Christian Bisso
El paro docente en Tierra del Fuego ha dejado de ser una simple contingencia laboral o una discusión paritaria de estación para convertirse en una crisis estructural de proporciones devastadoras.
La provincia transita la quinta semana consecutiva de medidas de fuerza en el segundo semestre, consolidando un esquema en el que la interrupción del derecho a la educación no es la excepción, sino la regla cotidiana. Cuando un conflicto pasa de intermitente a permanente, lo que se erosiona de manera silenciosa pero implacable no es la gestión de turno, sino el futuro mismo de las generaciones jóvenes que habitan la isla.
La gravedad del escenario actual exige asignar responsabilidades de manera directa, sin atenuantes ni rodeos conceptuales. El Gobierno provincial encabeza la lista de responsables de este descalabro. La impericia política y la falta de conducción del ministro de Educación, Pablo López Silva, y la indolencia institucional del gobernador Gustavo Melella han llevado al sistema educativo fueguino a un punto de parálisis sin precedentes.
Salarios fuertemente cuestionados, un deterioro edilicio que abarca gran parte de los establecimientos y un opaco entramado de más de un millón de horas cátedra que ninguna autoridad se atreve a auditar seriamente, constituyen la radiografía de una gestión vaciada de autoridad política, moral y administrativa.
A esta inoperancia oficial se le suma el rol del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), conducido firmemente por Horacio Catena. La dinámica no sorprende a nadie: las metodologías del gremio han mantenido el sello del conflicto permanente a lo largo de las últimas tres gestiones provinciales.
Poco importó la benevolencia política de Melella, quien al inicio de su mandato reincorporó a Catena a la administración pública tras haber sido exonerado en los gobiernos de Fabiana Ríos y Rosana Bertone. Aquella alianza de conveniencia duró lo que tardaron en agotarse los recursos, y hoy el gremio vuelve a utilizar a los alumnos como moneda de cambio e instrumento de presión en una pulseada feroz por el poder y la caja.
Los datos estadísticos desnudan la magnitud del desastre acumulado. En 2023, la provincia registró apenas un 58 % de cumplimiento efectivo del calendario escolar. En 2024, la cifra cayó al 56 %, contabilizándose 64 jornadas de paro sobre 179 días planificados, seguidas por una absoluta opacidad informativa oficial.
El año 2025 fue calificado por especialistas como lisa y llanamente “catastrófico”, con estudiantes que completaron de forma efectiva hasta 72 días de clases reales sobre un total de 178 pautados. El ciclo 2026 transita por el mismo sendero desolador: durante el primer semestre, apenas el 26 % de los días evaluados transcurrió con normalidad, mientras el resto se diluyó entre paros totales y desobligaciones.
El daño que esta parálisis prolongada provoca en el mediano y largo plazo compromete severamente el destino de Tierra del Fuego. Una provincia no puede aspirar a ningún tipo de desarrollo armónico ni soberano si condena a su juventud al analfabetismo funcional y a la pérdida sistemática de hábitos de aprendizaje. La formación de las nuevas generaciones resulta la única herramienta capaz de preparar a la sociedad para afrontar tres desafíos inmediatos e impostergables.
En primer lugar, la urgente reconversión de la matriz productiva provincial. Resulta imperioso contar con recursos humanos calificados para el día en que la dirigencia política decida finalmente abandonar la retórica hueca, dejar de hablar del tema en discursos de ocasión y poner verdaderamente manos a la obra. Sin educación técnica y académica de calidad, cualquier intento de diversificación productiva nacerá muerto.
En segundo lugar, se requiere capacitar a los jóvenes para insertarse en un mundo hiper competitivo, atravesado por la automatización, la inteligencia artificial y la exigencia de aptitudes complejas. Entregar títulos vacíos de contenido a alumnos que no tuvieron clases durante meses es un acto de cinismo institucional que los condena a la marginación laboral y tecnológica frente al resto del país y del mundo.
En tercer lugar, la educación constituye el único instrumento real para brindar oportunidades a la juventud en un territorio que hoy no genera empleo genuino, sino que lo destruye. Privar a las nuevas generaciones de conocimientos, habilidades y disciplina formativa equivale a arrebatarles la única posibilidad de progreso individual y colectivo en un contexto económico provincial profundamente deprimido.
Frente a esta tragedia, sucede un fenómeno inédito y revelador: por primera vez en mucho tiempo, son los propios estudiantes quienes ganan las calles para reclamar volver a las aulas. Los jóvenes han comprendido antes que los adultos la magnitud del despojo.
Perciben en carne propia que la negligencia estatal y la intransigencia sindical no están defendiendo la escuela pública, sino destruyendo su futuro. Son los alumnos quienes hoy señalan con el dedo el desastre que la clase política y los dirigentes gremiales pretenden naturalizar.
Lo que ocurre en Tierra del Fuego ya no es una controversia paritaria; es un verdadero crimen pedagógico e institucional perpetrado en masa contra la juventud. La complicidad de una gestión permisiva y carente de autoridad como la de Melella y López Silva, combinada con el dogmatismo de Catena, está hipotecando la viabilidad misma de la provincia.
La política debe dejar de esconderse tras comunicados vacíos, asumir de una buena vez los costos presupuestarios y políticos que correspondan, y garantizar la apertura inmediata y definitiva de las escuelas.
Si la sociedad fueguina no reacciona, si la ciudadanía no se involucra masivamente para exigir el cese de este atropello, el costo de este silencio no se pagará en las urnas del año que viene, sino en el fracaso irreversible de toda una generación de fueguinos.
