Christian Bisso
Gustavo Melella no quiere paz. A su postura inflexible y combativa ante la Ley de Goteo Diario y el rechazo a la reforma constitucional que impulsa compulsivamente, el gobernador le suma una nueva instancia al conflicto permanente con el Poder Legislativo.
Es que, disfrazado de buenas intenciones, el mandatario fueguino ordenó a sus legisladores avanzar con un proyecto de ley que destine recursos del Impuesto Inmobiliario a financiar la ley que su aliado Horacio Catena, busca se prueba en el Parlamento para dotar de más recursos al sistema educativo de la provincia.
Como todo en esta provincia se disfraza y se maquilla, quiero correr el velo sobre algunas cuestiones que me parece aclarar antes de profundizar en mi análisis de la situación. La utilización del financiamiento educativo como argumento central para provincializar el Impuesto Inmobiliario constituye una operación de burda manipulación ética por parte de Melella.
Al ligar un tributo históricamente municipal con el salario docente, Melella busca blindar su maniobra frente a la opinión pública, utilizando una causa sensible para justificar un despojo financiero. Sin embargo, detrás de esta argumentación de prioridad educativa, subyace una estrategia de asfixia institucional dirigida a los intendentes, forzándolos a elegir entre defender su autonomía o quedar posicionados como enemigos del sistema escolar.
En la práctica, esta medida no busca soluciones estructurales para el aula, sino que funciona como un combustible para retroalimentar el conflicto político. La alianza táctica entre el gobernador y Horacio Catena deja en evidencia que el objetivo no es la excelencia académica, sino la consolidación de un sistema de transferencias directas que fortalezca sus cuotas de poder. Para Melella, la caja inmobiliaria es el arma definitiva para doblegar la resistencia de las intendencias; para Catena, representa el acceso a una masa de recursos que garantiza su vigencia como actor de presión política y control gremial.
La supuesta preocupación por la educación se desmorona al observar que el método elegido es la confrontación permanente y no el consenso. Si el interés fuera genuino, la discusión se centraría en la eficiencia del gasto y la mejora de infraestructura, no en la confiscación de recursos ajenos.
Esta “guerra” declarada contra los municipios demuestra que la educación es utilizada simplemente como un escudo humano en una disputa de facciones, donde el gobernador escala la tensión para demostrar quién tiene la última palabra en el escenario político fueguino.
Se revela así un desprecio por la paz social y la estabilidad institucional. La urgencia por “quedarse con la caja” del Impuesto Inmobiliario evidencia que, para esta gestión, la política es entendida como una suma cero: para que el Ejecutivo provincial gane poder y el gremio asegure su cuota de caja, los municipios deben perder su capacidad de gestión. Es una maniobra que, lejos de sanear el sistema educativo, garantiza que el conflicto siga siendo el eje ordenador de la vida pública en la provincia.
Ante esta situación, el debate que próximamente deberá encarar la Legislatura provincial permite observar un fenómeno de centralismo fiscal que redefine la relación entre el gobierno provincial y las ciudades.
La intención del gobernador Gustavo Melella de consolidar el cobro del Impuesto Inmobiliario bajo la órbita provincial no es solo una disputa técnica; es un movimiento que altera el equilibrio. Lo que define el rol actual de Melella es una contradicción histórica. En 2016, como intendente, lideraba las marchas y presentaciones judiciales en defensa de la “autonomía municipal”. Hoy, desde el Poder Ejecutivo, utiliza el andamiaje estatal para ejecutar la misma medida que antes denunciaba como un “atropello”.
No tengo dudas que el cambio de postura sugiere que el interés del gobernador no reside en la eficiencia tributaria, sino en la acumulación de poder político. Al quitarle a los intendentes la potestad sobre el suelo y la propiedad, el gobernador se convierte en el árbitro único de los recursos, obligando a los municipios a una dependencia directa del despacho provincial para garantizar su funcionamiento básico.
Entre muchas acciones visibles, hay un modus operandi que se ha vuelto una característica de la gestión de Melella: la escalada como método de gobierno. Lejos de buscar una transición consensuada o una mesa de diálogo que incluya a las intendencias, el gobernador ha optado por la confrontación directa.
Al abrir frentes de batalla simultáneos -judiciales, legislativos y mediáticos-, Melella parece buscar un escenario de polarización que fatigue a sus opositores. Porque una medida de este calibre, tomada en un contexto económico frágil, solo sirve para exacerbar los ánimos.
En lugar de pacificar la provincia y concentrarse en la matriz productiva, la agenda del gobernador se centra en la apropiación de recursos ajenos, alimentando un clima de inestabilidad política que aleja cualquier posibilidad de concordancia institucional.
Es evidente que la avanzada sobre el Impuesto Inmobiliario es la confirmación de un estilo de liderazgo que prioriza el control de la caja sobre el respeto a las instituciones locales. Es la maniobra de un gobernador que, lejos de buscar la paz, parece encontrar en el conflicto diario la herramienta para sostener una hegemonía política que hoy pretende asfixiar a los municipios.
Más aún si se tiene en cuenta que en 2016, Gustavo Melella, en su rol de Intendente de Río Grande, fue uno de los opositores más férreos al intento del gobierno provincial, entonces liderado por Rosana Bertone, de centralizar el cobro del Impuesto Inmobiliario.
Su postura se centraba en la defensa de la autonomía municipal y en denunciar lo que consideraba un intento de desfinanciamiento de las ciudades. Melella sostenía que el Impuesto Inmobiliario era una potestad histórica y constitucional de los municipios. Calificó por aquel entonces las intenciones de la provincia como un “avasallamiento” y un “atropello” a las instituciones locales.
En diciembre de 2016, señalaba que la prioridad del gobierno debería ser la crisis laboral y no generar conflictos institucionales. Declaraba que era “innecesario y fuera de lugar” abrir una disputa judicial por fondos en un contexto de caída de puestos de trabajo.
Melella acusaba a la gestión de Bertone de buscar la “asfixia” de los municipios con fines electoralistas, comparando la situación con conflictos históricos previos, como la Ley 648 de la gestión de Fabiana Ríos.
Ese año, en declaraciones radiales, el hoy gobernador fueguino vociferaba que “no podemos permitir este avasallamiento desde la provincia”. Durante meses, el mismo Melella que hoy se niega a dialogar con los intendentes, clamaba por una instancia de debate institucional que evitara el recorte de fondos.
Por eso, resulta notable que, a partir de 2023 y 2024, ya como gobernador y con el respaldo de un fallo de la Corte Suprema que dio la razón a la provincia, Melella ha impulsado proyectos para que el Impuesto Inmobiliario sea efectivamente provincial, lo que ha generado críticas por la contradicción con su postura de 2016.
En definitiva, la persistencia de esta disputa por el Impuesto Inmobiliario proyecta una sombra de incertidumbre institucional que amenaza con fracturar definitivamente la gobernabilidad en Tierra del Fuego. En un escenario donde las reglas de juego se alteran por conveniencia del Ejecutivo, se erosiona más que nunca la confianza en las instituciones.
Esta falta de certezas no solo llena de incertidumbre la gestión administrativa de los municipios, sino que deja a la ciudadanía como rehén de una guerra de cajas y egos que no ofrece un horizonte de resolución claro, sino una profundización de la grieta provincial.
La volatilidad social actual actúa como un polvorín frente a estas maniobras de confiscación de recursos. Al utilizar sectores sensibles como el educativo para justificar el avance sobre la autonomía local, el gobierno de Melella juega peligrosamente con las expectativas de una sociedad ya agotada por la crisis económica.
La incertidumbre sobre si los fondos llegarán efectivamente a las aulas o si se perderán en la burocracia del conflicto político genera un clima de malestar que puede derivar en desbordes, especialmente cuando el vecino percibe que sus impuestos son el botín de una batalla ajena a sus necesidades diarias.
Este esquema de confrontación permanente anula cualquier posibilidad de planificación a largo plazo. La volatilidad no es solo económica, sino también de carácter decisional; la imprevisibilidad de un gobernador que escala los conflictos para consolidar su hegemonía impide que la provincia encuentre la paz social necesaria para el desarrollo.
Mientras el foco siga puesto en quién maneja la billetera y no en cómo se prestan mejores servicios, el escenario de nuestra provincia permanecerá en un estado de alerta constante, donde la próxima crisis institucional parece estar siempre a la vuelta de la esquina.
En última instancia, la insistencia en este modelo de gestión basado en el choque de poderes sugiere que el conflicto es el estado natural en el que más cómodo se siente la actual administración.
Esta estrategia de alimentar la tensión diaria no solo asfixia a las intendencias, sino que sumerge a la provincia en un ciclo de inestabilidad donde la política deja de ser una herramienta de solución para convertirse en un factor de riesgo.
La incertidumbre, lejos de ser un efecto colateral, parece ser el terreno fértil sobre el cual se intenta edificar un poder centralizado que no admite disidencias ni autonomías.
