Con el objetivo de transformar estructuralmente el acceso a los servicios básicos y aliviar las finanzas públicas, ingresó a la Legislatura de Tierra del Fuego un proyecto de ley que propone la creación del ‘Programa Provincial de Extensión de Redes de Gas Natural’.
La iniciativa, impulsada por el legislador provincial Matías Lapadula, busca dotar al Estado de una herramienta de infraestructura a gran escala que complemente el actual programa ‘Llegó el Gas’, pasando de la asistencia crediticia individual para conexiones domiciliarias a la expansión efectiva de las redes troncales en los barrios que hoy permanecen excluidos o desabastecidos.
El principal motor de esta propuesta es la sustentabilidad fiscal de la provincia. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) representa una carga económica cada vez más pesada para las arcas públicas. Para el presente período presupuestario de 2026, el Poder Ejecutivo estimó una erogación cercana a los $ 38.500 millones para asistir a aproximadamente 6.000 hogares que carecen de conexión de red.
Ante este escenario, la ampliación de la red de gas natural se presenta no solo como una “solución de equidad social”, sino como una “inversión estratégica de rápido recupero” mediante el ahorro fiscal derivado de la sustitución del consumo subsidiado.
Para financiar las obras, el proyecto de ley instruye formalmente al Poder Ejecutivo a gestionar y afectar de manera total o parcial los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). Los argumentos de la norma defienden que este mecanismo es “plenamente idóneo”, ya que “el fondo fue concebido para promover infraestructura de carácter estratégico”.
Asimismo, se destaca el fuerte efecto multiplicador que la obra pública tendrá sobre la economía fueguina, dinamizando el empleo local, activando empresas contratistas de la región y estimulando el consumo de bienes y servicios en un contexto económico que demanda reactivación.
La normativa establece detallados criterios de priorización concurrentes para asegurar la eficiencia del gasto. Se auditará la viabilidad técnica, la densidad poblacional y, fundamentalmente, la localización de los sectores con mayor concentración de beneficiarios del subsidio al GLP.
Adicionalmente, el proyecto fomenta un esquema de articulación interinstitucional obligatorio que vincula a las áreas técnicas provinciales, al Banco de Tierra del Fuego y a los distintos municipios de la provincia, invitando a estos últimos a coordinar esfuerzos para mapear de manera eficiente los territorios con mayores necesidades insatisfechas.
La propuesta legislativa incluye rigurosos esquemas de control técnico y político.
Asimismo, la ley establece la obligatoriedad de presentar informes semestrales de avance donde se transparente la cantidad de cuadras de red ejecutadas, los hogares efectivamente conectados y el ahorro fiscal real verificado, garantizando un seguimiento riguroso de una política pública clave para el futuro energético de la isla.
