


Exigen al Gobierno el detalle de las obras ejecutadas en los colegios de la provincia

El bloque de legisladores de La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para requerir al Poder Ejecutivo provincial -a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y del Ministerio de Educación- un informe exhaustivo e integral sobre el estado actual de la infraestructura escolar y el nivel de avance de las reparaciones dispuestas en toda la provincia.
La solicitud legislativa cobra especial relevancia e impulsa el reclamo en consonancia con el reciente dictamen de la Fiscalía de Estado, organismo que advirtió con firmeza sobre el deplorable e inequívoco estado de deterioro edilicio que padecen las escuelas en Tierra del Fuego.
El pedido de informes surge a partir de la decisión del Ejecutivo de disponer una extensión extraordinaria del receso escolar invernal, medida fundamentada formalmente en la necesidad de llevar adelante obras urgentes para garantizar condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y funcionamiento. Sin embargo, desde el Parlamento advierten que la falta de datos oficiales precisos y verificables genera incertidumbre respecto del alcance real y la efectividad de los trabajos ejecutados durante esa semana adicional.
» Los puntos clave
El proyecto otorga un plazo de 10 días hábiles para que las autoridades de Obras Públicas y Educación remitan un informe desagregado que incluya:
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» No más parches
En los fundamentos de la medida, los parlamentarios destacan que el acceso a la educación pública y segura constituye un derecho fundamental respaldado por la Constitución Nacional y Provincial. Asimismo, subrayan que la crisis edilicia que afecta a los establecimientos no puede resolverse únicamente mediante parches coyunturales o decisiones excepcionales de último momento, sino a través de una planificación presupuestaria rigurosa, mantenimiento preventivo y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Con este pedido de informe, el Parlamento busca ejercer plenamente sus facultades de control y evaluación sobre el gasto y la gestión de la infraestructura educativa provincial, exigiendo al Gobierno la entrega de documentación técnica digitalizada y sistematizada que lleve tranquilidad a docentes, estudiantes y familias.





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