Cuando la realidad exige menos micrófonos y más proyectos de ley

Reducir el esfuerzo diario de miles de familias fueguinas a una simple firma administrativa en un despacho porteño no solo revela una profunda insensibilidad social, sino una notable ceguera respecto al proceso histórico y territorial de nuestra provincia. 

Las recientes declaraciones del diputado Miguel Rodríguez al calificar la mano de obra industrial como un empleo “no genuino” merecen un rechazo contundente. Sin embargo, la discusión no agota su relevancia en la indignación inmediata.

El debate expone además la dramática inacción de una dirigencia política que prefiere ignorar el tema o apenas rechazarlo de forma mediática antes que asumir su verdadera responsabilidad institucional.  

Lo dicho por el diputado libertario merece algunas reflexiones. Porque un operario fabril, un técnico en inserción o un ingeniero de procesos que cumple su jornada en Río Grande o Ushuaia no depende de la caridad ni del azar. Su trabajo genera valor real, nutre el sistema previsional y sostiene al comercio de proximidad.

La industria manufacturera no funciona en el vacío, sino que moviliza el transporte, la logística, los servicios técnicos y la construcción en toda la provincia. Descalificar este motor económico tildándolo de artificial ignora el entramado urbano que sostiene la vida cotidiana en Tierra del Fuego.  

El régimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640 jamás se pensó como un capricho asistencialista ni como una concesión graciosa. Responde a una política de Estado orientada al poblamiento permanente y a la consolidación de la soberanía en el extremo austral del país. Resulta impensable imaginar a Río Grande transformarse en una ciudad de más de cien mil habitantes en una zona insular y de clima extremo sin el amparo de dicha normativa.

En todo el mundo los países protegen y subsidian sus regiones fronterizas estratégicas; someter la presencia territorial al libre arbitrio del mercado global es de una irresponsabilidad alarmante.

Por otro lado, es inadmisible procurar que la matriz de Río Grande se asimile de manera automática al perfil de la capital. Ushuaia cuenta con una dinámica turística privilegiada por su geografía, mientras que la zona norte requiere esquemas productivos de escala. Pretender reconvertir a más de diez mil trabajadores industriales al sector de servicios de la noche a la mañana resulta inviable económica y socialmente.

Además, la explotación hidrocarburífera y energética es un paso necesario, pero su carácter de capital intensivo genera una demanda de empleo directo significativamente menor a la de las líneas de montaje.  

Ahora bien, el diagnóstico crítico sobre el exabrupto de Rodríguez no debe encubrir una verdad igualmente incómoda. Es innegable que en las últimas décadas se ha hecho muy poco por diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego. La vulnerabilidad del sector fabril ante los vaivenes políticos nacionales no es culpa del trabajador ni de las plantas instaladas, sino de la falta de previsión a largo plazo de los sucesivos gobiernos. Se ha dependido en exceso de la prórroga continua de decretos en lugar de consolidar un desarrollo genuino e integrado.  

Es justamente ahí donde radica la contradicción central de las expresiones del diputado. Quienes ocupan bancas en el Congreso no fueron electos para desempeñarse como meros relatores de la realidad ni para lanzar críticas desde la comodidad de un micrófono.

Su obligación primaria consiste en proyectar, debatir y sancionar las leyes que faciliten la transición hacia nuevas escalas productivas. Si el modelo actual presenta fallas o dependencias indeseadas, corresponde a los legisladores redactar los instrumentos legales que atraigan inversiones sostenibles en petroquímica, tecnología y logística portuaria.

Descalificar la principal fuente de sustento fabril sin aportar una sola iniciativa viable en el recinto parlamentario es un ejercicio de pirotecnia verbal vacía. La diversificación productiva con valor agregado exige un trabajo legislativo serio, riguroso y consensuado.

Exige diseñar normativa complementaria, gestionar infraestructura y, sobre todo, construir certidumbre jurídica. Nada de eso se logra agrediendo el sustento de miles de hogares ni alimentando -desde el sur- prejuicios centralistas sobre el trabajo fueguino.  

La inestabilidad institucional de las reglas del juego no se resuelve demoliendo lo que existe, sino construyendo lo que falta. Si la dirigencia nacional y provincial coincide en que la provincia no puede quedar atada a un único régimen industrial, debe demostrarlo con proyectos concretos en el presupuesto y en el Boletín Oficial.

La inacción legislativa prolongada durante años no puede ser disimulada mediante declaraciones altisonantes que solo generan zozobra en las familias trabajadoras. El episodio que nos ocupa trasciende la desafortunada frase de un diputado en particular. Plantea una severa llamada de atención sobre el escaso vuelo de la representación política actual.

En momentos complejos, la sociedad fueguina requiere representantes capacitados para ofrecer soluciones reales, capaces de anticipar los desafíos del futuro con inteligencia y compromiso territorial. No necesitamos cronistas de la crisis, sino hombres y mujeres de Estado dispuestos a legislar con responsabilidad histórica.  

Considero que es imperioso reflexionar no solo sobre el agravio que representa tildar de “no genuino” el esfuerzo diario de un trabajador fabril, sino sobre el estándar que le exigimos a nuestra clase política.

Mientras la representación pública se reduzca a la descalificación fácil y a la ausencia de propuestas legislativas transformadoras, el futuro fueguino seguirá a merced de la incertidumbre.

Superar la mera queja y exigir proyectos de desarrollo concretos a quienes tienen la facultad de legislar en representación de todo un pueblo es el único camino para garantizar el desarrollo sólido y perdurable de nuestro territorio. 

Rodríguez: “La industria fueguina no es empleo genuino”