Christian Bisso
Las estadísticas económicas suelen perderse en abstracciones macroeconómicas, pero cuando se trasladan a la mesa familiar cobran una dimensión real y concreta.
El último informe del Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora reveló una cifra impactante: seis de cada diez argentinos (61,9 %) debieron endeudarse durante el último semestre. Lo alarmante no es solo el volumen del endeudamiento, sino su destino.
El crédito dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en un salvavidas de consumo inmediato. Más de la mitad de quienes contrajeron deudas lo hicieron para cubrir gastos elementales: comprar comida y pagar servicios básicos.
La foto de la Argentina cotidiana muestra una clase media que se desdibuja a ritmo acelerado. Un 66 % de la población agota sus ingresos antes o durante el día 20 de cada mes, mientras que un abrumador 86,6 % sostiene que hoy se necesitan dos o más trabajos para sobrevivir.
La brecha entre los discursos de estabilización y la economía real es tan ancha que el 67,1 % de los encuestados ya no cree en las cifras oficiales de inflación publicadas por el INDEC, guiándose únicamente por la pérdida implacable del poder de compra en el mostrador del supermercado.
La explicación de esta deriva no radica en un hecho aislado, sino en un esquema de ajuste donde el salario real funcionó como la principal variable de ancla. El proceso de desregulación de precios clave, sumado a la quita progresiva de subsidios en los servicios públicos, generó una recomposición tarifaria que absorbió una porción desmedida del ingreso de los hogares.
Al mismo tiempo, la desaceleración del ritmo inflacionario general no se tradujo en una recuperación de los ingresos: el 87,4 % de los ciudadanos percibe que sus haberes corren persistentemente por detrás de la suba de precios, erosionando el margen de maniobra familiar y transformando el crédito en una necesidad de subsistencia.
Las secuelas en la economía familiar son tan profundas como inmediatas. Apenas el 9,3 % de la población logra cerrar el mes con capacidad de ahorro, mientras que el recurso a las tarjetas de crédito y préstamos personales genera una segunda crisis financiera en los hogares.
Con tasas de interés que el 55 % califica de “trampa”, casi un 29 % admite serias dificultades para abonar sus resúmenes, un 12 % registra atrasos y un 6,4 % directamente cayó en morosidad.
Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 85,5 % agota sus ingresos antes de fin de mes y más del 35 % recurrió a financiamiento informal. Esta dinámica de deuda estrangula la demanda interna, frena el consumo masivo y sumerge al comercio en un círculo de recesión prolongada.
Tierra del Fuego no está al margen de esta realidad, sino que la padece con una crudeza acentuada por los costos estructurales del territorio insular. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de datos oficiales del INDEC y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, las ventas en los supermercados fueguinos acumuladas a mayo de 2026 registraron una caída real del 2,7 % respecto de 2025 y un desplome del 7,6 % en comparación con 2023.
Esta retracción representó una pérdida de facturación para las grandes superficies locales de $ 12.976 millones en solo cinco meses a valores constantes, golpeando con mayor dureza a rubros esenciales como vestimenta, productos de limpieza y la canasta de bebidas y alimentos.
La explicación técnica de esta contracción económica en las familias fueguinas radica en el deterioro acumulado de la masa salarial registrada. El informe de CEPA detalla que la pérdida de poder adquisitivo del sector privado provincial alcanzó un piso histórico: analizado con la metodología de canasta actualizada, el salario real en la isla cayó un 7,9 % entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.
Esto significa que, en términos agregados, el conjunto de los más de 32.000 trabajadores privados de Tierra del Fuego dejó de percibir una masa de ingresos equivalente a más de $ 200.000 millones a precios constantes, un monto colosal que se drenó directamente del circuito del consumo local y del comercio de cercanía de Ushuaia y Río Grande.
Este desplome en la capacidad de compra del hogar fueguino -donde cada trabajador formal perdió, en promedio, más de 6 millones de pesos en poder adquisitivo acumulado desde fines de 2023- explica por qué las familias en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande han tenido que recurrir de manera masiva al endeudamiento para garantizar la comida diaria y afrontar el pago de los servicios.
El deterioro financiero de la estructura familiar condiciona de manera directa el panorama político inmediato. La historia económica argentina demuestra que ningún proceso de reordenamiento fiscal es sostenible en el tiempo si se sustenta en el sobreendeudamiento y la pauperización del consumo básico de las familias.
En términos electorales, el bolsillo terminará definiendo el humor de las urnas. La brecha entre la narrativa oficialista y la percepción cotidiana es una grieta política en potencia: la mayoría de las estadísticas coinciden que incluso 7 de cada 10 votantes del propio gobierno reconoce que su salario perdió poder adquisitivo.
Si la inflación no cede de manera real en la economía cotidiana de los supermercados y si las familias siguen ahogándose en cuotas e intereses para poder comer, el descontento social superará cualquier bandera ideológica.
Tanto a nivel nacional como en Tierra del Fuego, las próximas contiendas electorales estarán fuertemente marcadas por este veredicto implacable: el voto de la clase media cada vez más empobrecida, que exige un salvoconducto para llegar a fin de mes.
