Christian Bisso
La soberanía no puede ser una simple palabra de ocasión. Cuando un gobierno la repite de manera sistemática en cada discurso, pero la vacía de contenido en cada una de sus actos, la defensa de la patria se transforma en un vulgar slogan publicitario.
En Tierra del Fuego, provincia atlántica e insular con parte de su territorio usurpado por un país extranjero, la soberanía requiere rigor, coherencia y la máxima responsabilidad gubernamental, no show de cotillón.
Lamentablemente, no es la primera vez que la gestión del gobernador Gustavo Melella levanta la bandera de la soberanía mientras sus acciones efectivas marcan exactamente lo contrario.
La memoria reciente no falla: el escandaloso antecedente del radar instalado por la empresa LeoLabs en Tolhuin -firma de capitales británicos que incluso contaba con familiares de funcionarios provinciales dentro de su estructura directiva- dejó una marca indeleble. Aquella maniobra puso al descubierto un rol provincial que fue, como mínimo, de evidente complicidad e irresponsabilidad.
En aquel momento, el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, fue enviado a poner la cara y argumentar lo indefendible. El funcionario -de probada capacidad y conocimiento en el área que lo emplea- ya demostró en más de una oportunidad que no tiene inconvenientes en salir a defender a la gestión de Melella a capa y espada, aun cuando la evidencia técnica y la realidad de los hechos dejen de manifiesto las gravísimas contradicciones del Gobierno.
Hoy presenciamos un nuevo papelón institucional encabezado por los mismos actores. En un intento desesperado por instalar agenda y criticar al Gobierno nacional a raíz de la intervención del puerto de Ushuaia, los funcionarios provinciales no dudaron en poner en duda la postura soberana sobre la zona.
Sin embargo, el tiro les salió por la culata cuando trascendió que fueron ellos mismos quienes autorizaron y permitieron las actividades operativas del buque petrolero de bandera británica VS Promise.
Si la jugada no fuera tan burda y torpe, resultaría verdaderamente ofensiva para el sentimiento de todos los fueguinos. Pretender disfrazar de malestar patriótico lo que en realidad fue una autorización provincial directa a un barco vinculado a intereses británicos en nuestras costas, roza la provocación.
La respuesta de las autoridades ante la evidencia fue demoledora. A partir de las rotundas desmentidas emitidas por el Gobierno nacional y por respetados especialistas en la materia -entre ellos el periodista especializado Daniel Guzmán en los micrófonos de Costo Político-, al gobierno provincial no le quedó más remedio que improvisar una nueva justificación. Sin embargo, el argumento utilizado resultó ser tan mediocre y rebuscado como el anterior.
Desde los despachos provinciales ensayaron la insólita excusa de que, si bien la operación del buque petrolero en Tierra del Fuego había sido autorizada por el propio Gobierno fueguino, la provincia “no tenía forma de acceder a información sensible del buque”, por lo que supuestamente “desconocían” su origen y antecedentes.
Aceptemos por un segundo la validez de semejante argumento: ¿De verdad nos están diciendo que la provincia autoriza la operación y navegación de embarcaciones sin saber a quién pertenecen ni de dónde vienen? Si la excusa fuera cierta, estaríamos ante un nivel de negligencia e incompetencia administrativa alarmante para un territorio estratégico como el nuestro. Si es falsa, estamos ante una descarada mentira para encubrir otro descuido inadmisible.
Todo el episodio del VS Promise no fue más que una maniobra distractiva. Una cortina de humo armada a toda prisa por una administración provincial que utiliza la Causa Malvinas para hacer política barata y tapar la falta de gestión en los temas cotidianos que afectan a la gente.
El gobierno de Gustavo Melella se encuentra hoy frente a una encrucijada ineludible mientras la sociedad fueguina, que cada día que pasa les cree menos, exige respuestas claras.
Llegó el momento de tomar una decisión definitiva: o la provincia empieza a aplicar y exigir el concepto de soberanía con todo el rigor, la seriedad y el control que el marco legal y la historia exigen, o deja de lanzar fuegos de artificio para disimular su hipócrita desinterés por el tema.
Porque la dignidad de Tierra del Fuego no se negocia ni se usa como moneda de cambio para la tribuna.
