La decisión de la Legislatura de insistir la norma que abrogaba el llamado a reforma constitucional dejó en evidencia, otra vez, la fuerte fractura que existe entre el oficialismo y la oposición parlamentaria.
Ello se evidenció en los discursos que los legisladores brindaron minutos antes de votar la insistencia de la norma, que deja sin efecto cualquier intento del melellismo de reformar la Carta Magna.
En todos los casos, más allá de las consideraciones legales sobre las que parece será prácticamente imposible que se pongan de acuerdo ambas partes, donde sí hubo coincidencia en el diagnóstico de los legisladores que consideraron que el proceso que impulsaba Melella no iba de la mano del contexto social y económico que atraviesa la provincia.
El primero en pedir la palabra fue el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, quien enfatizó que la cuestión debía resolverse “a la brevedad” porque “en la sesión pasada se manifestaron la mayoría de las fuerzas que componen esta casa, en rechazo a la Ley 1529. Por eso, pido la insistencia a la abrogación de la ley”.
Acto seguido, en representación del oficialismo, Federico Greve, argumentó desde lo jurídico que “entendemos que la Ley 1529 agotó su objeto al momento de su sanción. El Ejecutivo hizo el decreto para el llamado de elecciones y por eso, entendemos que los plazos se cumplieron y no hay más pasos disponibles para la intervención de la Legislatura”.
En contraposición, Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino (MPF) contrapuso su visión jurídica al respecto. En cuanto a su visión política acerca del debate, el parlamentario dijo que “fue el gobernador Gustavo Melella el que motivó que sin debate previo ni acuerdos políticos se avanzara con una reforma constitucional. Hoy, ese mismo gobernador quiere hacer prevalecer su proyecto personal de construcción de poder político por encima de la opinión de la mayoría del pueblo de Tierra del Fuego”.
“Con el veto que materializó con el Decreto 865, insistió en su tozuda y caprichosa intentona de someter al pueblo fueguino a un proceso electoral, gastando plata que no tenemos”, consideró.
A su turno, Victoria Vuoto -en representación del Partido Justicialista (PJ)- aseveró que “la gente demanda respuestas para poner en pie a la salud y la educación. Es tiempo de convocarnos al dialogo y trabajar por nuestra gente”.
Así, consideró que “zanjada la discusión jurídica, hay un elemento que tiene un doble componente. La gente nos pide consensos políticos. No podemos pretender que, mediante imposición, vetos o judicialización, esos consensos se construyan”.
Allí volvió a solicitar Greve la palabra y aclaró que “nosotros siempre vamos a estar en la vereda del consenso. La Ley 1529 no fue un capricho antojadizo y tozudo. Fue producto de los consensos y tanto fue así que hubo en su momento voluntad política para votar esa ley”.
Sin embargo, señaló que “acá está pasando todo lo contrario a lo que dicen, porque nos archivan asuntos, no se discuten los temas importantes. Hay que trabajar los reales consensos y no decirlo solamente, no basta expresarlo con palabras”.
Acto seguido solicitó expresarse Juan Carlos Pino, también del PJ, para manifestar que “la agenda de la gente está en otro lado. En Río Grande la gente la está pasando muy mal, con necesidades básicas que no se pueden cumplir. La gente no llega a fin de mes y nosotros estamos discutiendo una realidad distinta”.
“El Partido Justicialista no se esconde ante esta situación. En 2024 se buscó abrogar la ley y no se pudo. Se nos pudo llamar a debatir y no se nos llamó. Hoy no es el momento de llevar adelante esta elección”, remarcó.
En representación de La Libertad Avanza, Natalia Graciania dijo que “la situación actual de Tierra del Fuego exige que se destinen los recursos a resolver los problemas urgentes de la ciudadanía y no iniciar un proceso de reforma constitucional que va a demandar un enorme esfuerzo económico y político”.
“Hablar de reforma constitucional implica hablar de costos económicos directos, vinculados al funcionamiento de una convención constituyente, procesos electorales y logística para desarrollarla, pero también costos indirectos: tiempos políticos, prioridades desplazadas y recursos destinados a un proceso que hoy no representa la principal preocupación de los fueguinos”, enfatizó.
Para cerrar la ronda de discursos previo a la votación, Damián Löffler, del MPF, aseveró: “Hago mías las apreciaciones que en la sesión anterior hizo Laura Colazo. Yo no soy abogado, soy contador y me da gusto escuchar la calidad discursiva de quienes sí saben del tema y cómo lo explican ante ese debate tan importante”.
En efecto, durante la pasada sesión, Colazo argumentó que, tras haber apoyado el llamado a reforma, decidió revertir su posición a partir del delicado momento que atravesaba la provincia tanto en lo económico y financiero como en lo social, detallando exhaustivamente los asuntos urgentes que el Gobierno fueguino debía atender con premura, previo a encarar una reforma constitucional.
En ese sentido, Löffler precisó que “quiero que la legisladora me autorice a incorporar a la versión taquigráfica de esta sesión, sus palabras de la sesión anterior, cuando justificó por qué había decidido acompañar la abrogación”.
“Ella habló con absoluta franqueza y transparencia al pueblo de Tierra del Fuego, explicando con el corazón sus razones y, además, dijo ese día lo que todos pensamos y sentimos respecto de lo que sucede en la provincia”, finalizó.
