Christian Bisso
La política energética de la administración central a cargo de Javier Milei ha ingresado en una fase de marcadas asimetrías que resquebrajan el pretendido discurso de equidad y rigor fiscal.
Por un lado, el Poder Ejecutivo impulsa medidas concretas destinadas a debilitar o eliminar definitivamente el régimen especial tarifario conocido como Zona Fría, una estructura histórica orientada a amortiguar los exorbitantes costos del consumo de gas en los hogares patagónicos durante las épocas de rigurosidad climática.
Sin embargo, de manera paralela y en un contraste institucional insólito, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía avanzan en mesas de diálogo técnico y político con los gobernadores del Norte Grande para reglamentar la denominada Zona Caliente.
Este esquema busca aplicar subsidios y topes diferenciados al consumo de energía eléctrica durante los meses estivales, otorgando un marco de alivio económico a las poblaciones que enfrentan temperaturas sofocantes.
La paradoja de esta maniobra no reside en la pertinencia de atender las inclemencias estivales del norte argentino, cuya demanda eléctrica resulta crítica para la subsistencia y el desarrollo productivo, sino en el evidente trasfondo de la decisión oficial.
Se desnuda así la intención de quitar un beneficio consolidado en las provincias que producen la mayor parte del gas y el petróleo del país, para utilizar la compensación térmica estival como una moneda de cambio dentro del tablero de alianzas parlamentarias y consensos de gobernabilidad.
Esta estrategia de compensaciones cruzadas pone al descubierto un federalismo utilitario e instrumental alejado de la consigna libertaria de eliminar las prácticas de la vieja política porque, en esencia, es vieja política. Y de la más rancia.
Mientras se le exige a la sociedad patagónica pagar costos plenos bajo el argumento estricto del “sinceramiento tarifario” y el déficit cero, el gabinete nacional flexibiliza sus postulados fiscales en las geografías norteñas donde los votos resultan determinantes para sostener iniciativas clave en el Congreso de la Nación.
Frente a este escenario de inequidad distributiva y, especialmente política, las respuestas institucionales del bloque sureño se han presentado divididas de forma tajante. El único mandatario provincial que asumió una estrategia activa, técnica y combativa para frenar el embate nacional ha sido el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien articuló presentaciones directas, reuniones al más alto nivel en la Casa Rosada y fundamentaciones de costo de vida para blindar el régimen de Zona Fría en la cuenca neuquina.
La gestión solitaria de Figueroa contrasta de manera llamativa con la inacción de otras jurisdicciones igualmente castigadas por las bajas temperaturas. En particular, la postura adoptada por la conducción política de Tierra del Fuego genera un profundo desconcierto entre los sectores productivos y la ciudadanía insular, quienes observan cómo una discusión vital para el abastecimiento familiar transcurre sin la firmeza institucional que la gravedad amerita.
Tanto el gobernador fueguino, Gustavo Melella, como su diputado nacional y hombre de máxima confianza, Agustín Tita, han optado por una estrategia de hermetismo y omisión mediática respecto al avance del desmantelamiento tarifario.
En lugar de liderar junto a sus pares patagónicos un frente común, las principales figuras del oficialismo provincial han mantenido una presencia de muy bajo perfil, omitiendo el tema de sus discursos prioritarios y evitando confrontar públicamente las intenciones de la Casa Rosada. La crisis económica de la provincia y la consecuente dependencia es, evidentemente, más grave de lo que pensamos.
Este silencio de la cúpula fueguina resulta sumamente sospechoso para la ciudadanía y la oposición. Tratar de obviar la vulnerabilidad que implicaría para una isla subantártica perder los subsidios al gas abre serios interrogantes: ¿Se trata de una severa incapacidad de gestión ante el poder central o responde a acuerdos políticos tácitos donde se negocian recursos a cambio de ceder banderas históricas de la región?
La disparidad en la defensa de los derechos regionales pone en evidencia la falta de un bloque de gobernadores patagónicos cohesionado frente a la administración nacional.
Mientras en Neuquén revisan los textos normativos letra por letra para evitar perjuicios presupuestarios, en Tierra del Fuego se apuestan a la queja mediática, pero más aún al olvido o a la resignación, dejando la representación de las demandas populares en un estado de virtual abandono.
En definitiva, el debate en torno a la Zona Fría y la Zona Caliente excede la discusión contable de las planillas de subsidios. Pone en tela de juicio el criterio republicano con el que la Nación administra sus recursos y castiga o premia las lealtades territoriales. Nada nuevo bajo el sol.
En una región donde las temperaturas bajo cero representan una condición extrema de habitabilidad y no una simple preferencia estacional, el silencio de unos y la contundencia de otros terminarán marcando el costo que cada uno pagará en esta encrucijada.
