La Legislatura de Tierra del Fuego vivió una jornada de extrema tensión política al frenar el proceso de reforma de la Constitución Provincial impulsado por el gobernador Gustavo Melella. En un escenario de fuerte confrontación institucional, los bloques de la oposición avanzaron con el tratamiento de un proyecto para derogar la Ley 1.529, la normativa que originalmente declaró la necesidad de la reforma y que sirvió de base para la reciente convocatoria oficial a elecciones.
La sesión se produjo apenas horas después de que el mandatario fueguino firmara el Decreto 0751/26, fijando para el próximo 9 de agosto la elección de los 15 convencionales constituyentes. La decisión de Melella de activar el cronograma electoral, a pesar del rechazo legislativo, fue calificada por sectores opositores como un “hecho consumado” frente a una Legislatura que hoy mayoritariamente considera que no es el momento “oportuno” para el proceso debido a la crisis económica.
Durante el debate, los legisladores que impulsaron la derogación argumentaron que la reforma carece de “legitimidad social”, citando relevamientos que indican que más del 70 % de la ciudadanía desaprueba el rumbo de la provincia y rechaza la modificación de la Carta Magna en este contexto.
Asimismo, el conflicto se agrava por la fractura política con el Partido Justicialista (PJ) y otros bloques que, tras haber apoyado inicialmente la ley de reforma en 2023, ahora denuncian que el proceso busca “objetivos personales” del Ejecutivo.
Desde FORJA defendieron la validez del llamado a elecciones basándose en fallos previos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que avalaron la legalidad del procedimiento. Sin embargo, la sanción legislativa para dejar sin efecto la ley de reforma coloca a la provincia en una zona de incertidumbre jurídica, ya que abre una disputa directa sobre si Melella puede continuar con un proceso electoral cuya ley de origen ha sido formalmente anulada por el Parlamento.
Este choque de poderes marca uno de los puntos más críticos de la gestión actual, dejando en suspenso el futuro institucional de Tierra del Fuego. Mientras el Ejecutivo sostiene que la reforma es necesaria para “modernizar el Estado y eliminar privilegios”, la mayoría legislativa ha decidido poner un freno rotundo, priorizando la estabilidad financiera y atendiendo al clima de descontento social que rodea a la iniciativa constituyente.
