El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, resolvió vetar la ley sancionada recientemente por la Legislatura provincial que buscaba abrogar la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constitución provincial.
La decisión del Ejecutivo provincial se da en medio de una intensa discusión política en la provincia, centrada en las permanentes escaramuzas entre el Ejecutivo y el legislativo provincial, en medio de una crisis social sin precedentes.
Cabe recordar que la Legislatura había aprobado un proyecto para dar marcha atrás con el llamado a la reforma constitucional, argumentando la necesidad de evitar el gasto público que conlleva el proceso electoral y convencional en el contexto económico actual. Sin embargo, Melella ratificó la necesidad de actualizar la Carta Magna provincial -vigente desde 1991- y utilizó su facultad de veto para mantener en firme la convocatoria.
Desde los sectores de la oposición y algunos bloques aliados que acompañaron la abrogación en la Legislatura justificaron que la prioridad del electorado se enfoca en la situación socioeconómica y no en una reforma estructural.
Por su parte, los defensores de la postura del gobernador sostienen que la modernización de la Constitución es una deuda institucional que permitirá adecuar la provincia a los desafíos actuales.
Con el veto ya firmado, el escenario político fueguino se traslada nuevamente al parlamento provincial, donde los legisladores deberán definir si aceptan la decisión del mandatario o buscan insistir con la ley derogatoria mediante una mayoría especial.
En paralelo, el debate está también atravesado por la aprobación y posterior veto del mecanismo de coparticipación automática diaria, que la Legislatura avaló por mayoría bajo la denominación de Ley de Goteo Diario.
Mientras que los intendentes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin reclaman la regularización y previsibilidad de estos envíos para garantizar la autonomía financiera de sus municipios, desde la administración central se argumenta la necesidad de administrar los recursos con base en la recaudación real y las prioridades provinciales.
