El escenario político de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. La designación del primer Defensor o Defensora Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes -un cargo autárquico con mandato por cinco años- se convirtió en el epicentro de una feroz confrontación entre la legisladora Natalia Graciania, referente de La Libertad Avanza (LLA), y su par del Partido Justicialista (PJ), Victoria Vuoto. El detonante fue la masiva descalificación de 45 de los 63 inscriptos durante la primera etapa de revisión formal del concurso.
Graciania encendió las alarmas públicas al calificar de “muy preocupante” el descarte del 84 % de los aspirantes rechazados, argumentando que a la gran mayoría se la excluyó bajo el criterio de no poder acreditar cinco años de residencia continua e inmediata.
La parlamentaria libertaria, quien presentó una nota formal exigiendo revisar las decisiones y suspender los plazos administrativos, denunció una presunta falta de transparencia y una vulneración al derecho de defensa de los profesionales locales, afirmando de manera tajante que “la transparencia no es una opción, es una obligación”.
La respuesta oficial del peronismo no tardó en llegar a través de Victoria Vuoto, integrante de la Comisión Evaluadora tripartita que lleva adelante el proceso. Vuoto desmintió categóricamente las acusaciones, tildándolas de “estrategia política” apresurada y lamentable, cuyo único fin es “desprestigiar públicamente este concurso”.
La legisladora del PJ defendió la rigurosidad y legitimidad del procedimiento fueguino, al que destacó como uno de los más participativos del país por incluir exámenes escritos y audiencias públicas, y recordó que las reglas aplicadas surgen de una resolución votada por unanimidad en la propia Cámara.
En términos operativos, la confrontación también dejó expuesta una fuerte discrepancia técnica sobre el motivo de los rechazos. Mientras Graciania sembró sospechas generalizadas basándose en “casos testigo” que aseguran cumplir con las normativas de residencia, Vuoto replicó que los inhabilitados presentaban múltiples incumplimientos de fondo y forma, y reveló que de los 45 rechazados, 25 consintieron la decisión sin presentar ningún recurso de reconsideración.
Asimismo, defendió que 19 postulantes sí lograron pasar el filtro formal con total claridad y bajo condiciones de estricta igualdad.
Vuoto reprochó con dureza que Graciania optara por la vía mediática e institucional externa en lugar de “levantar el teléfono” o acercarse al comité que funciona a escasos metros de su propio despacho, advirtiendo que esta actitud generó reacciones hostiles de personas que acudieron a increpar al personal del Parlamento.
El proceso continuará con los candidatos habilitados, pero el manto de sospechas cruzadas ya dejó una marca indeleble en la antesala de la nueva Defensoría.
