La gestión del gobernador Gustavo Melella en Tierra del Fuego transita por un sendero de marcadas contradicciones políticas e institucionales. Mientras el mandatario provincial reclama públicamente que la oposición acompañe y apruebe las herramientas presupuestarias enviadas al Parlamento nacional, la provincia se maneja desde hace dos años con presupuestos reconducidos por su propia decisión y diseño administrativo.
Tras reunirse con Diego Santilli en Casa Rosada, Melella insistió en que “la oposición tiene que acompañar el presupuesto porque es la herramienta que un gobierno necesita”, equiparando esta demanda con los pedidos que su espacio político realizaba cuando gobernaba la oposición a nivel nacional.
Sin embargo, en el plano local, la realidad dista de esa premisa: el Ejecutivo provincial ha optado por gobernar mediante la reconducción de partidas anteriores, evitando el debate legislativo y priorizando la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.
La postura del mandatario expone la dificultad de articular consensos en una Legislatura donde su fuerza no cuenta con mayorías automáticas. Ante la caída de la recaudación propia, la merma en la coparticipación federal y el fuerte impacto en sectores clave como la industria de Río Grande -que sufrió una caída superior al 45% en el empleo-, la administración provincial no mostró interés en contar con presupuestos aprobados, pudiendo así requerir a la discrecionalidad a la hora de administrar los fondos.
A pesar de este panorama de ahogo financiero y de reconocer que las cuentas sufren un fuerte reordenamiento fiscal, la exigencia de aprobar un presupuesto a libro cerrado choca de frente con la propia metodología de gestión que el Ejecutivo adoptó los últimos dos años: gobernar al margen de las leyes y las buenas prácticas de la democracia.
