Christian Bisso
Desde hace varios vengo planteando la necesidad de una instancia de diálogo serio entre el Gobierno fueguino y los diferentes organismos del poder provincial que permita superar de una vez por todas el estado de conflicto permanente que mantiene en vilo a Tierra del Fuego.
Y esa demanda parece haberse concretado el día de hoy. Aunque bien vale la pena hacer algunas salvedades para que se entienda el fondo y la forma del acercamiento de partes. Porque en el actual contexto, el llamado a una mesa técnica entre el Gobierno provincial y los equipos económicos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin no es un acto de madurez política; es el manotazo de ahogado de una gestión que se quedó sin caja para seguir financiar su propia ineficiencia.
Con una deuda flotante que asfixia a los proveedores, un déficit fiscal generalizado y un descalabro financiero estructural, la convocatoria actual expone la fragilidad de un modelo provincial agotado.
Sin embargo, el principal interrogante no gira en torno a las planillas de Excel que se pusieron sobre la mesa de negociación, sino a la hipocresía de algunos de los actores sentados a la mesa y el uso de las leyes como herramientas de extorsión política.
El escenario actual es el resultado de una provincia hipertrofiada donde el gasto público avanzó sistemáticamente por encima de los ingresos reales. Mientras la actividad económica provincial se desmorona, el Ejecutivo provincial retuvo discrecionalmente miles de millones de pesos en concepto de coparticipación para tapar sus propios baches, destruyendo la cadena de pagos y paralizando la obra pública en las comunas.
La necesidad de una Ley de Goteo diario ya no es un debate técnico, sino un imperativo de supervivencia institucional para evitar que los municipios queden rehenes del humor y la conveniencia política de Gustavo Melella.
Por otra parte, entiendo que también es imperioso abandonar la frialdad de los números para adentrarse en el barro de la interna política, particularmente en la encarnizada disputa de poder entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.
La conducta del jefe comunal capitalino expone una alarmante duplicidad discursiva: mientras de cara a las cámaras y en los despachos oficiales su gestión reclama “diálogo consensuado”, “madurez institucional” y “previsibilidad”, por detrás azuza de forma sistemática manifestaciones y escraches frente a la Casa de Gobierno.
Esta estrategia de presionar en la calle con el conflicto social mientras se sonríe en la mesa de negociación desnuda una alarmante contradicción: Vuoto no busca solucionar el problema de fondo de los fueguinos, lo que pretende de forma obsesiva es desgastar al rival de turno de cara al armado político futuro.
A este cóctel de desconfianza se le suma el conflicto legislativo en torno a la Ley de Goteo. Las recientes maniobran permiten leer que, lejos de tratarse de una búsqueda genuina de institucionalidad republicana, el reciente retorno del proyecto a comisión para ser debatido deja expuestos los hilos de una negociación que, como mínimo, llama la atención.
Por eso, hago una pregunta inevitable: ¿Es esa ley en defensa de los recursos de las ciudades una bandera de transparencia, o simplemente la última moneda de cambio del intendente de Ushuaia?
La sospecha de que los legisladores que responden orgánicamente a Vuoto están dispuestos a dilatar o flexibilizar el debate de la ley a cambio de un beneficio financiero directo, discrecional para la ciudad de Ushuaia deslegitima la discusión. Una vez más, Vuoto hace gala de su cuestionable actitud ventajera de corto plazo.
Frente a esta realidad, se abren tres escenarios posibles para este diálogo de urgencia: El primero, y más probable, es el del parche financiero. Los que saben del tema aseguran que lo más probable sería que se arribe a una conciliación de deudas cruzadas, donde la provincia libere fondos a cuentagotas para aliviar las arcas municipales urgentes de Ushuaia a cambio de dos condiciones: que Vuoto desmovilice la presión callejera y que sus legisladores congelen la Ley de Goteo en comisión.
El segundo escenario es el del bloqueo mutuo y la ruptura radical. Si el intendente de la capital decide que el rédito político de la victimización supera los beneficios del pacto, la mesa técnica está destinada al fracaso.
Así, sería probable que el vuotismo intente forzar una resolución sobre la Ley de Goteo en comisión para usarla como un garrote contra Melella, mientras la provincia profundiza la retención de recursos. En el medio, los municipios van a sufrir indefectiblemente un colapso en los servicios esenciales, arrastrando al sector privado y a los proveedores locales a una crisis terminal.
El tercer escenario, el ideal y menos factible dada la baja calidad institucional de los líderes actuales, sería una reforma fiscal integral sin extorsiones. Esto implicaría que Melella acepte el goteo automático de recursos renunciando a la billetera como látigo político, que los legisladores sancionen la ley de forma pareja para las tres intendencias sin privilegios, y que el propio Vuoto asuma un compromiso de austeridad real en el gasto político de la ciudad, dejando de utilizar las arcas públicas como permanente unidad básica de campaña.
La convocatoria actual genera bastante más escepticismo que esperanza. Si este promocionado diálogo es solo una puesta en escena para simular una institucionalidad que los propios protagonistas dinamitan en privado, estamos ante una farsa más. Si las leyes fundamentales de nuestra provincia se reducen a meros pliegos de condiciones en una negociación de poder, el destino ya está marcado.
El resultado será el mismo de siempre. Asistiremos a una tregua temporal y ficticia entre dirigentes; ni más ni menos que un pacto de cúpulas para repartirse la miseria y las penurias sociales que ellos mismos provocaron. Un libreto repetido donde los políticos se aseguran la supervivencia mientas las urgencias reales de la gente quedan, otra vez, archivadas en el fondo de un cajón.
Y en el medio de este fuego cruzado, quedamos nosotros. Los ciudadanos fueguinos que asistimos una vez más, como espectadores involuntarios y rehenes de la desidia, al descalabro definitivo de nuestra propia provincia.
