El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, liderado por su secretario general Luis Sosa, ha presentado un documento con carácter de urgente ante los legisladores provinciales debido a un conflicto sociolaboral de extrema gravedad en la cuenca petrolera fueguina.
La crisis se originó a partir de la salida de la operadora YPF de los bloques convencionales y el posterior traspaso de dichas áreas a la empresa estatal provincial Terra Ignis Energía. Según el sindicato, el convenio comercial firmado por el Estado provincial, contemplaba una reducción de personal, acordando transferir solo a 260 operarios de una dotación real y activa de 505 trabajadores, lo que inicialmente planificó el desempleo de 245 familias petroleras.
La situación se ha agravado de manera terminal con la intervención de Velitec, la firma contratada por Terra Ignis para operar los yacimientos. Esta suboperadora manifestó su intención unilateral de ejecutar un nuevo ajuste masivo mediante el despido de 180 trabajadores adicionales, con el objetivo de operar áreas críticas con una planta precarizada de tan solo 100 operarios estables.
El gremio rechaza rotundamente este achicamiento y flexibilización laboral, denunciando que la maniobra “viola el orden público laboral, la Ley de Contrato de Trabajo y atenta directamente contra la paz social de la provincia”, especialmente en la ciudad de Río Grande.
Ante este escenario, la entidad gremial reclama a la Legislatura provincial por su “falta de fiscalización oportuna” como órgano de contralor de Terra Ignis. En consecuencia, peticiona formalmente la intervención inmediata del cuerpo legislativo ante el Poder Ejecutivo, Terra Ignis y el Ministerio de Trabajo para frenar los despidos, así como la convocatoria urgente a una mesa de diálogo institucional para “garantizar por escrito la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo”.
Finalmente, el sindicato advierte que hará “responsables” a los legisladores por las “consecuencias de esta crisis si no actúan”, y afirma que no dudará en “iniciar medidas de acción directa” y movilizaciones en los yacimientos para “defender a sus representados”.
