Christian Bisso
Una vez más se encienden alarmas en torno a la industria fueguina. La actividad que durante años fue faro de desarrollo productivo y esperanza, hoy resume incertidumbre y un horizonte cada vez más oscuro.
El informe del Banco Mundial titulado “Panorama económico de América Latina y el Caribe: revisitando la política industrial”, calificó al modelo fueguino como una política fallida que impide el desarrollo tecnológico genuino del país.
A eso se le suman algunas decisiones que se dieron a conocer en las últimas horas que también generan preocupación. Es que el gobierno nacional determinó poner en marcha el Decreto 252/2026, que según los especialistas amenaza con diluir los beneficios históricos de la Ley 19.640.
La propuesta determina que el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) tenga alcance en cada rincón del suelo argentino, lo que diluye de forma inmediata el esquema de competitividad que resguardó la actividad industrial en el extremo sur de la Argentina.
En términos políticos, la medida parece marcar el inicio de una “igualación de condiciones” que ignora la excepcionalidad geográfica de Tierra del Fuego, planteando un desafío de supervivencia inédito para el modelo industrial vigente desde hace más de 50 años.
Por eso, es dable ante estas circunstancias revisar qué hace el gobierno provincial para frenar los embates -los de hoy los que vendrán- y otorgarle algo de previsibilidad a un sector que solo ve nubarrones negros en el horizonte.
Porque por más que la gestión de Gustavo Melella se esfuerce en minimizar y a veces en hasta ocultar la profundidad de la crisis, el sector se ve golpeado por decisiones nacionales que amedrentan el progreso industrial y por la propia inacción de las autoridades provinciales, que ya han demostrado su sobrada incapacidad para propiciar la tan mentada ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego o, peor aún, la reconversión tantas veces anunciada.
Hay un factor insoslayable en este contexto: la macroeconomía nacional. El gobierno de Javier Milei no pone palos en la rueda de forma directa a la industria fueguina, pero toma decisiones que de forma conexa golpean al régimen industrial fueguino. Esto no lo puede negar nadie.
Es el reclamo de muchos, que se escucha cada vez con más fuerza: Milei no hace nada por favorecer un contexto productivo que eleve los índices de empleo de la actividad en la provincia.
En ese contexto, es razonable entender como Tierra del Fuego se ha visto severamente perjudicada por la pasividad estratégica que ha mostrado el gobierno de Melella. Durante muchos años, la provincia ha funcionado como un gestor de un modelo diseñado en Buenos Aires, sin generar una alternativa propia.
Así se hace muy difícil. Son los propios y los ajenos los que atentan contra el sostenimiento de una actividad que hasta no hace mucho era codiciada por muchas otras provincias de la Argentina.
La mayoría de los gobernadores fueguinos, pero en especial Melella, se han limitado a administrar los recursos que genera el subregimen, convirtiéndose en un "socio silencioso" de las grandes fábricas, a las que de forma despectiva se las llama ensambladoras, un término que finalmente se impuso cuando se trata de atacar a Tierra del Fuego y su capacidad productiva.
No es menos dable reconocer que no se ha exigido de manera efectiva que las empresas incorporen cada vez más aspectos que las definan por la fabricación real de sus propios componentes, lo que deja a la industria local a merced de cualquier cambio en la política de importaciones nacional.
A pesar de los discursos sobre la tan mentada "ampliación de la matriz productiva", la dependencia del sector electrónico sigue siendo casi total. Para que se entienda: en Tierra del Fuego pusimos todos los huevos en una canasta. Y eso, a la larga, trae consecuencias.
A eso hay que sumarle decisiones recientes, como la creación del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, cuyos recursos se gestionan con opacidad o lentitud, y que los proyectos financiados no tienen el volumen necesario para absorber la mano de obra que hoy expulsa la industria electrónica.
A propósito del FAMP. Si revisan los archivos, verán que las últimas gestiones para movilizar recursos de dicha caja, fueron encaradas por los intendentes. Llamativamente, Melella no dice ni una palabra acerca de las decisiones que se toman en Buenos Aires para que esos millones que le pertenecen a Tierra del Fuego, no retornen a la provincia en obras.
Párrafo aparte merece el Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego, que a veces aparece en escena convertido en una especie de bombero que llega para apagar lo que queda cuando el fuego ya arrasó con todo.
En los últimos años, quizás por impericia o por decisión expresa del gobernador Melella, la cartera laboral ha reducido su rol a validar la precarización. Se critica que el Estado permita contratos basura, como el de Personal de Prestación Discontinua, o suspensiones prolongadas que licúan el salario, con tal de no enfrentar el costo político de un cierre definitivo de las empresas en conflicto.
Por otro lado, han hecho del recurso de la “paz social” una entelequia, a cualquier costo. La prioridad del Gobierno fueguino parece ser evitar el conflicto en las calles en el corto plazo, postergando la discusión de fondo sobre qué tipo de industria es sostenible a largo plazo. A casi nadie le importa la planificación responsable y comprometida con el futuro. Y a Melella y los suyos, muchos menos.
Desde esta óptica, a mí no me quedan dudas. El Gobierno provincial no es víctima de la crisis, sino un actor corresponsable por no haber aprovechado los periodos de bonanza para desanclar el destino de Tierra del Fuego de la Ley 19.640.
El rol actual se percibe ineludible para la gestión de Gustavo Melella: hoy es más un administrador de la decadencia que apuesta a la supervivencia política que a una transformación estructural que se prolongue en el tiempo y le devuelva a Tierra del Fuego, la grandeza que, en el pasado reciente, supo exhibir con orgullo.
