La denuncia contra los concejales Matías Rodríguez Ojeda, Marcelo Muñoz, Rosana Taberna y Jeannette Alderete y el exconcejal Norberto Dávila, fue desestimada por la Justicia que no encontró evidencias sustanciales para juzgarlos por malversación de caudales públicos.

La causa remite a una denuncia efectuada a principios de año donde se los imputaba de haber realizado, a lo largo de varios años, gastos superfluos y de neto corte personal, con recursos del Estado municipal.

Lo llamativo del caso es que la resolución adoptada por el juez de Tolhuin, Silvio Pellegrino, coincide con el anticipo de su postura que el magistrado, en entrevistas radiales brindadas a fines de mayo, había dado a conocer. En aquel momento, Pellegrino expresó que 'para mí son todos inocentes', porque 'una persona que actúa de mala fe no remite al Tribunal de Cuentas provincial toda la documentación que forma parte de la denuncia'.

Su postura preliminar no fue siquiera motivo de recusación o apartamiento por lo que varios meses después, Pellegrino dio por finalizado el proceso, exculpando a los ediles involucrados en términos muy similares a los que ya había manifestado públicamente con anterioridad.

Para justificar los inexplicables gastos en los que incurrieron los concejales -que incluyen compras de ropa en tiendas de Río Grande, productos varios en rotiserías y kioscos y hasta las vituallas propias de un asado-, Pellegrino fundamentó que 'los gastos de representación y su uso por parte de los concejales beneficiarios sea parte de una discrecionalidad difícil de aceptar por el común de los ciudadanos, pero no es menos cierto que los imputados obraron conforme a derecho más allá de las críticas posibles respecto de la oportunidad y conveniencia del gasto'.

La sentencia se dio a conocer el 8 de octubre último, pero sin trascendencia mediática. De hecho, se hizo pública la decisión de la Justicia cuando los plazos de apelación ya se habían cumplido. Incluso el Fiscal Mayor con asiento en Río Grande, Pablo Bramatti, no fue notificado en período perentorio, impidiendo así cualquier apelación a la decisión de Pellegrino.