Lo acontecido durante la última reunión de comisión del Concejo Deliberante de Tolhuin no solo dejó en evidencia una alarmante falta de planificación, sino que desnudó las severas consecuencias que el desinterés técnico provoca en el desarrollo de una localidad postergada por décadas.
Frente a los números crudos de una realidad fiscal devastadora, el intendente Daniel Harrington reaccionó con una preocupante liviandad, ensayando discursos más propios de un equipo que acaba de desembarcar en el poder que de una gestión que transita ya su sexto año consecutivo al frente del municipio.
El diagnóstico presentado por los asesores contables del Parlamento local fue lapidario: el 69% de los contribuyentes de Tolhuin no pagan el Impuesto Automotor, mientras que el 56% tampoco abona el Impuesto Inmobiliario.
En cualquier administración mediana, un índice de morosidad y evasión que roza el 70% provocaría un estado de emergencia institucional y una profunda autocrítica sobre los mecanismos de fiscalización. Sin embargo, lejos de asumir la responsabilidad política por el colapso del sistema de recaudación tras más de un lustro de gestión, los funcionarios municipales optaron por minimizar el escenario, dar respuestas vagas y prometer soluciones “en camino”, un libreto gastado que pretende estirar los plazos de la tolerancia social.
El discurso oficial rozó el anacronismo cuando la secretaria de Economía y Hacienda del Municipio, Luciana Rivero, tomó la palabra para admitir el problema. Su declaración, lejos de aportar certidumbre, ratificó el grado de parálisis operativa en el que se encuentra el área clave de la recaudación:
“Está trabajando en el área de Rentas, de una forma fuerte para poder regularizar todo eso. Está en este momento en desarrollo, todavía no se concluyó. Yo creo que será un par de meses más”, dijo, incómoda con la pregunta.
“En un par de meses más, creo que se pueda concluir y reforzar esto que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es reforzar el área de Rentas para poder llevar a cabo todas las tareas que requieran”, anticipó.
La confesión posterior de la titular de las finanzas municipales traspasó la frontera de la justificación técnica para adentrarse directamente en el reconocimiento de una preocupante precariedad estatal.
“Lo primero que tenemos que hacer es registro. Hablamos de muchos años sin registros, muchos años con Excel, muchos años de abandono, por decirlo de alguna manera en esa área y por eso se está documentando todos esos papelitos que estaban por todos lados y por eso cada vez es como que crece más la tarea. Pero yo creo que en un par de meses más se va a poder concluir esto que se está haciendo y poder empezar con las notificaciones”, anticipó.
La admisión de que la tercera ciudad de la provincia se gestiona mediante “planillas de Excel” y “papelitos que estaban por todos lados” es el testimonio vivo de una gestión que ha supeditado la modernización del Estado a la improvisación cotidiana.
Si el desorden heredado era la justificación inicial, cabe preguntarse qué hizo la administración de Harrington durante los últimos 72 meses para revertir este cuadro, más allá de apilar folios y justificar la inacción en la herencia recibida.
La improvisación no terminó allí. Al intentar delinear el horizonte tecnológico de la ciudad, la secretaria de Economía describió como una innovación revolucionaria lo que en cualquier municipio constituye un estándar básico desde hace más de una década.
“Estamos trabajando con otros medios, incluso la idea es tratar de que uno ponga su DNI, como cualquier otro municipio y pueda sacar su deuda, poder así notificar y poder avanzar en otras cuestiones”, develó.
Para coronar el despliegue de retórica oficial, la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, ensayó una apología discursiva que chocó de frente con la realidad expuesta por los números parlamentarios.
“Es un trabajo que tiene que ver con elevar la elevar la calidad de la gestión pública. Que es un trabajo que empezamos en el 2022 hasta la fecha y que lamentablemente no se soluciona de un día para el otro, pero sí dejamos atrás muchos años de precariedad”.
El trasfondo de este debate parlamentario desnudó además una profunda contradicción en la estrategia del intendente Daniel Harrington. Mientras su gabinete admitía que no posee un registro confiable, que carece de herramientas de cobro y que el sistema administrativo naufraga entre papeles dispersos, el mandatario local presionaba simultáneamente a los ediles para modificar la Tarifaria local con el fin de elevar los impuestos a la vivienda.
El argumento del mandatario comunal se centró en que no resulta “razonable” que un terreno para vivienda familiar tribute lo mismo que uno, en la misma zona, cuya extensión puede mensurarse en varias manzanas.
La respuesta de los concejales fue un baño de realismo político: antes de exigir un mayor esfuerzo contributivo a los vecinos que ya pagan, el Municipio debe optimizar el cobro de las deudas existentes, depurar sus bases de datos e impulsar planes de regularización eficientes. La lógica es elemental. No se puede incrementar la presión fiscal cuando se carece de la capacidad técnica elemental para recaudar.
En su defensa, Harrington argumentó que Tolhuin sostiene un esquema de servicios “altamente subsidiados”, un elegante eufemismo para describir prestaciones municipales que se brindan sin costo directo pero que erosionan las arcas públicas.
El jefe comunal justificó la escasez de recursos apelando a la falta de “fuentes genuinas para generar fondos” y a la constante caída de la coparticipación provincial. Sin embargo, omitió deliberadamente el nudo de la cuestión: el coeficiente de coparticipación que recibe cada localidad se calcula, en buena medida, en función de su esfuerzo y capacidad de recaudación propia.
Al mantener a Rentas en un estado de postración técnica y administrativa, la propia gestión de Harrington deprime los ingresos coparticipables que luego reclama ante los concejales de la ciudad.
