Christian Bisso
Las desavenencias políticas en Tolhuin no son una novedad, pero la intensidad y la naturaleza del conflicto actual entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal han alcanzado una masa crítica preocupante.
Lo que venimos observando hace tiempo, potenciado por el reciente conflicto en torno a las Termas del Río Valdez, es una distancia insalvable entre dirigentes que, paradójicamente, no hace mucho tiempo compartían el mismo espacio de coincidencia ideológica, la misma plataforma y hasta la misma boleta electoral.
Aquella sintonía del pasado se ha disuelto por completo en una evidente puja de poder que amenaza con quebrar de manera permanente el históricamente frágil equilibrio institucional de la localidad.
Analizar esta crisis exige desagregar las responsabilidades bajo el prisma de la legitimidad democrática. Cuando la ciudadanía acudió a las urnas, optó de forma clara por una renovación en las maneras de ejercer el poder político.
La elección y consolidación de Daniel Harrington instaló la premisa de que el viejo modelo de conducción local estaba perimido, una realidad insoslayable que el cuerpo de concejales debe interpretar y respetar sin obstáculos. No se puede obstruir la gestión por el mero hecho de no compartir el proyecto.
Sin embargo, el veredicto de las urnas es sofisticado y balanceado. Al mismo tiempo que la ciudadanía ungió a Harrington para conducir los destinos del Municipio, decidió de forma voluntaria asignarle un contrapeso político fundamental.
Al elegir un Concejo Deliberante de signo mayoritariamente opositor, el electorado configuró el justo equilibrio que propone la arquitectura democrática. Este diseño institucional, fundamentado en la división de poderes y el control recíproco, es una regla de juego que, a Harrington, le agrade o no, está obligado a asimilar de manera madura.
El nudo gordiano del problema radica en que gobernar en democracia exige republicanismo, debate riguroso de ideas y, fundamentalmente, la explotación de zonas intermedias de acuerdo.
La postura maniquea que denota la actual gestión municipal -visibilizada de forma explícita a través de las expresiones y el accionar de sus funcionarios más cercanos - tiende a procesar el disenso natural no como un insumo democrático, sino estrictamente como una traición. Esta matriz de pensamiento vuelve insostenible la convivencia institucional y degrada la calidad del debate público.
Por su parte, el Concejo Deliberante y la figura de su presidente, Matías Rodríguez, cargan con la ineludible obligación de ejercer el control y auditar las cuentas públicas. Sin embargo, este derecho de fiscalización no debe transformarse en un freno de mano para el progreso de la ciudad.
El equilibrio es justo cuando es constructivo; cuando se desvía hacia el bloqueo burocrático, pierde su razón de ser. Lamentablemente, en el escenario actual, el Municipio parece obrar guiado por impulsos que rozan el capricho personal, mientras que las diferencias personales con los concejales terminan por enceguecer el verdadero y único horizonte de la función pública: mejorar la calidad de vida de los tolhuinenses.
Esta intransigencia del Ejecutivo equivale, en términos políticos, a exponerse a un inminente fracaso. Bloquear los canales de comunicación anula cualquier posibilidad de diálogo y paraliza la resolución de los problemas colectivos más urgentes.
Cuando la discusión política se reduce a la simplificación binaria de “ellos contra nosotros”, se vacía de contenido la legitimidad democrática, se profundiza la polarización y las demandas reales de la sociedad quedan marginadas.
El conflicto paradigmático en torno a las Termas del Río Valdez funciona aquí como un espejo perfecto y doloroso de esta desconexión: mientras la dirigencia se desangra en disputas de competencia y posicionamientos identitarios, un recurso estratégico clave para el desarrollo económico, turístico y social de la región permanece rehén de la parálisis.
Me resulta imperativo focalizar la mirada en la figura del intendente. Por la jerarquía, la centralidad y la trascendencia de su cargo ejecutivo, la dinámica proactiva y la búsqueda constante de consensos deberían surgir de su propia iniciativa. La alta política exige que quien ostente el mayor poder sea también el mayor articulador de la paz social.
En Tolhuin ocurre lo contrario: ante la disputa de poder, la gestión de Harrington se asume reactiva, cediendo la iniciativa y clausurando el diálogo por una rigidez conceptual que transforma las discrepancias naturales en obstáculos insalvables.
Frente a este panorama, es imperioso preguntarse: ¿Por qué le cuesta tanto a nuestra dirigencia política arribar a acuerdos básicos? Si en las declaraciones públicas ambos sectores pregonan que buscan el bienestar de su comunidad, ¿Por qué es tan complejo partir de los puntos de coincidencia?
La ciencia política contemporánea ofrece una respuesta clara a través del concepto de “polarización afectiva”. Los desacuerdos ya no son técnicos ni estrictamente ideológicos; se viven y operan como amenazas directas a la identidad que cada sector construye frente a sus simpatizantes.
En esa dinámica de trinchera, la dirigencia se olvida por completo del ciudadano común. Aquel que, parado en el medio de la fractura política local, observa el espectáculo sin preferencias dogmáticas ni posturas tomadas, esperando únicamente respuestas concretas a sus problemas diarios.
La realidad socioeconómica actual de Tierra del Fuego ya no otorga licencias, privilegios ni margen para la mezquindad sectorial. Tolhuin se encuentra en una encrucijada histórica de crecimiento demográfico y desafíos de infraestructura que exigen una conducción madura y articulada. Las disputas intestinas frenan el progreso material y, en ese tablero estéril, pierden todos, pero fundamentalmente pierde la gente.
Pensemos a Tolhuin y a su entramado institucional como una maquinaria de relojería. La democracia tolhuinense es un mecanismo de precisión donde el Ejecutivo y el Concejo Deliberante representan engranajes complementarios.
Si el intendente pretende girar con fuerza absoluta ignorando el movimiento del Concejo, o si el Concejo bloquea los dientes del Ejecutivo por mera fricción política, el mecanismo falla y el reloj se detiene.
Y cuando el reloj de una comunidad se para, lo que se congela es el tiempo de la gente, el desarrollo y las oportunidades de quienes allí eligieron transcurrir sus vidas.
Si la dirigencia comprende la necesidad de aceitar los consensos y sincronizar sus marchas, el futuro de Tolhuin será próspero; si insisten en forzar el mecanismo para ver quién quiebra a quién, terminarán rompiendo la máquina, dejando a toda una localidad a la intemperie del atraso y de la desesperanza.
Confiemos en que, de una vez por todas, la madurez política llegue antes de que el cuadrante marque la hora del irreversible hartazgo colectivo.
