La supervivencia de los partidos tradicionales frente al nuevo esquema de poder de Milei

Javier Milei avanza un casillero más en el tablero donde juega a convertirse en el presidente más reformista de la República Argentina. Y aprovechando la configuración del Congreso que, entre representantes propios, aliados recurrentes y ocasionales, le otorga cierta ventaja, ahora pone en discusión una reforma integral del sistema electoral de nuestro país.

En los últimos 25 años, la Argentina ha transitado un camino sinuoso en materia de reformas electorales. Si bien se lograron cambios estructurales, como las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o la Paridad de Género, muchas otras propuestas quedaron truncas por falta de consenso político o por el temor de las mayorías de turno a perder herramientas de control territorial.

A Milei eso parece importarle poco. O, mejor dicho, le importa más de lo que aparenta y lo que busca, en definitiva, es empezar a torcer la balanza en favor del movimiento libertario, ya sea tanto en la opinión pública como en la reconfiguración del propio sistema político y electoral argentino.

Pero volvamos a lo concreto. El proyecto de reforma electoral y política enviado recientemente al Congreso por el Gobierno Nacional es una apuesta ambiciosa que busca modificar profundamente las reglas de juego democráticas en Argentina.

La propuesta consta de varios puntos importantes, pero, sin lugar a dudas, el más disruptivo es la derogación total de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Las PASO, tal se las conoce por su sigla, fueron instauradas en 2009 y si bien al principio suponían un paso adelante en la conformación de las nóminas de cada una de las fuerzas políticas del país, con el tiempo crecieron los cuestionamientos por su costo y su uso como “encuesta oficial” y porque, además, casi no funcionaron como un verdadero proceso de selección de candidatos.

En este contexto, la jugada de Milei en términos políticos parece decididamente apuntada a dividir a la oposición, más si se tiene en cuenta que incluso gobernadores opositores apoyan la propuesta, tal el caso de Gustavo Melella.

El mandatario fueguino, no es el único: Raúl Jalil, de Catamarca y Martín Llaryora, de Córdoba ya se pronunciaron a favor de dejar sin efecto las PASO. Melella es consecuente con sus dichos. En una entrevista radial en enero de 2025, el gobernador admitía que “las PASO no tienen sentido” y que sería “un bueno momento para eliminarlas”.

Así las cosas, si prospera la norma, cada partido o coalición volverá a definir sus candidatos según sus propias elecciones internas o acuerdos de cúpula. A eso se le suma que, para oficializar listas, se exigirá un sistema de avales que requerirá de apoyos equivalentes al 0,1% del padrón nacional para presidente y 0,5% provincial para legisladores. Asimismo, se implementará una vía tecnológica para recolectar estos avales con el fin de evitar las trampas denunciadas en más de una oportunidad.

Otro de los puntos que pone en discusión el proyecto de Milei es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Los libertarios buscan así terminar con la acostumbrada “lista sábana” para todas las categorías nacionales, lo que supone un duro golpe para estructuras partidarias tradicionales.

Esa boleta incluiría fotos de los candidatos y un casillero para optar por el voto por lista completa. El orden de aparición de las listas se determinaría mediante un sorteo público para garantizar equidad y evitar suspicacias.

Milei sabe que apelando a un argumento sólido como lo es el del ahorro, puede cosechar amplias adhesiones en la opinión pública. De hecho, el principal justificativo que esgrimirán durante el debate es que el Estado dejaría de financiar la impresión de miles de millones de boletas individuales para cada partido, centralizando todo en un único documento oficial.

Por otra parte, Milei y los libertarios volverán a la carga con “Ficha Limpia” que ahora se ampliaría a una lista de requisitos para acceder a las candidaturas que, sin dudas, provocarán un amplio debate legislativo y social.

El proyecto incorpora restricciones severas para quienes aspiren a cargos públicos. Prohíbe candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia.

Otro golpe a las estructuras tradicionales de la política supone la implementación de un nuevo régimen de financiamiento político. Ni más ni menos que un cambio a la manera en que el Estado sostiene financieramente a los partidos políticos.

Milei va a presentar dicha propuesta como un “cambio de paradigma” para pasar de un financiamiento sostenido por el Estado a otro modelo, predominantemente privado. Así, buscarán eliminar y si no hay consensos, al menos reducir drásticamente los aportes estatales para campañas.

Además, se eliminan los topes de donaciones por parte de privados, aunque se mantienen prohibiciones para empresas extranjeras o controladas por capitales del exterior y se descartan los límites de tiempo cedidos obligatoriamente en medios de comunicación, permitiendo que la pauta se maneje bajo reglas de mercado.

Por último, la reforma electoral libertaria propone modificaciones al cronograma electivos y a los debates presidenciales. En cuanto a este último punto, el proyecto plantea eliminar la obligatoriedad del debate presidencial por ley, dejando que los candidatos decidan si participar o no.

También, buscarán flexibilizar las restricciones de publicidad partidaria y la prohibición de publicar encuestas se reduciría de 8 días a solo 48 horas antes de la elección. Los bocas de urna podrán difundirse a partir de las 20:00, es decir se reduciría la espera obligatoria para los medios de comunicación en una hora.

» Opiniones divididas

El oficialismo argumenta que este nuevo sistema reduce el “gasto innecesario de la política” y moderniza las instituciones, mientras que sectores de la oposición critican que la eliminación de las PASO y la apertura total al financiamiento privado podrían favorecer a los partidos con más recursos o con estructuras ya consolidadas.

Los primeros sondeos y análisis de opinión pública tras el envío del proyecto al Congreso, acaecido el 22 de abril, muestran una recepción dividida, marcada por la polarización y la percepción de las prioridades económicas frente a las políticas.

Vamos por partes. Porque cada una de las propuestas parece tener argumentos a favor y en contra en dosis iguales. Respecto de la eliminación de las PASO, quienes están a favor de la medida consideran que se trata de un “gasto innecesario”. Allí caló hondo el discurso oficial de la “encuesta más cara del mundo”.

Los sondeos iniciales sugieren que el electorado independiente y el oficialista valoran positivamente el ahorro fiscal que supondría su eliminación. Por otra parte, sectores de la oposición y parte de la ciudadanía que valora la democratización de las candidaturas ven esta medida como un retroceso que devuelve el poder a las “cúpulas partidarias”.

Donde sí parece haber un consenso casi total es en la implementación de la Boleta Única de Papel. Percibida por la gran mayoría de la ciudadanía como una herramienta de transparencia y modernización, se la asocia con el fin del robo de boletas y una mayor equidad para los partidos pequeños, lo que genera una aceptación transversal que supera la brecha partidaria.

En casi la misma línea se aprecia la implementación de “Ficha Limpia”. Según los primeros sondeos de opinión, la ciudadanía recibe este punto como una respuesta directa a la demanda social de integridad en la función pública. Sin embargo, en el análisis político, se percibe como una herramienta a la que apelan los libertarios para polarizar con el kirchnerismo, lo que genera resistencia en ese núcleo duro de votantes.

Sí parece haber mayores desconfianzas en el sistema de financiamiento privado. Porque existe el temor latente que la eliminación de los topes de aportes privados y la reducción del financiamiento estatal permitan que las grandes empresas compren candidatos.

Lo cierto es que más allá del contenido, las primeras impresiones dejan observar una tensión sobre la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque mientras el núcleo duro del Gobierno celebra la reforma como una batalla contra “la casta”, sectores del electorado medio expresan que la agenda política parece desconectada de las urgencias económicas actuales.

Incluso en algunas provincias de país, encuestas recientes sugieren que la imagen del Gobierno enfrenta desafíos, lo que hace que la reforma sea vista por algunos como una “jugada de distracción” o una maniobra para recuperar iniciativa política tras las polémicas recientes.

» Rediseño estratégico

Lo que queda claro es que este proyecto no es solo una reforma técnica; es un rediseño estratégico del ecosistema de poder en Argentina. Al analizar los movimientos del oficialismo y la reacción de la oposición, se pueden identificar varios objetivos subyacentes.

El Gobierno de Javier Milei busca, mediante esta reforma, un doble efecto: primero porque al elevar los requisitos de afiliación y exigir presencia en 10 distritos en lugar de 5 para ser un partido nacional, el oficialismo empuja una concentración del sistema.

Además, hay quienes aseguran que la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad en medios golpea directamente a los partidos más chicos y a las facciones opositoras que no cuentan con grandes aportantes privados.

Lo que está claro es que, para el peronismo y el radicalismo, la reforma plantea un escenario de “supervivencia”: Sin primarias obligatorias, la oposición pierde la herramienta que le permitía dirimir sus internas sin romperse. Ahora, el Partido Justicialista, por ejemplo, deberá volver a las “internas partidarias” o acuerdos de cúpula, lo que históricamente ha generado mayores fracturas y fugas de candidatos.

Por otra parte, da la sensación que tanto la Boleta Única de Papel como “Ficha Limpia” podrían funcionar como “puente” para conseguir votos de sectores dialoguistas, entre ellos la Unión Cívica Radical.

El oficialismo sabe que la Boleta Única de Papel es una demanda histórica de la oposición no kirchnerista. Y “Ficha Limpia” es el “arma moral”: obliga a la oposición -especialmente al kirchnerismo- a votar en contra de algo que la sociedad percibe como ético, permitiendo al oficialismo profundizar el relato de “ellos protegen corruptos, nosotros los sacamos”.

En resumen, el Gobierno está lanzando un sistema que favorece la polarización extrema. Al oficialismo le conviene un escenario donde solo queden libertarios y peronistas. “Ellos” y “Nosotros”. Eliminando así los matices del centro y las terceras fuerzas que dependen del financiamiento estatal y la visibilidad de las PASO para existir.

La gran incógnita es si los gobernadores, entre ellos Gustavo Melella, que manejan las estructuras territoriales, aceptarán este nuevo juego o si utilizarán su peso en el Senado para bloquear los puntos que más los perjudican.

En definitiva, la reforma electoral impulsada por el oficialismo se presenta como una apuesta de máxima que busca simplificar el calendario y reducir el gasto público, pero su éxito dependerá de la capacidad de tejer consensos en un Congreso donde la fragmentación es la norma.

No tengo dudas que el desafío reside en garantizar que la búsqueda de eficiencia del sistema electoral no termine por asfixiar la pluralidad de voces ni desequilibrar las reglas del juego justo antes de una contienda decisiva.

Porque, en resumidas cuentas, la transparencia no solo se mide en función de recursos y costos, sino principalmente en la solidez de las instituciones que deben resistir el paso de las gestiones.