


Proyectan un salvavidas provincial para deudores en riesgo

El Poder Legislativo de Tierra del Fuego suma a su agenda de debate un problema estructural que impacta de lleno en el presupuesto diario de la comunidad: el sobreendeudamiento de los hogares. El proyecto impulsado por el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) y el legislador Damián 'Loli' Löffler, propone la creación del Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal. La propuesta legislativa parte de un diagnóstico riguroso sobre la pérdida de poder adquisitivo, la suba de la morosidad y el peso de los compromisos financieros en la canasta básica de las familias en la provincia.
Los fundamentos del proyecto detallan la evolución de la problemática a escala nacional y local, subrayando el marcado incremento en el uso de créditos no bancarios y billeteras virtuales, donde los niveles de irregularidad crediticia registran cifras de gran preocupación.
En el plano provincial, la iniciativa toma como antecedente las medidas implementadas a fines de 2025 para empleados públicos, pero amplía de manera sustancial la cobertura. La intención es pasar de un esquema puntual y reactivo a una política pública preventiva que proteja el ingreso de cualquier residente fueguino en riesgo financiero.
El texto de la norma precisa que podrán acceder al programa las personas humanas que cuenten con al menos dos años de residencia en Tierra del Fuego y se encuentren clasificadas en las situaciones 1, 2 o 3 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Para calificar, los beneficiarios deberán acreditar que sus compromisos mensuales financieros absorben más del 30% de los ingresos totales del hogar. La inclusión explícita de los deudores en situación normal responde al objetivo central de intervenir antes de que la deuda derive en un colapso patrimonial o en la exclusión definitiva del sistema.
En cuanto a las deudas alcanzadas, la norma abarca las obligaciones derivadas de tarjetas de crédito y préstamos personales otorgados por entidades bancarias tradicionales, pero suma de forma estratégica a los Proveedores No Financieros de Crédito registrados ante el BCRA.
Esta decisión contempla las transformaciones recientes del mercado del crédito de consumo, donde amplios sectores acceden a financiamientos de costo elevado mediante plataformas digitales, aplicaciones y billeteras virtuales. Quedan excluidos expresamente los créditos hipotecarios, prendarios y las deudas contraídas de forma exclusiva para fines comerciales o empresariales.
El mecanismo operativo prevé que los fondos asignados tengan como destino único y exclusivo la cancelación o refinanciación directa de las acreencias, sin entrega de dinero en efectivo de libre disponibilidad al solicitante.
El programa busca agrupar y ordenar múltiples compromisos disperse de elevadas tasas y vencimientos en un esquema de pago unificado, previsible y sostenible a largo plazo, ajustado estrictamente a la capacidad real del grupo familiar.
Para dinamizar la implementación, la ley mandata al Banco de Tierra del Fuego a estructurar una línea especial de financiamiento ajustada a su marco normativo y con resguardo de su solvencia patrimonial. Asimismo, la propuesta faculta al Poder Ejecutivo provincial a aplicar esquemas de bonificación de tasa con fondos presupuestarios específicos, garantizando que el costo financiero final asumido por las familias beneficiarias resulte sensiblemente inferior al de las deudas originales.
El proyecto también promueve la adhesión voluntaria de otras entidades financieras y acreedores privados mediante la firma de convenios, fijando estrictos parámetros de transparencia. Previo a la firma de cualquier refinanciación, los usuarios deberán recibir información detallada sobre el Costo Financiero Total, las tasas aplicables, el plazo y el valor final de las cuotas.
Adicionalmente, se imponen criterios de exclusión patrimonial para propietarios de más de un inmueble o embarcaciones de recreo, priorizando a su vez a sectores vulnerables como hogares monoparentales, jubilados o familias con personas con discapacidad o pérdidas recientes del empleo.





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