Lapadula pide informes por una obra provincial paralizada hace tres años

El legislador de Provincia Grande presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo rinda cuentas sobre los motivos que frenan la puesta en marcha de una planta cloacal clave en Río Grande, cuya obra civil está terminada desde hace tres años.
Legislatura14 de junio de 2026

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El bloque parlamentario Provincia Grande, a través del legislador Matías Lapadula, ingresó formalmente un proyecto de resolución en la Legislatura de Tierra del Fuego para exigir explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo provincial.

La iniciativa busca esclarecer los motivos que mantienen inactiva y sin funcionamiento la estación elevadora de líquidos cloacales ubicada en la intersección de las calles Itatí y Kau, en el sector de la Margen Sur de Río Grande. 

Según los fundamentos presentados en el documento técnico, la estructura edilicia y la obra civil de la planta se encuentran totalmente concluidas desde hace aproximadamente tres años. Sin embargo, la comunidad se encuentra privada de este servicio esencial debido a que aún no se han ejecutado los trabajos complementarios necesarios para realizar la conexión de la planta a la red eléctrica local, un paso administrativo y técnico indispensable para su habilitación definitiva. 

La falta de operatividad de esta infraestructura clave está provocando severas complicaciones en el saneamiento urbano de la zona. En la actualidad, una única estación elevadora se ve obligada a absorber la totalidad de los efluentes cloacales de toda la Margen Sur. Esta situación genera una sobrecarga permanente en el tendido y eleva de forma crítica el riesgo de que ocurran fallas operativas graves en el sistema general. 

El panorama se vuelve aún más complejo durante los períodos de intensas precipitaciones. El proyecto advierte que las lluvias recurrentes derivan en anegamientos, desbordes de líquidos y serias dificultades en el normal funcionamiento de los desagües, lo que impacta de lleno en la calidad de vida de miles de vecinos de Río Grande y plantea un escenario de riesgo tanto sanitario como ambiental que requiere la intervención inmediata del Estado. 

A través de este requerimiento, que apunta al Ministerio de Obras Públicas, se otorga un plazo de 15 días hábiles para que el Gobierno remita informes detallados. Entre los puntos solicitados se destacan el estado financiero de la obra, los motivos de la demora, el nivel de inversión actualizado, las gestiones con la empresa de electricidad y el cronograma previsto para transferir formalmente las instalaciones al Municipio de Río Grande.

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