Christian Bisso
Los resultados de las evaluaciones PISA 2025 de la OCDE recién conocidos ofrecen un diagnóstico sin matices sobre el rumbo de la educación pública en la Argentina: el país registra un derrumbe generalizado en los tres aprendizajes fundamentales evaluados, consolidando una trayectoria de deterioro que destruye las bases de su capital humano y ubica a los estudiantes locales en sus peores marcas desde 2006.
Las cifras son contundentes y desarticulan cualquier intento de relativización ideológica. En esta última medición, Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y apenas 367 en Matemática. Frente a la edición 2022, el país perdió 13 puntos en Ciencias, 12 en Lectura y 11 en Matemáticas.
Se trata de la primera vez en la serie estadística comparable en que el desempeño nacional retrocede simultáneamente en los tres dominios, alejándose de los estándares internacionales a un ritmo alarmante y posicionándose en los puestos 71, 62 y 75 respectivamente, sobre un total de 91 sistemas educativos examinados globalmente.
Este abismo se vuelve todavía más pronunciado al contextualizar la brecha que separa a los alumnos argentinos respecto del promedio del mundo desarrollado y del contexto regional.
En Ciencias, la distancia que separa al país del promedio de la OCDE alcanza los 89 puntos, equivalentes a casi cuatro años enteros de escolarización formal perdidos. En Matemáticas, la dimensión de la catástrofe es estructural: el 76% de los adolescentes argentinos de 15 años no alcanza el Nivel 2, considerado el umbral básico de competencia indispensable para desenvolverse autónomamente en la sociedad del conocimiento. En términos concretos, más de tres de cada cuatro jóvenes son incapaces de interpretar tablas sencillas, convertir unidades o resolver operaciones numéricas elementales.
En Lectura y Ciencias, seis de cada 10 alumnos se sitúan por debajo del piso mínimo aceptable. La precariedad es estructural: mientras el 48,8% de los estudiantes nacionales padece un rendimiento insuficiente en las tres áreas de forma simultánea -frente al 19,7 por ciento en la OCDE-, únicamente un paupérrimo 1,2% logra destacar en los niveles superiores de rendimiento.
En la comparativa sudamericana, Argentina continúa retrocediendo frente a países vecinos como Chile o Uruguay, quedando relegada a posiciones del fondo regional y demostrando que la escolarización formal ha dejado de ser un canal efectivo para la adquisición de saberes y destrezas cognitivas indispensables.
Lejos de tratarse de una fatalidad estadística o de una crisis aislada del contexto pedagógico, la decadencia del sistema educativo responde de manera directa a la degradación institucional, a las pugnas corporativas y a una asignación de recursos signada por el desmanejo y la opacidad.
Un reflejo patético de esta distorsión sistémica se observa en la provincia de Tierra del Fuego, donde los docentes acumulan seis semanas consecutivas de paro y las aulas permanecen cerradas en perjuicio directo de miles de niños y jóvenes.
En un escenario caracterizado por la paralización de la enseñanza pública, el gobernador Gustavo Melella muestra una pasividad asombrosa al resistirse sistemáticamente a dictar la conciliación obligatoria, perpetuando una medida de fuerza que responde más a su propia inacción administrativa que a una imposibilidad real de mediación.
En lugar de asumir la responsabilidad ejecutiva que le compete para garantizar el derecho humano fundamental a la educación, la conducción política provincial prefiere recurrir a la especulación partidaria, reprochando públicamente a los gremios docentes que el conflicto solo beneficia a las opciones políticas libertarias de cara al escenario electoral de 2027. La pedagogía queda así reducida a un mero rehén del cálculo electoralista.
La crisis de las aulas fueguinas desnuda, al mismo tiempo, una paradoja presupuestaria inaceptable sobre la que casi nadie rinde cuentas. La provincia destina fondos millonarios para financiar una estructura presupuestaria que incluye más de un millón de horas cátedra, un volumen gigantesco de recursos teóricos que, en la práctica, no se traducen ni en la mejora de la infraestructura escolar, ni en la excelencia pedagógica, ni en salarios dignos para los trabajadores de la educación.
Nadie logra explicar seriamente hacia dónde se canaliza semejante caudal de horas presupuestadas mientras los sueldos docentes siguen devaluados y los alumnos pierden meses enteros de dictado de clases. La opacidad administrativa transforma los recursos públicos en una caja opaca que diluye la eficacia del gasto educativo y consolida la precarización del aula.
La catástrofe de las pruebas PISA y la parálisis institucional fueguina son dos caras de una misma moneda: una gestión que dilapida fondos sin exigencia de resultados y un liderazgo político que prefiere culpar al tablero antes que corregir la deriva.
Cuando la educación pública deja de garantizar el aprendizaje mínimo y queda supeditada al arbitrio de la coyuntura política, el daño trasciende a las promociones actuales.
Una sociedad que tolera la degradación continua de la escuela está programando conscientemente su propio empobrecimiento cultural, económico y social. La verdadera condena no radica en la cifra que arroja una prueba internacional hoy, sino en el mañana sombrío de un país que decide abandonar el futuro de sus jóvenes en la ignorancia.
