Christian Bisso
La historia no se repite, pero rima. Y a veces, las rimas son tan evidentes que asustan, existiendo un hilo invisible que conecta la Buenos Aires de mediados del siglo XIX con la Tierra del Fuego actual.
Ese hilo es la paradoja del poder absoluto y la ceguera voluntaria: la historia de líderes que, encerrados en el eco de sus propios despachos, confunden sus deseos personales con el clamor de un pueblo, subestimando los límites institucionales hasta que la realidad, implacable, les pasa factura.
Para entender el laberinto político en el que el gobernador Gustavo Melella ha sumergido a Tierra del Fuego con su obsesiva y caprichosa insistencia en la reforma constitucional, es obligatorio viajar en el tiempo a la víspera de Caseros, en enero de 1852, y observar cómo se desmoronaba un gigante de la política argentina por el simple pecado de la tozudez.
Hacia 1851, Juan Manuel de Rosas llevaba más de dos décadas manejando los hilos de la Confederación Argentina. El ‘Restaurador de las Leyes’ se había convencido de una verdad inalterable: él era la Patria y, sin él, acontecería el caos.
Su estrategia de control era casi teatral; todos los años, con una falsa modestia que escondía un ego colosal, Rosas presentaba su renuncia al manejo de las Relaciones Exteriores ante la Legislatura de Buenos Aires y los gobernadores provinciales. Y todos los años el libreto se cumplía a la perfección, ya que las instituciones, domesticadas y temerosas, rechazaban la renuncia y le suplicaban que continuara al frente del destino nacional.
Pero el 1 de mayo de 1851, Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, decidió salirse del guion y firmó el histórico pronunciamiento aceptando la renuncia de Rosas. La reacción en Palermo, la lujosa residencia del Restaurador, fue la negación absoluta.
En la víspera de la batalla de Caseros, los allegados a Rosas repetían que Urquiza era un loco, un traidor sin apoyo y que los entrerrianos huirían despavoridos apenas vieran las banderas federales de Buenos Aires.
Rosas ignoró que el tejido social estaba agotado de la persecución de la Mazorca, el cuerpo de inteligencia que él mismo había montado para acosar a los díscolos, que las provincias del litoral arrastraban un ahogo económico insoportable por el bloqueo de los ríos y que el Brasil y el Uruguay ya formaban parte de una coalición militar imparable. Desconectado de la realidad, Rosas confió en que su estructura burocrática y su relato histórico bastarían para sostener un orden que ya solo existía en su mente.
Dando un salto cuántico en el tiempo para trasladarnos a la Tierra del Fuego de hoy, al cambiar los uniformes de la federación por los trajes de la ruinosa gestión pública, lo que encontramos en los pasillos de Ushuaia es una puesta en escena alarmantemente similar.
Al igual que Rosas en su epílogo, el gobernador Gustavo Melella parece haber quedado atrapado en un laberinto donde la realidad exterior no logra filtrar los muros oficiales. Su gran proyecto de legado, la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego, nació divorciada de las urgencias de la calle. Y así le va.
Mientras la ciudadanía fueguina asiste a un retroceso social y económico evidente -marcado por la crisis del empleo industrial, el déficit habitacional crónico, la falta de insumos médicos básicos en los hospitales públicos y un sistema educativo que tambalea-, la prioridad del Ejecutivo se estancó en reescribir la Carta Magna.
Frente al unísono reclamo de los sectores sociales que le señalan que la gente no llega a fin de mes y la reforma no le cambia la vida a nadie, Melella sigue ensayando defensas que rozan la desconexión rosista, llegando a asegurar textualmente que hay sectores políticos y económicos que tienen miedo a la reforma porque se les terminan los privilegios y que es una necesidad imperiosa para modernizar el Estado y ampliar los derechos de la ciudadanía.
Esta frase, que busca teñir de épica de transformación popular a su capricho político, se estrella de frente contra una realidad donde el ciudadano común percibe la reforma no como una ampliación de derechos, sino como un andamiaje diseñado para la auto reproducción del poder político y la discusión de cargos para amigos y socios.
Pero Melella sigue sin comprender algo vital: la sociedad civil no está pidiendo un nuevo texto constitucional, sino que el Estado funcione. Al insistir de manera hartante con que este proceso es imperioso para la gente, el gobernador ejecuta el mismo error de lectura que cometieron los ministros de Juan Manuel de Rosas: confundir la agenda de la corporación política con las necesidades reales de la población.
El colapso de Rosas en Caseros no ocurrió por un accidente táctico, sino porque subestimó tres dimensiones fundamentales: el humor social de su pueblo, la fractura de sus aliados políticos y la fuerza de un orden institucional alternativo liderado por Urquiza.
Siglos después, Melella ha replicado esa triple subestimación en el escenario fueguino con una precisión milimétrica. En primer lugar, operó la subestimación social; así como Rosas creía que los bonaerenses marcharían ciegamente a defender su régimen por pura inercia, la gestión provincial asumió que la sociedad fueguina convalidaría la necesidad de la reforma de manera pasiva. Y la realidad demostró lo contrario.
En segundo lugar, hay que destacar la subestimación de la Legislatura, donde la estructura política que sostenía la declaración de la necesidad de la reforma empezó a crujir desde adentro hace ya mucho tiempo. Las alianzas parlamentarias, que en la política moderna equivalen a los pactos entre gobernadores del siglo XIX, se mostraron volátiles.
Finalmente se sitúa el freno del Poder Judicial, siendo este quizás el capítulo donde la negación de la realidad se vuelve más evidente. El avance judicial, con recursos de amparo y fallos que pusieron una pausa forzada a los plazos del Ejecutivo, fue recibido por los voceros oficiales no como un recordatorio saludable de la división de poderes, sino como un palo en la rueda de supuestas corporaciones.
En la historia argentina, cuando un líder se convence de que su voluntad es ley, suele aparecer una frase que resume su caída. Domingo Faustino Sarmiento, un observador implacable de la época rosista, escribió en sus cartas previas al quiebre del régimen que “los tiranos se ciegan antes de caer, porque creen que su sistema es eterno debido a que el terror o la costumbre han silenciado las voces del descontento”.
Salvando las distancias democráticas, y las evidentes diferencias de calidad y trascendencia política entre Rosas y Melella, la lógica del encaprichamiento es idéntica: el gobernador fueguino interpreta el silencio o la prudencia institucional de los meses previos como una luz verde eterna, sin registrar que el descontento se acumula silenciosamente bajo la superficie.
El principal problema de Gustavo Melella no es una falta de astucia política, sino un padecimiento mucho más profundo y dañino para la provincia: una alarmante falta de conciencia de espacio y tiempo.
Gobernar Tierra del Fuego exige comprender el mapa local y requiere registrar que la provincia navega una tormenta económica perfecta, donde la sociedad demanda una austeridad franciscana junto a una gestión que debería estar hiper enfocada en los servicios esenciales.
Sin embargo, el gobernador parece estar viviendo en una realidad paralela, un microclima de 1851 donde cree que todavía cuenta con el margen político, los recursos económicos y el cheque en blanco de una sociedad que hoy, en verdad, está agotada de su falta de gestión.
Esta negación sistemática de la realidad somete a Tierra del Fuego a un estado de estancamiento crónico. La agenda pública, hoy, está paralizada. El retroceso social y económico avanza a paso firme por la Ruta 3.
Los hospitales siguen sin médicos, las escuelas pierden días de clases por problemas de infraestructura básica y la provincia pierde competitividad estratégica en un país que se reforma a velocidad de vértigo.
Juan Manuel de Rosas descubrió la realidad de un solo golpe el 3 de febrero de 1852 en los campos de Caseros, dándose cuenta de que sus supuestas legiones eran fantasmas y que su poder se había evaporado mucho antes de que sonara el primer cañonazo.
Firmó su renuncia, apoyado en el tronco de un algarrobo y partió al exilio. Gustavo Melella debería mirarse en ese espejo de la historia argentina porque la tozudez no es sinónimo de firmeza, sino que la mayoría de las veces es simplemente el prólogo del final.
Insistir con un proyecto que la sociedad no reclama, la Legislatura objeta y la Justicia aplaca, no es liderar: es empujar a toda una provincia al abismo del atraso, simplemente por la incapacidad de aceptar que el tiempo de los caprichos políticos ya se terminó.
