En un escenario económico sumamente complejo, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) de Tierra del Fuego formalizó ante la Legislatura un detallado balance sobre su política de recursos humanos.
A través de la Nota 1071/2026, firmada digitalmente por la presidenta del organismo, Arq. Laura Montes, y remitida a la vicegobernadora Mónica Urquiza, la institución dio cumplimiento al artículo 29 de la Ley Provincial 1399 de Presupuesto, el cual exige fundamentar cualquier movimiento de personal dentro de la administración pública.
El eje central del documento radica en la necesidad impostergable de incorporar a la planta permanente a tres agentes técnicos que ya venían desempeñando tareas operativas bajo la modalidad de adscripción o planta transitoria.
Los ingresos corresponden a Silvina Girón para la delegación Río Grande, Daniel Mamani Almirón para la Dirección de Recursos Humanos de la Zona Norte y María Laura Fernández para el área de Compras y Contrataciones. Las designaciones buscan cubrir “puntos críticos de gestión” originados tras las recientes jubilaciones del personal histórico.
Desde la conducción del IPVyH remarcaron que estas incorporaciones se dan bajo una “estricta política de austeridad y optimización del gasto público”. En ese sentido, las autoridades revelaron que la planta total del personal experimentó una reducción neta de 30 agentes debido a bajas vegetativas, renuncias y jubilaciones previas. Lejos de cubrirse de manera automática, estas vacantes se mantuvieron deliberadamente congeladas con el objetivo de priorizar la “responsabilidad fiscal de la provincia”.
Debido a esta drástica disminución del personal operativo, las áreas técnicas y de soporte administrativo habían comenzado a experimentar situaciones límite que ponían en riesgo la continuidad mínima de las prestaciones del organismo.
Según se especificó, los perfiles de los tres agentes seleccionados permiten subsanar estas falencias de forma inmediata y anular cualquier curva de aprendizaje, asegurando la trazabilidad y la legalidad en sectores sumamente sensibles como el ciclo de compras y las rendiciones de cuentas.
Finalmente, la presidencia de la entidad certificó formalmente ante los legisladores que la medida goza de una absoluta “neutralidad fiscal”, puesto que existen las vacantes históricas aprobadas y el financiamiento necesario.
Al tratarse de trabajadores que ya formaban parte de la estructura diaria del IPVyH, Montes aseguró que los nombramientos definitivos “no representan un incremento en las erogaciones” del presupuesto provincial “ni altera el equilibrio financiero del Estado”.
