Christian Bisso
Por estos días, la política fueguina parece estar ocupada solo de sus propios problemas y se olvidó por completo de las necesidades de una sociedad que los mira con desconcierto y que no encuentra del otro lado respuestas válidas.
Es, en definitiva, un Estado que se corrió de su rol y decidió poner el foco en sus luchas intestinas, que solo interesan a quienes decidieron encarar cruzadas personales, siempre pensando en los procesos electorales que están por venir.
Y por eso, en el actual escenario que atraviesa Tierra del Fuego, la comparación entre nuestra provincia y las que integran la región patagónica, se volvió estrictamente necesaria para desnudar la parálisis gubernamental que padecemos a diario.
Mientras las provincias continentales diseñan políticas de Estado para adaptarse a la crisis y fomentar el desarrollo, nuestra isla parece sumergida en un letargo administrativo donde la falta de ideas es la única constante de la gestión de Gustavo Melella.
Y para avanzar en la necesaria comparación, les propongo comenzar por el norte de la región. La Pampa demuestra que el Estado puede ser un motor de modernización. La Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta ha seleccionado 7 proyectos de base tecnológica para responder a demandas reales del mercado, desde el agro hasta las industrias creativas, pasando por actividades tradicionales que buscan reformularse a la época.
La principal característica de ese plan es que el Estado provincial no solo brinda herramientas de desarrollo a los emprendedores, sino que, además, ha tejido una red de acompañamiento para que los proyectos logren mecenazgo o financiamiento privado que les permita avanzar al siguiente nivel.
En Tierra del Fuego, por el contrario, el discurso de la ampliación de la matriz productiva se ha quedado en un eslogan vacío. No hay un ecosistema real que brinde asistencia técnica personalizada ni mentorías para escalar proyectos locales -y mucho menos recursos monetarios- dejando a nuestros talentos jóvenes a la deriva.
La Agencia de Innovación Fueguina, el organismo que preside Analía Cubino, parece ser más un reservorio de empleo militante que una usina generadora de talento. ¿Y por qué digo esto? Porque en 2023, la “Fabrica de Talentos”, tal como la denominó el gobierno, empleaba a 87 personas y tenía un presupuesto de $ 4.000 millones. Este año, la estructura creció hasta los 215 empleados y el presupuesto total del área es de $11.000 millones. A la fecha, no se conoce desarrollo, acompañamiento o fortalecimiento de ningún emprendimiento que provoque orgullo en la provincia y que justifique el sostenimiento de tal estructura elefantiásica.
Seguimos. En Río Negro, la gestión de Alberto Weretilnek ha logrado poner en marcha la mina Calcatreu, el primer proyecto impulsado bajo el régimen del RIGI en esa provincia. Lo más destacable es la visión estratégica: se determinó por ley que el 80% de los puestos de trabajo deben ser para residentes locales.
La iniciativa arrancó con 200 puestos de trabajo directos y un centenar de manera indirecta y se estima que esas cifras van a duplicarse durante los próximos 12 meses.
Mientras tanto, en Tierra del Fuego, la discusión sobre el aprovechamiento de recursos naturales o la atracción de inversiones bajo nuevos marcos legales está ausente, perdiendo oportunidades históricas de generar empleo genuino y directo.
La única propuesta real del gobierno de Melella es tan triste como dramática. A través de la empresa estatal Terra Ignis, la firma Velitec va a explotar pozos petroleros en el norte de la provincia. A poco de la firma del convenio entre ambas, se supo que Velitec casi no tiene solvencia financiera y que, además, encaró un proceso de despidos masivos que ya provocó más de 150 bajas aun cuando el gobierno sigue diciendo que el proyecto es indispensable para sostener la mano de obra en la actividad.
Por otro lado, Río Negro también aborda un grave problema del sector docente con pragmatismo, otorgando puntajes extra a los educadores residentes en la provincia para fortalecer el arraigo en ciudades limítrofes donde la cantidad de educadores en el aula fluctúa permanentemente.
La medida que debate la Legislatura provincial tuvo efecto inmediato: fue bien recibida por la comunidad educativa y por la ciudadanía, que observó una respuesta concreta ante la realidad imperante. No hubo debates cargados de sesgo ideológico ni escenarios apocalípticos para frenar la propuesta. Había un problema, se identificó una posible solución y hoy, el Gobierno neuquino, los legisladores y diversos sectores sindicales y sociales trabajan para hacerle efectiva.
En nuestra provincia, el sistema educativo parece una cáscara vacía, donde no se debaten incentivos que prioricen a quienes eligen formarse y permanecer en la isla, ignorando la importancia de la continuidad pedagógica en un entorno tan particular como el fueguino.
Aquí la discusión se limita al salario y, de vez en cuando, a las condiciones edilicias de los establecimientos escolares. Todo otro debate que pretenda mejorar el sistema, parece vedado por un gremio intransigente y un gobierno sin iniciativa ni capacidad de gestión.
La crisis habitacional es quizás el síntoma más doloroso de la gestión de Melella. Mientras en Neuquén, de la mano de Rolando Figueroa, se lanza un ambicioso plan de créditos hipotecarios con el objetivo de alcanzar 20.000 soluciones en dos años, acá la respuesta es el silencio o la resignación.
El plan neuquino prevé cuotas que no superen el 30% de los ingresos familiares, una medida de auxilio real que en Tierra del Fuego brilla por su ausencia, condenando a miles de fueguinos al mercado de alquileres impagables o a la precariedad.
Por estos días, la única iniciativa de fomento que se conoció fue la decisión del Banco Tierra del Fuego de otorgar créditos “a tasa conveniente” para que quienes reúnan los requisitos, accedan a financiamiento para construir redes de gas domiciliario. Y todo porque la crisis del gas envasado en la provincia amenaza con llevarse puesto los endebles cimientos de la gestión de Melella.
Ni siquiera hay un esfuerzo en cumplir propuestas de campaña: el gobernador fueguino prometió reclamarle vía judicial a Camuzzi más de 48 millones de dólares por obras que la distribuidora de gas debió realizar. Todo quedó en un amague, al mejor estilo Melella.
En Chubut, el gobierno de Ignacio Torres ha entendido que la pesca de merluza es la clave para diversificar una actividad estancada. Han logrado negociar con el gobierno nacional capacitaciones para reconvertir trabajadores de otros sectores y recuperar el terreno perdido.
Tierra del Fuego, rodeada de mar, sigue sin una política pesquera que transforme nuestra riqueza marítima en miles de puestos de trabajo; preferimos seguir dependiendo exclusivamente de un régimen industrial siempre bajo fuego, sin ofrecer alternativas reales a los trabajadores.
Y la situación en las escuelas vuelve a ser punto de comparación, porque incluso ante problemas estructurales como la caída de la matrícula estudiantil -un fenómeno que afecta tanto a Río Negro como a Santa Cruz- las respuestas son más proactivas fuera de nuestra frontera.
Santa Cruz, gobernada por Claudio Vidal, implementó el “Resguardo Educativo” para garantizar que los docentes continúen en funciones y cobren sus sueldos a pesar de la baja de alumnos, reorganizando las instituciones hacia el fortalecimiento de las trayectorias escolares. Un plan que, ni más ni menos, pretende que cada alumno de la provincia que arranque su formación, la concluya en los plazos previstos.
En Tierra del Fuego, la gestión educativa carece de esa flexibilidad para proteger el empleo y mejorar la calidad en tiempos de crisis. La discusión sobre cómo y qué se enseña en las aulas de nuestras escuelas, está clausurada. Porque hablar de otra cosa que no sean salarios, al menos acá, parece estar vedado.
La comparación evidencia que el problema de Tierra del Fuego no es solo la coyuntura nacional, sino una profunda falta de gestión interna. No surgen proyectos para sectores estratégicos, no hay defensa efectiva de la mano de obra local con nuevas inversiones y mucho menos una política de vivienda que merezca tal nombre.
La administración de Melella parece esperar que las soluciones caigan del cielo o lleguen vía presupuesto nacional, renunciando a la capacidad de iniciativa que sí demuestran sus pares patagónicos.
Mientras provincias como La Pampa generan entrevistas con inversores internacionales para escalar proyectos tecnológicos, nosotros seguimos debatiendo sobre una reforma constitucional que parece más orientada a la política de corto plazo que a resolver las necesidades de la gente.
El costo de esta inacción es el estancamiento de una provincia que lo tiene todo para ser líder, pero que hoy camina a la retaguardia de la región.
La realidad es demoledora. Mientras la Patagonia se mueve y se reinventa, Tierra del Fuego se erosiona bajo una conducción que carece de visión de Estado. Con Gustavo Melella a la cabeza, la provincia ha perdido su capacidad de liderazgo y su audacia para transformar el territorio.
Sin ideas, sin créditos para la vivienda, sin fomento a la tecnología y sin una defensa real del trabajo local, no hay futuro posible para Tierra del Fuego.
Así, es evidente que estamos ante una gestión agotada que nos condena a ser nada más que espectadores del progreso ajeno.
