Bajo presión, el Gobierno convocó al Municipio para hablar de coparticipación

La escalada en el conflicto por la deuda de coparticipación entre el Municipio de Río Grande y el Gobierno de Tierra del Fuego dio un giro decisivo en las últimas horas. Acorralado por la severidad de las intimaciones formales de la gestión municipal, que incluyeron advertencias sobre eventuales responsabilidades penales contra funcionarias de la Tesorería y la Contaduría General, el Ministerio de Economía provincial decidió romper el letargo y convocar de urgencia a las autoridades municipales para discutir la distribución de recursos.

La cronología de los hechos pone de manifiesto que el llamado provincial no surgió de un gesto de concertación voluntaria, sino como respuesta directa a una embestida legal. El pasado viernes 30 de octubre, el Municipio de Río Grande envió cartas documento a la contadora general, Yésica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco.

En las misivas, les otorgó un plazo perentorio de 48 horas para regularizar un millonario pasivo estimado en $17.294.814.520 al 30 de septiembre —integrado por coparticipación, regalías y el Bono de Compensación—, bajo la advertencia expresa de iniciar acciones judiciales y recurrir al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Público Fiscal.

La reacción del Ejecutivo provincial no se hizo esperar. Ante la amenaza inminente de denuncias penales por incumplimiento de deberes vinculados al artículo 135 de la Constitución Provincial, el Gobierno oficializó una convocatoria con los municipios para abordar el giro de fondos.

Sin embargo, desde las filas municipales remarcaron que el cambio de actitud responde exclusivamente a la firmeza de las medidas adoptadas. “El Gobierno convocó porque Río Grande intimó. Seamos también honestos”, aseveró la secretaria de Finanzas municipal, Valeria Capotorto, en FM del Pueblo, tras agotar previamente múltiples canales de diálogo sin obtener resultados concretos.

Capotorto advirtió que Río Grande acudirá al encuentro, aunque recordó que se trata del “tercer intento de negociación en lo que va del año”. La funcionaria subrayó que los recursos exigidos no corresponden a asistencia discrecional, sino a “fondos remitidos oportunamente por la Nación que la Provincia retuvo o giró con demoras de varios meses”. Esta situación impacta de forma directa sobre la sostenibilidad de los servicios de agua potable, transporte público, recolección de residuos y la red de salud local.

La reunión con el Ministerio de Economía provincial se perfila como un punto de inflexión. Desde el Municipio avisaron que no se conformarán con declaraciones de intención ni "fotos protocolares”: si la comitiva municipal no regresa con un cronograma cierto y ejecutable para la cancelación del pasivo de $17.294 millones, el proceso legal, administrativo y judicial iniciado seguirá su curso hasta las últimas consecuencias.