En un despliegue de gimnasia política y malabarismo discursivo, el bloque oficialista FORJA en la Legislatura fueguina -impulsado por el legislador Federico Greve- ha presentado un proyecto de declaración para expresar su “más enérgico repudio” ante el amarre en el puerto de Ushuaia del buque petrolero VS Promise, de bandera británica.
La iniciativa invoca enfáticamente la Ley Provincial 852 Gaucho Rivero para rasgarse las vestiduras frente a semejante “afrenta a la soberanía”. Sin embargo, detrás del encendido patriotismo de utilería se esconde una contradicción insostenible que roza lo insólito.
Para entender la actuación parlamentaria de Greve y su espacio, resulta imprescindible repasar la bitácora real de la embarcación. El VS Promise no emergió sorpresivamente del Atlántico Sur ni cometió una incursión furtiva. La nave se encontraba operando en la monoboya para extraer petróleo en favor de una empresa concesionaria de la actividad hidrocarburífera autorizada y legitimada por la mismísima administración provincial.
Pero el espectáculo del absurdo no concluye allí. Tras completar su faena, el buque de pabellón británico se reabasteció en el mismo lugar de agua y combustible. Todos y cada uno de estos servicios no solo fueron expresamente prestados y autorizados por los organismos bajo el paraguas del Gobierno provincial, sino que además fueron meticulosamente facturados y cobrados en billetes estadounidenses.
Es decir, el circuito provincial funciona con admirable pragmatismo financiero: primero se le otorga el servicio, se le suministran los insumos básicos, se perciben las jugosas divisas en dólares para las arcas públicas y, de manera posterior, se redacta una enérgica protesta legislativa exigiendo “repudiar” la presencia en Ushuaia de la mismísima embarcación a la que se le acaba de emitir la factura.
Al poner el foco en la intervención nacional del puerto -vía la Agencia Nacional de Puertos y Navegación-, la maniobra de Greve y el bloque FORJA busca desembarazarse de cualquier responsabilidad operativa e institucional. Intentan instalar un relato en el que el buque es un “visitante indeseado” impuesto desde Buenos Aires, silenciando convenientemente que la materia prima extraída, las concesiones vigentes y las ventanillas de cobro por los servicios de abastecimiento residen y tributan dentro del esquema económico que el propio oficialismo provincial valida y gestiona.
Este episodio deja al descubierto una muestra más de la flagrante hipocresía que suele envolver al discurso del Ejecutivo provincial cuando de soberanía se trata. La Causa Malvinas y la defensa del Atlántico Sur vuelven a ser utilizadas como un ropaje retórico de ocasión: firme y severo para las declaraciones legislativas ante la prensa, pero extrañamente flexible y acomodaticio a la hora de facturar en moneda extranjera a los buques que se pretende condenar.
