Christian Bisso
La apelación a la retórica de la “soberanía” ha sido, históricamente en la política argentina, el refugio predilecto de administraciones ineficientes para justificar la creación de estructuras burocráticas macrocefálicas y el manejo discrecional de los fondos públicos.
En Tierra del Fuego, el gobierno de Gustavo Melella ha elevado este ejercicio a la categoría de doctrina oficial, articulando un andamiaje discursivo que, lejos de consolidar la autonomía financiera y el desarrollo hidrocarburífero regional, ha sumido a la provincia en una severa crisis de recursos y energía.
Recientemente, el gobernador apeló a la clásica metáfora de la “sábana corta” para referirse a la acuciante escasez de recursos que asfixia a la administración fueguina. La expresión, sin embargo, adolece de una profunda hipocresía implícita, ya que la supuesta falta de fondos no se debe a variables incontrolables, sino a malas decisiones y a una absoluta displicencia en la custodia del patrimonio provincial.
Si vamos a hablar de cuestiones relativas a los recursos naturales de la provincia y su explotación, bien vale arrancar por el principio. Porque el desinterés real de la gestión de Melella por el desarrollo petrolero genuino quedó expuesto de forma definitiva en marzo de 2022, cuando la monoboya de San Sebastián salió de servicio por decisión de YPF ante la alarmante falta de oposición del Ejecutivo provincial.
El cese de esta estación de carga marítima paralizó aproximadamente el 30 % de la evacuación de petróleo crudo de la provincia, asestando un golpe drástico a la recaudación de regalías que continúa afectando los recursos provinciales hasta el día de hoy.
Paradójicamente, ese mismo año, en el mes de junio y cobijado por un fervor legislativo unánime, el gobierno provincial fundó Terra Ignis, la empresa petrolera estatal que nació bajo la bandera de la “soberanía” con la finalidad de convertirse en el actor preponderante de las decisiones energéticas de la isla.
No obstante, el tiempo se encargó de transformar aquel consenso político inicial en un generalizado y enfático reclamo por parte de los principales sectores de la oposición ante el manejo discrecional de los recursos públicos destinados a esa firma.
El nudo del conflicto y las alarmas institucionales estallaron con fuerza durante el tratamiento del Presupuesto 2024, cuando la Legislatura provincial descubrió el desvío y la triangulación injustificada de fondos públicos a través de la petrolera estatal.
El Poder Ejecutivo transfirió la suma de 2.000 millones de pesos a Terra Ignis con el objeto de contratar generadores eléctricos destinados a mitigar la crisis y la emergencia energética en Ushuaia.
Legisladores de la Unión Cívica Radical y del Movimiento Popular Fueguino denunciaron la maniobra argumentando que la Dirección Provincial de Energía ya contaba con plenas facultades legales por la emergencia para contratar de forma directa y rápida.
Al enviar el dinero a lo que definieron como una “bolsa”, el gobierno diluyó la trazabilidad de los fondos y los contratos con terceros, como ocurrió con el cuestionado convenio marco con la firma Sullair.
A esta preocupante falta de transparencia se sumó el flagrante desfasaje entre la nula producción de Terra Ignis y los fastuosos costos de su planta de personal, directivos y asesores con sueldos difíciles de justificar.
Para mayo de 2025, los balances oficiales confirmaron que la empresa acumulaba ingresos nulos y un gasto neto de más de 237 millones de pesos, devorados casi en su totalidad por el pago de haberes, viáticos y gastos a reintegrar de directores y gerentes.
Mientras el oficialismo ensayaba defensas corporativas bajo el pretexto de que ninguna empresa factura en el momento cero y que necesitaban sueldos competitivos de mercado para contratar profesionales de primer nivel, la Inspección General de Justicia y la Fiscalía de Estado advirtieron que la firma se negaba sistemáticamente a entregar un detalle desglosado de las remuneraciones mensuales de sus miembros, respondiendo con evasivas vagas que alimentaron las sospechas de sueldos políticos desmedidos.
La descomposición interna y el patrón de opacidad llegaron a un punto de no retorno durante el segundo semestre de 2025, cuando la Dra. Constanza Carro, síndica designada por la Legislatura, denunció penalmente al presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio.
Carro detectó irregularidades en el destino de fondos de capitalización por más de 2 millones de dólares que debían usarse para el inicio de actividades operativas. Al exigir los extractos bancarios, las actas de directorio y las órdenes de pago para certificar en qué se habían gastado esos fondos públicos, las autoridades bloquearon el acceso a los libros contables, lo que provocó la intervención de la Fiscalía de Estado ante el riesgo latente sobre el patrimonio provincial.
Lejos de transparentar la situación, D’Alessio intentó forzar la remoción de la síndica mediante una maniobra calificada posteriormente como ilegal por la Fiscalía, lo que no pudo impedir el desplazamiento de Carro de su cargo y la consolidación de los cuestionamientos hacia la empresa petrolera estatal, un comportamiento financiero que la oposición comparó reiteradamente con el histórico caso de despilfarro de Hidrocarburos Fueguinos Sociedad Anónima de la década de los ‘90.
El derrotero de D’Alessio, un personaje del que se conoce poco acerca de sus capacidades e idoneidad para sentarse en la mesa de discusión de los recursos provinciales, sumó un nuevo capítulo de indignación a principios de 2026.
El bloque legislativo opositor, encabezado por el legislador Jorge Lechman, cuestionó severamente que YPF comunicara oficialmente a la Comisión Nacional de Valores la incorporación de D’Alessio al directorio nacional antes de que la Legislatura provincial lo ratificara ad referéndum, tal como lo exige de forma precisa la Ley 1012.
Ya asentado en ese poderoso sillón directivo en representación de la provincia, D’Alessio convalidó con su voto un esquema de remuneraciones de elite para 2026, percibiendo ingresos proyectados anualmente en cerca del millón de dólares, es decir, más de $ 70 millones mensuales al tipo de cambio de la época.
Este salario VIP generó un enorme rechazo social debido a la doble vara y al contraste directo con la severa crisis energética, tarifaria y de falta de gas que sufren cotidianamente los usuarios comunes en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
El desenlace de esta trama de contradicciones discursivas y desprotección de recursos quedó en evidencia cuando el gobernador Gustavo Melella justificó los despidos de personal en los pozos petroleros de San Sebastián, afirmando con ligereza que YPF siempre tuvo “bolsillos de payaso”.
Para el criterio del gobernador, remunerar el trabajo del personal especializado en el agreste territorio fueguino es dilapidar recursos, pero convalidar salarios millonarios en dólares para las autoridades de la cúpula política no lo es.
Como broche de oro a este laberinto de incertidumbres, se produjo el desembarco de la pyme cordobesa Velitec que, mediante una alianza estratégica con Terra Ignis, asumió la operación de los tres bloques convencionales que dejó YPF, prometiendo una inversión inicial de 6 millones de dólares para reactivar pozos maduros y sostener la producción de petróleo, gas y gas licuado de petróleo.
No obstante, su llegada despertó profundas dudas en el arco político y gremial, cuestionándose la solvencia económica de una firma de origen puramente constructora para afrontar la millonaria remediación ambiental heredada de YPF y la costosa operatividad de la compleja cuenca fueguina.
Además, se ha generado una grave incertidumbre laboral sobre si esta estructura mediana podrá garantizar la continuidad del ciento por ciento de los puestos de trabajo y mantener la infraestructura crítica de la Planta San Sebastián, recelo que ya derivó en protestas y en el reclamo de la Legislatura para que se expongan formalmente los pliegos y avales financieros.
Aunque la gerente legal de Terra Ignis, Verónica Tito, intentó poner paños fríos afirmando de manera voluntarista que no hay razones para dudar del cumplimiento de Velitec y que la firma pondrá más plata de la que va a generar durante la readecuación de los yacimientos, la realidad objetiva demuestra que la retórica gubernamental se ha agotado.
Gustavo Melella dice que la sábana está corta para referirse a la escasez de recursos que cruza al medio su mandato, pero se olvida de decir en qué gastaron la plata de los fueguinos a lo largo de los últimos seis años.
Lo que Melella obvia reconocer es que el gobierno provincial usó decenas de metros de esa misma sábana para abrigar los privilegios políticos de sus allegados y las cajas opacas. ¿El resultado? Lo vemos a diario: Una provincia a la intemperie, desprotegida, en crisis, sin futuro y con sus recursos estratégicos en manos de sujetos de cuestionable capacidad.
