Tras conocerse la intervención de la terminal capitalina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dio a conocer el informe donde detalla severas falencias administrativas y operativas.
Política22 de enero de 2026
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) luego de inspecciones técnicas, auditorías contables y administrativas, y un extenso proceso de descargos, que el Gobierno de Tierra del Fuego negó sistemáticamente, determinó la intervención administrativa de la terminal portuaria de Ushuaia.
La medida que ya entró en vigencia, rige por un plazo de doce meses, prorrogables por acto fundado, asumiendo la gestión operativa, técnica y administrativa con el objetivo de garantizar la seguridad, la continuidad de los servicios y el ordenamiento integral del puerto.
Para sustentar la decisión, la ANPyN emitió un detallado informe donde confirmó las severas falencias observadas tanto de carácter administrativo como operativo.A continuación, los principales puntos que fundamentan la intervención.
» Uso indebido de fondos
Uno de los ejes centrales de la decisión es la afectación de recursos del Puerto de Ushuaia a fines ajenos a la actividad portuaria, en presunta violación al Convenio de Transferencia de Puertos Nación-Provincia de 1992.
Según la ANPYN, los ingresos generados por la operatoria del puerto deben destinarse exclusivamente a administración, mantenimiento, seguridad e inversiones en infraestructura. Sin embargo, se detectó que el superávit financiero del ejercicio 2024, estimado en unos 4.000 millones de pesos, fue transferido al Ministerio de Economía provincial para cubrir gastos generales, comprometiendo la capacidad del puerto para ejecutar obras indispensables.
» Marco legal cuestionado
Este punto se ve agravado por la sanción de la Ley 1.596, que habilita el uso de fondos portuarios para cubrir déficits de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Para el organismo nacional, esta norma resulta incompatible con el régimen portuario nacional y la Ley 24.093, ya que desvirtúa el destino específico de los recursos portuarios y debilita la autonomía financiera necesaria para sostener la seguridad y el mantenimiento de la terminal.
» Deterioro de infraestructura
Las inspecciones realizadas entre fines de septiembre y comienzos de octubre de 2025 arrojaron un panorama preocupante en materia de infraestructura. El informe técnico detalla un deterioro significativo del muelle comercial, especialmente en el Sitio 3, donde se constató faltante de pilotes, defensas severamente desgastadas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica, elementos clave para el atraque seguro de buques de gran porte.
» Fallas de seguridad
La ANPYN también detectó graves deficiencias en los sistemas de seguridad, entre ellas: sistemas de protección contra incendios obsoletos; señalización insuficiente; iluminación deficiente en sectores críticos; fallas en el drenaje pluvial y control inadecuado del tránsito pesado.
Estas falencias impactan directamente en la seguridad de las maniobras, el atraque de buques y la operatoria de cruceros internacionales, en un puerto que concentra un alto flujo de pasajeros y cargas.
» Baja inversión
Otro punto clave señalado por el organismo nacional es el escaso nivel de inversión en infraestructura. Según la auditoría, solo el 1,3 % del presupuesto total fue destinado a mantenimiento y mejoras, una cifra considerada irrisoria frente al volumen de actividad del puerto y su carácter estratégico.
» Desorden administrativo
En el plano administrativo, la resolución menciona falta de registros claros y verificables, inconsistencias contables y debilidades en los procesos de compras y contrataciones, que no habrían sido debidamente corregidas durante el proceso de descargo.
Incluso, se cuestiona la tercerización de parte de la gestión administrativa en una empresa sin antecedentes en administración portuaria, lo que profundizó las dudas sobre la idoneidad, transparencia y control interno del organismo provincial.
» Tecnología deficiente
La ANPYN advirtió falencias en los sistemas tecnológicos, de comunicaciones y de seguridad de la información, incumpliendo estándares mínimos nacionales e internacionales exigidos para puertos de relevancia estratégica, especialmente aquellos vinculados a operaciones internacionales y a la logística antártica.
Luego de que la Legislatura votara la polémica Ley 1.596, a mediados de julio de 2025, la parlamentaria explicó el plan de acción. Tras la intervención del puerto, varios funcionarios negaron que los recursos sean para financiar a la obra social.
En las redes sociales, el gobernador fueguino negaba las versiones de intervención y aseguraba que “hoy el puerto funciona realmente muy bien”.
El periodista Pablo Acquaviva contó detalles del incidente geológico que dejó en la calle a más de 500 familias. Falta de planificación, corrupción y la ausencia de políticas públicas de largo plazo, el combo perfecto para la calamidad.
Según Roberto Murcia, “no existen desmanejos en la administración del puerto”. “No es verdad que nuestros estándares no cumplen las exigencias nacionales e internacionales”, aseveró.