Christian Bisso
La dinámica política y socioeconómica en la Patagonia argentina atraviesa un punto de inflexión donde las decisiones ejecutivas marcan un contraste vertiginoso entre la solvencia estratégica y la parálisis estatal.
Mientras ciertas jurisdicciones logran anticiparse a los conflictos territoriales e institucionales reafirmando su potestad y resguardando los activos estratégicos de la población, otras parecen sumidas en una inercia administrativa alarmante. La reciente polémica vinculada a la venta de tierras a capitales extranjeros en la región patagónica ha dejado al descubierto esta grieta conceptual y ejecutiva.
En la provincia de Neuquén el gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura un proyecto para evitar que extranjeros compren tierras fiscales en su provincia. En cambio, la respuesta institucional en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha sido el silencio, la apatía y una pasividad que roza la negligencia absoluta. La firmeza del mandatario neuquino no hace más que exponer con una crudeza inocultable la inacción sistemática de Gustavo Melella al frente del Ejecutivo fueguino.
Analizar la postura de Neuquén requiere comprender que la gestión del suelo y de los recursos naturales no es un mero trámite inmobiliario ni una variable decorativa de la burocracia provincial. Para Figueroa, la soberanía territorial constituye un eje articulador de la política de Estado, un activo no negociable en una Patagonia altamente codiciada por capitales extranjeros.
La rápida intervención de la administración neuquina para fiscalizar las transacciones inmobiliarias y frenar desembarcos dudosos en áreas sensibles responde a un liderazgo que comprende el valor de la iniciativa política. Figueroa actúa con rigor normativo, ejerciendo el poder de policía que la Constitución le otorga al Estado y enviando un mensaje inequívoco tanto a los actores económicos privados como a la ciudadanía: las instituciones provinciales velan por el interés colectivo.
En Neuquén, la conducción ejecutiva no espera a que los hechos consumados la acorralen, sino que marca la agenda y establece de manera nítida los límites de la especulación privada sobre el territorio.
En el extremo opuesto del mapa patagónico, la realidad de Tierra del Fuego presenta un panorama desoladoramente distinto. Frente a las crecientes denuncias y al debate nacional generado por la adquisición de tierras estratégicas por parte de extranjeros, el gobierno que encabeza Gustavo Melella ha optado por una postura indolente, desinteresada y evasiva.
La insularidad de Tierra del Fuego y su irreemplazable carácter geopolítico -siendo la única provincia bicontinental del país y el área geográfica más próxima a la Antártida y a las Islas Malvinas- exigirían, por definición, un nivel de custodia infinitamente superior al de cualquier otra jurisdicción. Sin embargo, la gestión de Melella parece desprovista de todo reflejo estratégico.
El Ejecutivo provincial no solo ha sido incapaz de articular una postura firme ante la opinión pública, sino que demuestra haber perdido de manera definitiva la iniciativa política, arrastrando a la provincia a un vaciamiento conceptual donde los temas de fondo sencillamente se ignoran o se barren debajo de la alfombra.
En este entramado de omisiones calculadas y pactos de silencio, merece una consideración detallada el rol asumido por los representantes del melellismo en el Congreso Nacional, con especial énfasis en la figura del diputado nacional Agustín Tita.
Incondicional al núcleo duro del oficialismo provincial, Tita ha adoptado una estrategia parlamentaria basada en la ambigüedad y la evitación sistemática. Resulta llamativo -y profundamente revelador- el modo en que el legislador nacional esquiva fijar posturas claras sobre materias de altísima sensibilidad soberana.
Esta neutralidad impostada y la llamativa falta de pronunciamientos en los debates parlamentarios de coyuntura no responden al azar ni a la timidez personal, sino que dejan al descubierto la trama subyacente de un pragmatismo desesperado. Existe una connivencia implícita, un pacto no escrito mediante el cual el oficialismo fueguino evita confrontar o sentar posiciones firmes en el escenario nacional a cambio de mantener fluidas las vías de asistencia financiera que le permitan a Melella conseguir los fondos necesarios para maquillar la liquidez de una provincia al borde del colapso.
Tierra del Fuego atraviesa una de las crisis administrativas, financieras e institucionales más severas de su historia reciente. Sostener la estructura de un Estado provincial sobredimensionado, endeudado y con servicios esenciales en franca decadencia, exige una inyección constante de recursos que el gobierno local es incapaz de generar de forma autónoma debido a su falta de gestión y previsión.
En ese esquema de supervivencia diaria, la soberanía territorial, el cuidado de las tierras de frontera y la planificación estratégica del desarrollo se convierten en monedas de cambio o en estorbos retóricos. Se postergan los debates de fondo para no alterar las negociaciones de auxilio financiero que el poder central o los actores económicos concentrados puedan otorgar. Es un modelo de gobernabilidad basado en la resignación: se cede la iniciativa política a cambio de la liquidez indispensable para pagar sueldos y mantener anestesiado el inminente conflicto social.
El contraste final no puede ser más lapidario para la historia política fueguina. Rolando Figueroa encarna en Neuquén un modelo de liderazgo patagónico proactivo, que utiliza el poder del Estado provincial para defender el patrimonio común, imponer reglas claras y gobernar con presencia efectiva en el territorio.
Gustavo Melella, en cambio, personifica la contracara de la decadencia política: un mandatario vaciado de ideas, carente de autoridad moral e iniciativa, que observa de lejos los problemas estructurales de la provincia que debiera conducir. El daño que esta parálisis le provoca al pueblo fueguino es irreparable.
La sociedad asiste al espectáculo de un gobierno que ha perdido la capacidad de proyectar el futuro y que administra el deterioro con una desfachatez inédita, agravada por la extendida percepción pública de un gobernador desconectado no solo de la realidad social, sino del propio territorio provincial, alimentando la indignación de una ciudadanía que se siente gobernada por alguien que, en los hechos, probablemente ni siquiera reside de manera permanente en la provincia a la que prometió defender y liderar.
