En medio de la tensión que ha generado la intervención del puerto de Ushuaia, varios funcionarios provinciales salieron al cruce de los fundamentos de la denuncia que derivaron en la interposición de la terminal por parte de la Agencia Nacional de Puerto y Navegación (ANPyN).
Es que el proceso se inició a partir de una denuncia por transferirle mediante ley provincial a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), recursos generados por el puerto de Ushuaia y que, por ley, no pueden ser afectados a ningún ente u organismo de gobierno. Incluso, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, había asegurado tras conocerse la intervención que “el puerto nunca envió ni un peso a la OSEF, eso no ocurrió”.
Pero hace varios meses, la legisladora Myriam Martínez reconocía en una entrevista radial recogida por el diario Provincia 23, que la maniobra existió. Fue en la edición 6914 del lunes 14 de julio de 2025, cuatro días después de que la Legislatura aprobara la Ley 1.596.
En esa entrevista, Martínez admitió que se echó mano a los fondos del puerto porque los gremios estatales rechazaron el aumento de aportes para financiar el terrible déficit que aun hoy aqueja a la obra social estatal.
“Al no generarse el recurso que teníamos cuantificado, había que salir a cubrir ese recurso. Hubo muchas propuestas para sacar recursos, por ejemplo, de las utilidades del Banco de Tierra del Fuego, pero nosotros lo rechazamos porque esas utilidades ya van a un fondo para la caja de jubilaciones”, explicó.
Y detalló: “Otra propuesta fue subir impuestos al privado y dijimos que no, porque la obra social es del Estado. Después hubo propuestas sobre el superávit de AREF, pero no teníamos en ese momento la cuantificación”.
“Luego salió la propuesta del superávit del puerto, que tenía $ 8 mil millones en un plazo fijo y el superávit del 2025 rondaría los 10 mil millones de pesos. La propuesta de los legisladores fue consultarle al gobernador, porque no sabíamos si ese dinero estaba comprometido para obras. El gobernador accedió a este tema, porque realmente no hay dinero y los números están a la vista”, admitió, confirmando así la maniobra convertida en ley que varios meses después fue desmentida por los propios funcionarios del gobernador Gustavo Melella.
