La tensión institucional en Tierra del Fuego alcanzó un nuevo pico tras el duro cruce entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial. El conflicto se desató luego de que la jueza electoral, Mariel Zanini, resolviera no fijar el cronograma para la elección de convencionales constituyentes, argumentando la necesidad de actuar con “prudencia” ante la inestabilidad del proceso y los recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El ministro jefe de gabinete, Jorge Canals, fue el encargado de encabezar la ofensiva del Gobierno. El funcionario calificó la decisión como una “maniobra obstructiva” y acusó a la magistrada de ejercer un “activismo judicial mal entendido”. Canals fue más allá al señalar: “Que la jueza nos venga con que hay un recurso pendiente es una excusa sin fundamentos. En lo civil, la queja no suspende nada. Eso lo sabe cualquier abogado recién recibido”.
Para el jefe de gabinete, la postura del juzgado representa un obstáculo directo a la voluntad popular: “La jueza está poniendo palos en la rueda de la democracia fueguina” y además advirtió que la resolución es un acto de “irresponsabilidad institucional”.
En un tono que elevó decididamente la temperatura política provincial, concluyó: “Si no lo corrige, que se haga cargo de las consecuencias políticas de retrasar la Constitución que los fueguinos nos merecemos”.
La respuesta no se hizo esperar. La Asociación de Magistrados y Funcionarios (AMyF), junto a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), emitieron un comunicado conjunto expresando su “profunda preocupación institucional” por los dichos del ministro.
Las entidades recordaron que, si bien las sentencias son opinables, no se puede naturalizar “el agravio público, la descalificación política ni las insinuaciones sobre eventuales ‘consecuencias’ dirigidas hacia una jueza”.
Desde AMyF subrayaron que la independencia judicial existe para que los jueces decidan “sin condicionamientos políticos ni institucionales provenientes del poder de turno” y rechazaron de plano que el control de legalidad sea un freno a la democracia, sosteniendo que el sistema republicano se basa justamente en el equilibrio y el control de los actos del Estado.
Un agravante señalado por los sectores judiciales es el rol dual de Canals, quien además de ministro integra el Consejo de la Magistratura. En este sentido, el ex juez electoral Isidoro Aramburu calificó las declaraciones como un “apriete” y advirtió sobre la gravedad de que un consejero intimide a una jueza: “Hay una comisión de un delito gravísimo en las afirmaciones del señor Canals”, sentenció el letrado en medios locales.
Por su parte, el comunicado de los magistrados cerró con una defensa cerrada de la división de poderes, afirmando que “sin independencia judicial no hay democracia posible”. Las organizaciones consideraron que las manifestaciones de Canals exceden la crítica jurídica y se interpretan como una presión institucional incompatible con el orden constitucional.
El conflicto deja el proceso de reforma en un limbo jurídico. Mientras el Ejecutivo ratifica que defenderá la convocatoria “hasta las últimas consecuencias”, la Justicia Electoral mantiene la cautela a la espera de que el Ministerio Público Fiscal dictamine sobre el traslado ordenado por Zanini para intentar destrabar el cronograma electoral.
