Christian Bisso
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado a la Legislatura provincial por la gestión de Gustavo Melella no es más que la radiografía exacta de un fin de ciclo marcado por la parálisis, la improvisación administrativa y una manifiesta falta de rumbo político.
Lejos de constituir un plan estratégico para reestructurar la economía de Tierra del Fuego o para amortiguar los severos embates del contexto nacional, el documento oficial confirma las peores sospechas: estamos ante la hoja de ruta de un gobierno en agonía que se limita a estirar el letargo e intentar llegar al final de su mandato sin asumir el más mínimo costo de gestión.
Para comprender la magnitud del estancamiento es necesario analizar las cifras de fondo. La administración provincial prevé para 2027 recursos totales por 2,6 billones de pesos ($2.605.439 millones), mientras que fija el gasto consolidado en 2,74 billones de pesos ($2.743.395 millones). Este esquema proyecta, desde el inicio, un déficit financiero explícito de casi 138 mil millones de pesos ($137.955 millones).
Cuando se comparan estas previsiones con los marcos de referencia del ejercicio previo, las inconsistencias afloran de inmediato. Si bien el Gobierno fueguino adoptó formalmente las pautas macroeconómicas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central -estimando una inflación anual acumulada del 21,5%, un crecimiento del PBI del 3,2% y un tipo de cambio oficial de $2.017 por dólar para fines de 2027-, la traslación de estos parámetros a la realidad pone al desnudo una vez más, la fragilidad estructural de las cuentas públicas provinciales.
El reparto de las partidas vuelve a exhibir una matriz absolutamente inercial y a la defensiva. Más del 63% del gasto total, equivalente a 1,73 billones de pesos, se destinará al rubro de Servicios Sociales que abarca Salud, Educación, Vivienda y Promoción Social.
Por su parte, la Administración Gubernamental absorberá 708 mil millones de pesos, relegando a las áreas destinadas al desarrollo y a la matriz productiva a cifras marginales: apenas 162 mil millones para Servicios Económicos como Infraestructura, Energía y Producción, y 118 mil millones de pesos para Seguridad.
En lugar de orientar los recursos hacia la inversión transformadora, la gestión de Melella opta por una planilla de supervivencia que apenas cubre el funcionamiento operativo básico.
La incapacidad para generar políticas de fondo queda expuesta en cada uno de los sectores críticos enunciados en el propio texto del presupuesto. En materia educativa, donde la provincia atiende a 52.832 estudiantes y 11.404 agentes en 171 instituciones, el gran hito anunciado se reduce a garantizar la continuidad de la Copa de Leche para 36.501 alumnos y el comedor para 9.780 beneficiarios, mientras que en infraestructura solo se prevé el mantenimiento elemental de sistemas de calefacción, gas, agua y electricidad.
En el ámbito sanitario, el Estado provincial reconoce que el programa PROMEFU para medicamentos e insumos básicos se encuentra severamente tensionado por el recorte del programa nacional RemediAR y el traspaso masivo de vecinos al sistema público tras perder sus obras sociales, limitándose a prometer la finalización de obras hospitalarias que arrastran años de demoras acumuladas en Ushuaia y Río Grande.
El panorama es aún más desalentador en las áreas estratégicas de desarrollo. En materia energética, el aislamiento electro energético de la Isla sigue siendo abordado con parches de equipamiento y recuperación de generadores en Tolhuin y Río Grande.
En hidrocarburos, el año 2027 estará condicionado por la reversión y nueva licitación de las áreas Río Cullen, Las Violetas y Angostura, un proceso complejo que llega sin una estrategia provincial clara sobre la mesa y con actores como Velitec y Terra Ignis involucrados en el proceso.
En el rubro de vivienda, el IPV prevé avanzar únicamente con la entrega progresiva de 446 casas en ejecución y desarrollo de lotes mediante fondos FONAVI, asumiendo pasivamente que no habrá nuevos aportes nacionales.
No hay detalles acerca de la política salarial que evite conflictos en un año sensible y solo se anticipa que habrá planta de personal congelada, un discurso muy repetido y pocas veces cumplido.
Conocidos todos estos datos, lo más preocupante no es solo la fragilidad de los números sino el trasfondo político del envío presupuestario. La trayectoria reciente demuestra que los últimos presupuestos de la gestión de Melella han sido reconducidos y todo indica que este proyecto correrá exactamente la misma suerte, revelando un patrón de conducta institucional donde la falta de debate legislativo no es un accidente, sino una estrategia deliberada.
Al no buscar un consenso real ni propiciar el debate de cara a la sociedad en el recinto legislativo, el Ejecutivo elude dar explicaciones sobre el rumbo socioeconómico de Tierra del Fuego.
Reconducir el presupuesto le permite al gobernador Gustavo Melella manejar las partidas con discrecionalidad y sin rendición de cuentas estricta, pero también deja al descubierto una verdad ineludible: la total ausencia de caudal político para imponer transformaciones reales y la carencia absoluta de voluntad y herramientas financieras para sortear la crisis.
No hay vocación de ordenar la economía provincial en este tramo final de mandato porque no existe una capacidad técnica ni política para hacerlo. La incapacidad de gestión ha sido la constante de estos años y se confirma de manera tajante en las postrimerías del ciclo.
Este análisis nos deja algo en claro: el proyecto de Presupuesto 2027 no es un instrumento de planificación económica ni de desarrollo estratégico; es la prueba manifiesta del letargo en el que seguirá sumida la provincia de Tierra del Fuego.
Ante la falta de ideas, de liderazgo y de coraje político para encarar reformas de fondo, la gestión de Gustavo Melella elige bajar los brazos y postergar los problemas estructurales.
La provincia queda así condenada a continuar en una lenta deriva de supervivencia administrativa, al menos hasta que concluya de manera definitiva la presente gestión de gobierno.
