Operador, lobbista, facilitador o diplomático en las sombras. Los calificativos abundan para definir a Fernando Lin -cuyo nombre en chino es Lin Yun Yo- el empresario argentino de ascendencia china que logró consolidarse como el nexo indispensable para los contratos multimillonarios entre Buenos Aires y Beijing durante las últimas dos décadas.
Sin embargo, su capacidad para tejer acuerdos con administraciones de signos políticos opuestos -desde el kirchnerismo más duro hasta el riñón del macrismo- corrió en paralelo con un historial de controversias que abarcan desde el desvío de fondos públicos hasta la explotación de recursos soberanos.
Los primeros pasos de Lin en las ligas mayores de la obra pública local se dieron de la mano de Franco Macri. Lin actuó como el estratega de la constructora SOCMA para intentar quedarse con la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas, creando incluso la firma binacional Shima.
El proyecto naufragó en medio de feroces disputas en los despachos de los exfuncionarios Julio De Vido y Ricardo Jaime, sembrando las primeras sospechas sobre el direccionamiento de contratos en el sector del transporte.
Como representante de la firma Tierra del Fuego Energía y Química (TdFEyQ), Lin prometió una inversión de 600 millones de dólares para instalar una planta de metanol en Río Grande. La polémica estalló en 2010 cuando la Justicia comenzó a investigar el pago de pasajes a China para funcionarios provinciales.
El propio Lin admitió que los boletos aéreos habían sido costeados por la empresa controlada por el Estado asiático. Hacia 2012, ahogado por las trabas del Gobierno nacional y los cuestionamientos opositores por el valor subsidiado que se pretendía otorgar al gas, el proyecto se canceló de forma definitiva.
Con la llegada de Florencio Randazzo al Ministerio del Interior y Transporte, en 2013, Lin regresó al centro de la escena como intermediario excluyente ante el gigante estatal CSR Sifang. Aunque el Gobierno celebró la renovación total de las flotas de las líneas Mitre y Sarmiento, el arco opositor y los industriales locales impugnaron la falta de licitaciones públicas y el cobro de supuestas comisiones millonarias en favor del entramado de intermediarios.
Durante la gira presidencial de Mauricio Macri por China en 2017, la presencia de Lin en la delegación oficial causó indignación política. Quien fuera un asiduo visitante del esquema de negocios kirchnerista reapareció como enviado especial del Grupo Roggio.
Allí, Lin asistió al financiamiento por 2.000 millones de dólares otorgado por el EximBank para reactivar, irónicamente, el mismo trazado del Belgrano Cargas que él había diseñado doce años antes.
A fines de la década, el nombre de Lin comenzó a orbitar los despachos de la Subsecretaría de Pesca. Se le atribuyeron gestiones reservadas en favor de cámaras empresariales asiáticas cuyos buques -muchos señalados por operar ilegalmente al límite de la denominada “Milla 201”- buscaban establecer bases logísticas, de mantenimiento y reabastecimiento en puertos de la Patagonia. Cámaras pesqueras argentinas y colectivos ambientales denunciaron este accionar como un intento encubierto de blanquear la depredación del calamar en el Mar Argentino.
Su última gran polémica conocida, en 2021, combinó la diplomacia cultural con el secretismo financiero. Consolidado como un refinado mecenas, Lin financió muestras de artistas contemporáneos chinos en los circuitos más exclusivos de Buenos Aires.
No obstante, reportes de inteligencia financiera y expedientes judiciales pusieron la lupa sobre su multimillonaria colección privada de arte asiático. Las sospechas apuntan a que el mercado de obras de arte internacionales pudo haber sido utilizado como un vehículo de “resguardo patrimonial” para canalizar las millonarias ganancias derivadas de sus históricos servicios de intermediación estatal.
