Martínez propone crear un fondo de contingencia para la industria fueguina

La propuesta busca establecer una red de contención inmediata para el sector industrial ante situaciones críticas que pongan en riesgo la continuidad de la producción y el empleo. Se financiaría, entre otros aportes, con el 3% de la tasa de verificación de proceso productivos.
Legislatura28 de abril de 2026

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En un escenario marcado por la incertidumbre económica y el impacto de las políticas nacionales, la legisladora Myriam Martínez, del bloque FORJA, presentó nuevamente el proyecto de ley para crear el Fondo Solidario de Contingencias Sociales y Ecológicas.

Esta iniciativa busca establecer una red de contención financiera inmediata para el sector industrial ante situaciones críticas que pongan en riesgo la continuidad de la producción y el empleo en las fábricas de Tierra del Fuego.

El proyecto surge como respuesta a lo que la legisladora describe como un “rápido deterioro” de las condiciones industriales, exacerbado por la apertura de importaciones y la pérdida del poder adquisitivo a nivel nacional. En sus fundamentos, Martínez recuerda que entre 2015 y 2019 la fabricación de productos clave se redujo en un 45 %, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo directos. La propuesta apunta a evitar que nuevos cierres de establecimientos o suspensiones de personal dejen a las familias fueguinas en el desamparo institucional.

El corazón del proyecto es la provisión de activos líquidos para cubrir contingencias específicas debidamente acreditadas: incendios no intencionales, catástrofes naturales y la quiebra de empresas. Además, se prevé la creación de un comité de crisis con facultades para determinar otras situaciones de emergencia que requieran asistencia económica urgente. De manera subsidiaria, el fondo también contempla el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales para proyectos que generen nuevos puestos de trabajo.

Un aspecto central es el mecanismo de financiamiento propuesto. El fondo se nutriría principalmente del 3% de la tasa de verificación de procesos productivos que ya abonan las industrias locales. Según Martínez, esto implica “devolver en prestaciones a la industria una pequeña parte de lo abonado”, garantizando una asistencia de “desafectación inmediata” que logre esquivar los tiempos y la burocracia estatal que habitualmente agravan los conflictos laborales.

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