja: cuantas más emergencias se declaran, mayor es el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía de Tierra del Fuego.
La provincia arrastra una crisis profunda en materia de empleo privado registrado, conflictos salariales crónicos que paralizan los servicios esenciales estatales como la educación, y un sistema de salud pública colapsado que reclama constantemente por la falta de profesionales e insumos básicos.
Las emergencias invocadas por Melella no se han traducido en hospitales mejor equipados, ni en salarios dignos para los trabajadores estatales, ni en un alivio real para las familias que sufren el impacto de la inflación y la recesión.
Para el ciudadano de a pie, la emergencia es una realidad cotidiana de desprotección, mientras que para la estructura oficial se transformó en un instrumento retórico para justificar la ineficacia de la gestión.
A la luz de los resultados concretos, queda en evidencia que el uso reiterado de estos marcos de excepción opera fundamentalmente como un atajo administrativo oportunista y conveniente.
La suspensión de los controles ordinarios de transparencia, licitaciones y auditorías abre la puerta a la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos y en la contratación de obras y servicios. Y de eso, Melella sabe mucho.
En este esquema, las emergencias no se diseñan para solucionar los problemas estructurales de Tierra del Fuego, sino para administrar la discrecionalidad en favor de círculos corporativos y empresarios amigos que se benefician de la contratación directa y de la relajación de los mecanismos de control republicano.
La urgencia institucional se utiliza, en los hechos, como un mecanismo de transferencia de recursos y privilegios, vaciando de contenido la democracia participativa y desatendiendo el mandato primordial de procurar el bien común.
Gobernar mediante la permanente emergencia es, en definitiva, confesar la incapacidad de gestión o, peor aún, elegir deliberadamente un modelo donde la excepción beneficia a unos pocos y la crisis la paga el conjunto de los fueguinos.
La excepcionalidad dejó de ser una herramienta de contingencia para transformarse en el hábitat natural de una administración que utiliza el caos administrativo como escudo contra la rendición de cuentas.
De este modo, los fueguinos quedan condenados a padecer las consecuencias de este colapso sistemático durante todo lo que resta de la gestión, soportando un panorama de ajuste cotidiano, servicios públicos degradados y privilegios para pocos.
La realidad demuestra que Melella ya no declara emergencias para gobernar. Que quede claro; es el propio gobierno de Gustavo Melella el que se ha convertido en una emergencia permanente para Tierra del Fuego.





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