La situación del sistema educativo en la provincia atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras el inicio de un paro por tiempo indeterminado y la pérdida sostenida de días lectivos que se arrastra desde ciclos anteriores, se reabrió el debate legislativo para buscar mecanismos que garanticen el derecho a estudiar de los alumnos fueguinos frente al conflicto entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes.
En Costo Político por Radio Provincia, la legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Graciania, consideró que ante el actual panorama reinante en la provincia “estamos viviendo una tragedia educativa en Tierra del Fuego”, al tiempo que recordó que “los padres llegaron a tener que presentar amparos en la Justicia para que sus hijos tengan clases en las escuelas públicas”.
Según la parlamentaria, los adultos “no se ponen de acuerdo” y el impacto directo recae sobre los estudiantes: “Frente a un problema entre adultos que no se puede resolver, ¿Quiénes son los perjudicados? Los chicos”.
Ante este panorama, desde el bloque de La Libertad Avanza se presentó una iniciativa parlamentaria en la Legislatura provincial que busca declarar la educación como un servicio esencial. La propuesta no desconoce el reclamo ni el derecho a huelga del sector docente, pero pretende fijar un límite para que las escuelas no cierren de forma total.
“Pensamos en la posibilidad de, en el marco normativo provincial, declarar la esencialidad de la educación para poner un punto de equilibrio entre el conflicto, para que se respete y se reconozca el derecho de los docentes a protestar y la obligación de garantizar por lo menos un 75% de clases en cada establecimiento y por turno”, precisó.
El proyecto contempla además herramientas para proteger a las familias y asegurar el acceso a la información sobre el dictado de clases. Se propone exigir avisos previos antes de las medidas de fuerza y la implementación de un registro público de días efectivos de clase.
“Las familias tienen que ser informadas sí o sí 48 horas antes de las medidas de fuerza”, remarcó. Asimismo, la normativa obligaría al Ministerio de Educación a “generar un plan anual de recupero de clases en caso de conflicto e informar mensualmente, a través de un registro público y de acceso gratuito a los padres, qué cantidad de días efectivos de clases tuvieron”.
Más allá de la disputa salarial, la crisis en los colegios abarca graves problemas de infraestructura acumulados durante los últimos años. La falta de mantenimiento preventivo e inversión de fondo provocó suspensiones constantes de actividades por fallas en los edificios.
Es en este contexto que Graciania fue terminante: “Las escuelas realmente han sido parchadas durante estos últimos seis años por el gobierno actual; no ha habido una inversión real en infraestructura en Tierra del Fuego” y agregó que “los parches cada vez duran menos y se ve la falta de inversión”.
En cuanto a los proyectos de financiamiento educativo que se discuten en el ámbito legislativo, la legisladora fueguina marcó una postura firme respecto a no incrementar la presión tributaria sobre el sector productivo para sostener las cuentas públicas.
“No estamos de acuerdo con aumentar impuestos para financiar el Estado, no quereos al privado financiando al Estado”, aseveró y, por otro lado, cuestionó la demora en el tratamiento de iniciativas por falta de datos oficiales: “Pedimos un informe al Ministerio de Economía el 15 de mayo para ver la viabilidad de este proyecto que se había presentado en la Legislatura y todavía estamos esperando. Está trabando la discusión”.
Frente a los argumentos de las autoridades del Ministerio de Educación y de la conducción gremial del SUTEF, quienes atribuyen la crisis de recursos a los recortes de fondos del Gobierno nacional, la representante parlamentaria enfatizó la autonomía y responsabilidad constitucional de la provincia en la materia.
“La vez que les pedí explicaciones sobre la situación que atravesamos en la educación pública, se turnaron para contestarme ambos que la culpa es del Gobierno nacional”, cuestionó, y concluyó de manera categórica: “La educación está delegada a las provincias hace por lo menos 30 años. Es responsabilidad del Gobierno de la provincia y del Ministerio de Educación hacer frente a la educación en Tierra del Fuego; no es responsabilidad de la Nación”.
