Christian Bisso
“Por falta de un clavo, se perdió la herradura. Por falta de una herradura, se perdió el caballo. Por falta de un caballo, el mensaje no se entregó. Por falta de un mensaje no entregado, se perdió la guerra”
(Proverbio japones. Anónimo)
Cuenta la leyenda que un alto miembro de la Dinastía Yamato, en el Japón feudal y allá por el año 1.100 de nuestra era, acuño esa sentencia sobre las consecuencias de los descuidos deliberados, que se volvió máxima de vida para el linaje reinante más antiguo de la historia de la humanidad.
Dicho proverbio ilustra a la perfección cómo la apatía inicial -muchas veces a partir de acciones minimizadas por quienes tienen la responsabilidad de conducir- termina resultando, de forma inevitable, en desastres mayores e inmanejables.
Las recientes reuniones del gobierno provincial con vecinos que reclaman con justa razón que no se recorte la provisión del subsidio al gas envasado, demuestran de manera palmaria cómo esos descuidos deliberados terminan convirtiéndose en desastres mayores. Lo que comenzó como un goteo de advertencias desatendidas en los despachos oficiales, hoy se ha transformado en un fuerte reclamo social en las calles de nuestra provincia.
Hay una marca de origen que explica esta crisis: la gestión de Gustavo Melella se caracteriza fundamentalmente por la improvisación. Y esa espontaneidad constante, casi amateur, terminó siendo profundamente perjudicial para su propio discurso.
La alarmante falta de previsión y las acciones que deliberadamente no se tomaron a tiempo derivaron en un reclamo que, más allá de cualquier intento de politización por parte de propios o extraños, se volvió un verdadero e inevitable dolor de cabeza para la gestión provincial.
Como ya dije más de una vez: la raíz del conflicto no se encuentra en factores externos ni en conspiraciones de la oposición; está en lo que decididamente no se hizo. Melella prometió una y otra vez obras de infraestructura que jamás realizó y, en paralelo, despilfarró valiosos recursos públicos que debió racionar con criterio de estadista.
Hoy el escenario es desolador: no hay obras terminadas ni en ejecución en ninguna de las tres ciudades, ni dinero en las arcas para hacerle frente a una demanda invernal que tal como se preveía, terminó saturando por completo la paciencia de la ciudadanía.
La magnitud del problema no es menor. En toda la provincia son más de 6 mil las familias que perciben -y necesitan- el subsidio de gas envasado para subsistir. La mayor parte de ellas se concentran en Ushuaia. La capital fue el epicentro del foco refractario que obligó a Melella a salir de su zona de confort, abandonar el blindaje mediático y sentarse cara a cara a explicarle a los damnificados por qué dice una cosa en los micrófonos y hace otra totalmente diferente en la realidad.
Y digo con absoluto convencimiento que no hay coherencia entre lo que expresa y lo que hace, porque este mismo gobernador que ahora asegura con liviandad que la plata no alcanza, y que argumenta que los recortes tienen más que ver con “optimizar” la prestación, es exactamente el mismo que tiempo atrás amenazaba a la distribuidora Camuzzi con juicios millonarios.
En aquel entonces, Melella aseguraba buscar recuperar de manera ruidosa el dinero que le había demandado al Estado hacer las obras que, según su relato, debió ejecutar la empresa privada para que el gas llegara finalmente a la puerta de cada usuario del servicio en la provincia. Hoy, de aquellas bravuconadas mediáticas no queda nada; solo la escasez.
Nicolás Maquiavelo escribía en su obra cumbre que el “príncipe prudente” es aquel que “no solo vela por los desórdenes presentes, sino también por los futuros” y que su habilidad natural reside en “prevenirlos con toda destreza”. Anticipación, ante todo; esa es la regla de oro de la gobernanza. Si se divisan los problemas cuando están naciendo, se remedian pronto; pero si se espera a que crezcan, por acción o por omisión, ya no hay medicina que valga.
Lamentablemente, nada de eso sucedió en Tierra del Fuego. Ante la parálisis del Ejecutivo, las respuestas intentan nacer desde otros sectores. Por estos días, una ex concejal de Río Grande impulsa con fuerza un proyecto de ley en la Legislatura para que el Gobierno finalmente haga las obras necesarias y blinde el subsidio, de una vez por todas.
Para lograr este objetivo, la iniciativa propone utilizar los recursos del Estado dispensados y que por ley debían devolver las empresas beneficiarias del Plan Progreso I y Progreso II de 2020 y 2021, entregados en plena pandemia de COVID-19.
Ante esta propuesta legislativa, la pregunta surge sola y golpea con fuerza la realidad fueguina: ¿Ese dinero está verdaderamente disponible en las cuentas públicas? ¿Las empresas beneficiadas devolvieron en tiempo y forma esos recursos millonarios que tenían otra finalidad y les fueron asignados excepcionalmente por la situación de emergencia? ¿Existe hoy un control real, transparente y auditable de la disponibilidad de esas cifras millonarias que bien podrían ser utilizadas para dotar de redes de gas a una importante porción de la sociedad que sufre el frío?
La máxima es implacable: cuando no te preparas, te estás preparando directamente para fracasar. En la alta política, la inacción, la desidia o la falta absoluta de previsión ante un escenario adverso no es un error de cálculo; equivale a diseñar minuciosamente tu propio colapso.
Gustavo Melella parece muy empeñado, por estas horas, en trazar su propia estructura del caos.
