Christian Bisso
La Legislatura de Tierra del Fuego se presenta como el epicentro de las decisiones que marcarán el pulso de la provincia en los próximos meses. Tras un inicio de año marcado por los reclamos de diversos sectores ante la constante escasez de fondos, el cuerpo legislativo ha pasado de ser un espacio de debate a un tablero de definiciones críticas.
Por eso, te propongo que analicemos las cinco razones clave por las que el Parlamento provincial va a cumplir un rol fundamental en el puso político de una provincia en caída libre y sin miras de revertir la cruda realidad.
No tengo dudas que el debate sobre el goteo diario de coparticipación es el tema central por las repercusiones que puede provocar en el futuro inmediato de una gestión que no tiene herramientas para sacar la cabeza del pozo.
Este es quizás el punto de mayor fricción política inmediata. La Legislatura tiene en agenda la propuesta para implementar el goteo diario de recursos coparticipables hacia los municipios (Río Grande, Ushuaia y Tolhuin), con una propuesta que divide las aguas.
Es clave la iniciativa porque determinará la autonomía financiera real de los intendentes frente al Poder Ejecutivo provincial. En un contexto de recursos escasos, el control del flujo de caja es la herramienta política más potente de la provincia.
Con menos polémica, pero de igual modo ampliamente discutida, la encrucijada del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, más conocido como RIGI por sus siglas, parece tener camino ciertamente despejado, aun con las críticas que ya se ciernen sobre la iniciativa.
La adhesión de Tierra del Fuego al RIGI nacional ha generado fracturas internas en los bloques. Legisladores de sectores como Provincia Grande ya han adelantado su rechazo, mientras que otros espacios analizan el impacto sobre el régimen industrial de la Ley 19.640.
Es evidente que la Legislatura será el filtro que decida si la provincia se alinea con la estrategia de inversiones de Nación o si mantiene una postura autonómica, lo que algunos consideran podría afectar a largo plazo las proyecciones económicas del sector privado fueguino.
Asimismo, la posible derogación de la Reforma Constitucional también forma parte del temario candente de una Legislatura que decidió pararse de frente a los asuntos más polémicos de la política fueguina, quizá por decisión propia o tal vez por obligación. La verdad, difícil saberlo.
Existe una presión creciente, encabezada por proyectos de legisladores como los del bloque Somos Fueguinos, para derogar el llamado a la Convención Constituyente. Sin embargo, el futuro de la propuesta del gobernador Gustavo Melella parece navegar el curso previsto por el propio mandatario.
Sin embargo, si la Legislatura decide frenar la reforma, estaría desarticulando el proyecto político más ambicioso del Ejecutivo. No tengo dudas que se trata de una pulseada directa sobre la arquitectura jurídica y el futuro institucional de la provincia.
Otro tema candente es la situación de la Obra Social del Estado Fueguino. Los reclamos abundan y la indignación ciudadana está en punto de ebullición. Es que cuando los que reclaman salud pierden la vida esperando, nada parece ser más urgente, salvo para un gobierno anodino y antipático.
Lo cierto es que al no haberse aprobado un presupuesto nuevo para 2026, la provincia opera con partidas prorrogadas por más de $ 2,4 billones. Sin embargo, la Legislatura mantiene la potestad de autorizar ampliaciones y, fundamentalmente, de intervenir en la crisis de la Obra Social del Estado Fueguino, tal como algunos auguran.
Es que no es altamente probable que la gestión de la salud estatal y el manejo de los fondos en un año de inflación sostenida pondrán a los legisladores en el rol de “auditores activos” de la paz social provincial que el Gobierno declama pero que parece decidido a boicotear con su permanente inacción.
Otro tema de amplio debate será, sin dudas, el rol geopolítico de Tierra del Fuego y la Causa Malvinas. Por tratarse de un tema sensible y siempre en agenda, las miradas también estarán puestas en la Legislatura para observar cómo se desenvuelven los parlamentarios de la oposición, pero, principalmente, los que responden al oficialismo.
Con la agenda legislativa trasladándose recientemente a Río Grande y el trabajo intenso de la Comisión 7 de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida que preside Federico Sciurano, el Parlamento local está buscando blindar la postura provincial ante el escenario internacional y nacional.
Temas como el radar de LeoLabs o la integración de la Cuestión Malvinas en la currícula escolar -en discusión actual- permiten a la Legislatura marcar una agenda que trasciende lo administrativo y se mete de lleno en la soberanía, un tema de alta sensibilidad para el electorado fueguino.
Queda en evidencia que, ante un Ejecutivo lento, sin reflejos y de escasa proactividad que gestiona con herramientas prorrogadas, la Legislatura ha dejado de ser “de acompañamiento” para convertirse en el verdadero contrapoder de veto y negociación en Tierra del Fuego.
Es evidente que atravesamos un año de un profundo cambio de paradigma dentro del ecosistema político fueguino. En años anteriores, el Ejecutivo solía gozar de una mayoría que permitía una gestión lineal; sin embargo, el escenario actual muestra un Parlamento fragmentado donde ninguna fuerza tiene el control absoluto.
Esto obliga a que cada proyecto de ley, desde el más técnico hasta el más político, deba pasar por un proceso de “peaje” donde las fuerzas de la oposición y los bloques minoritarios tienen la capacidad real de frenar la agenda oficialista.
Esta transformación se vuelve crítica cuando observamos que el Gobierno está gestionando con herramientas administrativas nunca resueltas por falta de voluntad política, como el presupuesto prorrogado.
Se percibe un profundo y alarmante vacío de liderazgo y eficiencia en la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, que ya no dicta la agenda política de la provincia porque está abocada a tapar goteras.
Y ese vacío ha sido llenado por los legisladores que, en mayor o menor medida, se han puesto a la cabeza de la discusión política de la provincia. Resta por saber si ese protagonismo redundará en soluciones concretas o si, por el contrario, profundizará la crisis en pos de los intereses de cada sector.
