El intendente del Municipio de Río Grande, Martin Pérez fue muy crítico con las perspectivas para el próximo presupuesto nacional que Javier Milei enviará al Congreso en breve y así manifestó que “la verdad, yo espero más ajuste”.
En Radio Provincia, recordó que Río Grande debe presentar su proyecto presupuestario antes del 30 de septiembre y así explicó que “las estimaciones municipales están siendo elaboradas sobre la base de las proyecciones provinciales”, aunque admitió que “los números son difíciles de determinar mientras no estén definidas las variables nacionales, las proyecciones son, de alguna manera, agarradas con alfileres”, reconoció.
Consultado directamente sobre qué espera del Presupuesto nacional, respondió que “más ajuste, no me hago ilusión de nada con el presupuesto nacional” y sostuvo que “desearía encontrarme con una pauta nacional cargada de obras que permitiera dinamizar la economía y fortalecer a las pymes, pero aseguró que no observa señales de un cambio de rumbo” y, por el contrario, anticipó que espera un presupuesto “concentrado en el ajuste” y en una lógica de grandes inversiones que, según cuestionó, “no derraman lo más mínimo”.
En el plano municipal, Pérez aseguró que “el proyecto presupuestario está elaborándose” y reconoció que “estará marcado por la austeridad, un presupuesto administrando en gran medida la austeridad que se requiere para transitar estos tiempos”.
Explicó que “el Municipio enfrenta simultáneamente una caída de ingresos y una mayor dificultad económica de las familias, mientras intenta preservar prestaciones que considera esenciales”.
Entre las prioridades colocó especialmente la “salud municipal” y aseguró que “el objetivo es que el sistema continúe funcionando con calidad y que Río Grande pueda mantener obra pública pese a la ausencia de inversiones nacionales y provinciales”.
Mencionó entre las obras el natatorio, la Carpa de la Dignidad, la pavimentación prevista para el verano y distintas intervenciones en los barrios: “Nuestro presupuesto va a estar concentrado en atender la demanda social, en sostener los servicios, principalmente la salud, en poder seguir haciendo obra pública”.
Admitió que “el nivel de inversión será inferior al de otros períodos”, pero garantizó la continuidad de los servicios básicos, entre ellos “transporte público, recolección de residuos, agua potable y cloacas” y también confirmó que “los fondos destinados al nuevo natatorio y a la Carpa de la Dignidad están garantizados” y que las obras finalizarán “entre fines de este año y principios del próximo”.
Pérez se pronunció sobre el prolongado conflicto docente y reconoció que “la pérdida de días de clase constituye un problema grave para las familias fueguinas”: “La situación de la familia y de los chicos sin poder ir a clases es un gran problema, porque nos golpea en lo más sensible, que es la educación de nuestros hijos”.
Advirtió que “la interrupción de las clases afecta la formación de los estudiantes, pero inmediatamente reconoció las dificultades económicas de los docentes” y señaló que “yo entiendo la situación de la docencia, entiendo porque hay un reclamo legítimo, porque hay docentes que no están ganando bien, porque hay docentes a los que les está costando mucho, muchísimo llegar a fin de mes”.
Al preguntársele cómo debería resolverse el conflicto, Pérez fue concreto al sostener el “diálogo y luego la necesidad de contar con recursos”, pero agregó un tercer componente que es la “administración eficiente del Estado”.
“Para poder contar con los recursos también pienso que hay que administrar bien. Si uno administra bien, si uno no malgasta, si uno planifica la ejecución del gasto, si no agiganta el Estado de una manera que luego es incontrolable, se hace muy difícil”, planteó.
Según el intendente, no puede ampliarse indefinidamente la estructura estatal sin que exista capacidad para sostener los salarios y responder a las recomposiciones reclamadas por los trabajadores. Por eso sintetizó su posición en “una buena administración eficiente, una planificación del gasto y, por otro lado, también una política salarial que acompañe”.
Y rechazó colocar la responsabilidad sobre quienes padecen directamente el conflicto al considerar que “no puede ser el culpable ni el papá, ni el chico, ni el docente; las responsabilidades pasan por otro lado”.
