El bloque legislativo de FORJA presentó formalmente un proyecto de ley que busca restablecer la plena vigencia del Impuesto Inmobiliario en todo el territorio provincial. La iniciativa, ingresada bajo el número de Asunto 288/26, propone dejar sin efecto la suspensión técnica que pesaba sobre este tributo, permitiendo que la provincia recupere una herramienta de recaudación que se encontraba delegada o suspendida mediante leyes previas.
El articulado de la propuesta establece que el impuesto, contemplado en la Ley Provincial 1075, recupere su exigibilidad inmediata a partir de la promulgación de la norma. Entre los aspectos más destacados de la iniciativa se destaca que lo recaudado no ingresará a rentas generales de libre disponibilidad, sino que será destinado exclusivamente al financiamiento de los servicios de salud y educación pública.
Por otro lado, especifica que la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) será el organismo encargado de reglamentar el cobro y establecer planes de facilidades para los contribuyentes.
Los fundamentos del proyecto, firmado por el legislador Federico Greve, sostienen que la suspensión del tributo generó un “desbalance en la estructura de ingresos” y debilitó la “autonomía fiscal” de la provincia.
El debate sobre el Impuesto Inmobiliario en Tierra del Fuego no es nuevo y representa uno de los conflictos institucionales más largos entre el Ejecutivo provincial y los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
Históricamente, este impuesto fue recaudado por los municipios. Sin embargo, en 2016, tras la sanción de la Ley 1075, el gobierno provincial reclamó la potestad del tributo basándose en una interpretación de la Constitución fueguina.
En consecuencia, los municipios iniciaron acciones legales considerando que la medida vulneraba la autonomía municipal y desfinanciaba sus arcas. El conflicto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diversos fallos dio la razón a la postura provincial, ratificando que la potestad sobre el impuesto inmobiliario es de carácter provincial.
Pese a los fallos favorables, la aplicación efectiva por parte de la Provincia fue suspendida sucesivamente bajo un contexto de crisis económica y acuerdos políticos. Las leyes 1492, 1499 y 1574 -citadas en el nuevo proyecto- fueron las encargadas de prorrogar esta suspensión para evitar un choque directo con las administraciones locales y un impacto doble sobre los vecinos.
Con la presentación del Asunto 288/26, el oficialismo busca cerrar este ciclo de suspensiones extraordinarias. El argumento central es que, ante los altos costos de los servicios públicos esenciales en la isla, el gobierno provincial debe ejercer sus facultades tributarias legítimas para garantizar el sostenimiento del sistema sanitario y educativo.
El proyecto deberá ahora ser analizado en las comisiones de la Legislatura, donde se espera una discusión intensa sobre el impacto que la quita de estos recursos podría tener en las finanzas municipales actuales.
