En una jugada política que busca marcar el ritmo del debate sobre la seguridad pública y el funcionamiento institucional en la provincia, el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) presentó este martes un ambicioso paquete de cuatro proyectos de ley en la Legislatura provincial.
Las iniciativas, impulsadas por los legisladores Damián Löffler y Pablo Villegas, proponen reformas estructurales profundas que van desde el traspaso de competencias judiciales críticas hasta la creación de nuevos organismos de control civil y asistencia técnica. La batería de proyectos ingresada aborda de manera simultánea diferentes eslabones del sistema de seguridad y justicia local.
Entre los puntos más destacados se encuentran la postergada adhesión de Tierra del Fuego al régimen penal de combate al narcomenudeo, un giro radical en el modo de juzgar las faltas éticas y operativas de la Policía y el Servicio Penitenciario y la institucionalización de herramientas estadísticas y de acompañamiento a las víctimas del delito.
Con este escenario, el oficialismo y la oposición deberán definir en las comisiones el margen de consenso para una reforma que promete cambiar las reglas del juego en las calles y en los despachos oficiales, al tiempo que prevé amplio debate.
Este proyecto propone la creación de un centro interdisciplinario bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, u organismo que lo reemplace en la reglamentación. Su objetivo principal es brindar asistencia integral -psicológica, social, emocional y financiera- a personas que hayan sufrido daños por delitos penales o por abusos de poder que vulneren tratados internacionales de derechos humanos, evitando su desamparo institucional.
El centro funcionará de manera independiente a los magistrados que investiguen las causas. Se financiará mediante partidas presupuestarias específicas, recursos internacionales y un fondo afectado directamente por la recaudación de impuestos a los juegos de azar y casinos de la provincia.
La iniciativa busca transformar el régimen disciplinario de las fuerzas de seguridad provinciales mediante la creación de un sistema de control externo y civil que dependerá del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia. Este modelo adopta un procedimiento oral y adversarial para agilizar las investigaciones administrativas, reemplazando los antiguos sumarios escritos.
La estructura propuesta se sostiene sobre tres pilares fundamentales integrados por abogados sin estado policial: una Fiscalía Administrativa encargada de la instrucción y acusación, un Tribunal de Disciplina responsable de juzgar y aplicar sanciones, y una Defensoría gratuita para el personal investigado. El proyecto modifica también artículos clave de las leyes provinciales 263 y 35 para adaptar las competencias orgánicas de la policía a este nuevo paradigma.
Este proyecto propicia la adhesión de Tierra del Fuego al régimen de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes (leyes nacionales 23.737 y 26.052). El propósito medular es traspasar la investigación y persecución del “narcomenudeo” o comercio minorista de drogas desde el fuero Federal a la Justicia Provincial para dar una respuesta más rápida, territorial y coordinada en los barrios.
La norma establece que el Poder Ejecutivo deberá requerir la transferencia de los créditos presupuestarios correspondientes al Estado nacional para no sobrecargar las finanzas fueguinas. Asimismo, determina que las multas y los bienes decomisados al narcotráfico serán destinados de manera específica a una cuenta del Banco de Tierra del Fuego para equipar y fortalecer a la Policía de la provincia.
Se orienta a la creación de un organismo de carácter científico-técnico dedicado a la recopilación, procesamiento y análisis sistemático de datos sobre criminalidad en el territorio provincial. Su finalidad es superar las estadísticas fragmentadas actuales para confeccionar mapas del delito y de riesgo fiables que sirvan de insumo técnico en el diseño de políticas públicas de prevención.
El organismo contará con una Comisión Asesora Honoraria con representación de municipios, universidades y ONG, garantizando también la participación de los poderes Legislativo y Judicial. Además de exigir capacitación continua para su personal, el proyecto estipula penalidades y sanciones laborales o deontológicas para los agentes públicos que incumplan con la obligación de suministrar la información requerida.
