Christian Bisso
Mientras Tierra del Fuego atraviesa una crisis casi sin precedentes, con actividades productivas paralizadas y un tejido social que cruje y resiste como puede, parte de su dirigencia política parece ajena a la realidad.
Porque el gobernador Gustavo Melella sostiene, aunque con más misterio que certezas, sus intenciones de llevar adelante una reforma de la Constitución provincial que le permita, entre otras cuestiones, pelear por un tercer mandato consecutivo al frente de la provincia.
Melella juega permanentemente a las escondidas acerca de sus intenciones de reformar la Constitución, aunque cuando recientes sondeos de opinión ubican el rechazo social de la iniciativa en casi un 80 %. Para que se entienda: Casi 8 de cada 10 fueguinos consideran que no tienen sentido encarar un proceso de reforma de la Carta Magna provincial.
Sin embargo, el gobernador fueguino sigue convencido que es un tema urgente y absolutamente trascedente. Casi como si la solución a los problemas que aquejan a gran parte de la ciudadanía de la provincia se produjera simplemente al modificar el texto sancionado en mayo de 1997.
Melella repite sistemáticamente que el cuadro normativo de la provincia debe aggionarse a las épocas que vivimos. Una contradicción más de un gobernador que desde que asumió su mandato al frente de la provincia sigue sin reglamentar más de 70 leyes provinciales, muchas de las cuales representan una verdadera innovación para la provincia.
Desde marzo de 2022 -momento en que el gobernador impulsó por primera vez la reforma constitucional- a la fecha, el arco político de Tierra del Fuego en su mayoría rechazó la decisión. A Melella le quedan unos pocos leales que son los que sostienen la propuesta bajo los argumentos que antes te contaba. Muchos de ellos, en privado, consideran que la jugada es un arma de doble filo que puede resultar de forma catastrófica.
Es que a medida que pasa el tiempo, la situación de la provincia cruje cada vez más. Incluso el pago salarial escalonado a los estatales es un fantasma que sobrevuela la Casa de Gobierno y que se busca evitar a como dé lugar. Con un contexto de crisis sostenida y en ascenso, parece ser que mientras mas dilata la decisión final Melella, más probabilidades hay de que la jugada política resulte en un fallo descomunal.
Hay factores preponderantes que Melella no quiere escuchar. Su circulo cercano, cada vez más obsecuente y reducido, hace cuentas y determina cuál sería el mejor escenario electoral, con el fin de llegar a un único objetivo: que la reforma se lleve a cabo para que el gobernador quede habilitado a pelear por un tercer mandato consecutivo.
Sin embargo, hay razones estructurales de peso mayúsculo para considerar que la maniobra es casi un suicidio político. Presta atención que te cuento algunas.
En primer lugar, llevar adelante una reforma implica convocar a elecciones de convencionales constituyentes y hacerla funcionar, con el despliegue financiero, humano y logístico que esto conlleva.
Por eso se cuestiona ampliamente la erogación de fondos estatales para un fin que no parece tener un impacto directo e inmediato en la calidad de vida de los ciudadanos. Incluso se habla de un costo estimado que podría superar los $ 8.000 millones. Si no hay plata para arreglar los equipos de calefacción de las escuelas, ¿es razonable gastar semejante cantidad de dinero en un proceso de reforma?
Por otra parte, existe el temor fundado en la sociedad de que la reforma de la Constitución se utilice para ampliar la estructura política o crear nuevos cargos, aumentando el gasto público permanente. Porque el crecimiento desmedido del Estado desde que gobierna Melella alcanza como justificativo para quienes esgrimen esa posición.
En segundo lugar, hay un factor político insoslayable. La Constitución de Tierra del Fuego (sancionada en 1991) es considerada por muchos juristas como una de las más modernas y progresistas del país. Sin embargo, para Melella -que de leyes ya ha demostrado no saber nada- se trata de un texto antiguo que requiere modernizarse.
En este sentido, no es menor entender que para reformar una ley fundamental, se requiere un acuerdo transversal. Si la reforma es impulsada solo por el oficialismo, se corre el riesgo de que pierda legitimidad y sea vista como una herramienta para el beneficio del poder actual, tal como lo percibe la sociedad.
En tercer lugar, otro tema sumamente sensible: las autonomías municipales. Existen tensiones históricas entre la provincia y los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Melella, claramente, no vino a saldar esa deuda de la política fueguina.
Nadie duda que una reforma constitucional podría intentar redefinir la coparticipación o las facultades de los intendentes. Es que la relación entre Melella y los 3 intendentes de la provincia no atraviesa su mejor momento y la tensión por los recursos es permanente.
La posición de Melella, que acumula seis años de mala gestión administrativa y pone a la sociedad al borde del colapso, genera resistencia en los gobiernos locales que ven amenazada su autonomía económica y política. Y a juzgar por las acciones del Ejecutivo provincial, tienen fundamentos para desconfiar del gobernador y sus verdaderas intenciones.
La falta de una necesidad social imperiosa que justifique abrir la "caja de Pandora" de una reforma integral en un clima de fragmentación política parece importarle poco y nada a Gustavo Melella que, según versiones que circulan, podría anunciar antes del 8 de mayo en qué fecha se realizaría la elección de convencionales constituyentes, encargados de reformar la Constitución provincial.
Las aspiraciones personales, el ego y los intereses sectoriales imperan hace mucho en Tierra del Fuego. La desconexión de la realidad afecta a múltiples actores políticos de la provincia que siguen sin comprender por dónde pasa el verdadero interés de una sociedad que hace malabares para sostenerse.
Como sea, en un par de semanas vamos a saber la verdad. Si Gustavo Melella desiste de realizar la reforma constitucional, seguramente será por el peso de una ciudadanía harta de observar como algunos de sus dirigentes siguen de fiesta.
Si, por el contrario, llama a elecciones para reformar la Constitución estaremos ante la confirmación de las peores sospechas. Se consumará así uno de los mayores bochornos que la política fueguina recuerde en su joven existencia de la mano de un gobernador que pone por delante sus necesidades políticas antes que el reclamo de una sociedad que hace tiempo, le dio la espalda.
