Los concejales de Río Grande llevaron adelante una sesión extraordinaria que, con la excusa de repudiar la Ley Ómnibus y el DNU de Javier Milei, abrió la puerta a un inesperado temario que redundó en recorte de fondos al Ejecutivo, reducción de personal, pero, en contrapartida, amplió en casi un 10 por ciento la planta política del propio Concejo Deliberante.

La sesión desnudó la conformación de un mega bloque opositor que quedó integrado por el Movimiento Popular Fueguino (MPF), FORJA, la Unión Cívica Radical (UCR) y el sector del justicialismo que responde al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

Además, quedó en evidencia las contradicciones de las dos principales fuerzas políticas de ese sector opositor. Porque mientras el MPF y FORJA le reprochan a Javier Milei que el DNU y la Ley Ómnibus no son ni necesarios ni urgentes, convocaron a una sesión extraordinaria en tiempo récord para tratar con suma urgencia, cuestiones presupuestarias que debieron debatirse y consensuarse en comisión, al menos antes de llegar al recinto.

Por si esto fuera poco, fue llamativo el rol del concejal Walter Abregú. El edil vuotista avaló todos los proyectos que modificaban el Presupuesto 2024 del Municipio de Río Grande que, hace casi 2 meses, habían sido acompañados por el propio concejal con su voto afirmativo y sin objeciones al contenido del mismo.

» Ybars a la carga

Matías Löffler, Federico Runin, Lucía Rossi, Maximiliano Ybars y Walter Abregú determinaron avanzar en modificaciones específicas al presupuesto municipal. Quizás la más polémica -impulsada por el propio Ybars- da cuenta de una reducción de la planta de personal del Ejecutivo y, en contrapartida, la ampliación en un 10 % del personal del Concejo Deliberante.

A pesar de que el proyecto aprobado estipula llevar el número total de empleados del Concejo Deliberante de 185 a 200 plantas políticas, Ybars argumentó que 'nosotros no queremos aumentar la planta del Concejo Deliberante'.

Para justificar el inexplicable reclamo, revirtió la carga de la prueba manifestando que 'acá durante mucho tiempo se trató de achicar a los órganos de control' y que, para ejercer esa función -que dicho sea de paso no es el rol primario del Poder Legislativo- 'necesitamos contar con más personal'.

La respuesta del oficialismo surgió de parte de Jonathan Bogado. El concejal afirmó que 'me hubiese gustado que podamos estar discutiendo acá un proyecto de cómo generar trabajo en la Ciudad de Río Grande, un proyecto de cómo poder incentivar el sector privado, industrial y comercial de nuestra ciudad para que haya más trabajo; discutir cómo mejoramos los servicios que ofrece el Ejecutivo municipal, un proyecto que discuta ampliar los servicios del Ejecutivo municipal'.

'No he visto ningún proyecto de esa característica. Solo he visto y leo los proyectos que han presentado que tienen que ver con la elevación de normas, con exención impositiva o con la modificación de un presupuesto y, la verdad, no veo urgencia en esos temas', reprochó.

» Runin a la carga

Previo a ello, el concejal de FORJA, Federico Runin, propuso dejar sin efecto la presentación del certificado de libre deuda municipal para tramitar la obtención de la licencia de conducir o, en su defecto, la renovación del mismo documento.

El autor de la norma argumentó que la decisión parte de las 'circunstancias económicas apremiantes en nuestra sociedad' y que 'es el momento adecuado, el momento crítico en términos económicos para el sector, es hoy, por eso es urgente para nosotros desde el bloque de FORJA poder dar tratamiento y aprobar este asunto que estamos promoviendo'.

En contrapartida, el oficialismo a través de Alejandra Arce consideró que, además de plantear un severo inconveniente desde lo recaudatorio, 'se cita como referencia un fallo que todavía no está resuelto en el ámbito de la Justicia y por eso tenemos que seguir esperando a ver qué dice la Corte'.

'Acá Runin debería explicarnos cómo va a impactar esta medida en las arcas municipales, qué estudios han hecho para que el Ejecutivo deje de contar con esos recursos que pagan los vecinos para estar al día y obtener sus licencias de conducir; cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a seguir avanzando con este tipo de normas que plantean hoy', reclamó. No hubo respuesta del edil melellista que consiguió los votos para la aprobación de la propuesta.

» Ybars, otra vez a la carga

Encaramado como la punta de lanza de la oposición que buscó confrontar con el Ejecutivo, el radical volvió a la carga, esta vez para proponer -y lograr la aprobación- de la modificación del porcentaje de rebaja de la Unidad Fiscal (UF) que absorbe el Ejecutivo de los impuestos municipales, fijada en un 40 %, con el objeto de llevarla a un 50 por ciento.

El porcentaje original surge del promedio que sostiene el Municipio local hace por lo menos 4 años. Ello quiere decir que de cada 100 pesos que el vecino de Río Grande debe abonar en impuestos, el Ejecutivo absorbe $ 40. Esa proporción permite aliviar el bolsillo del habitante de la ciudad, pero sin desfinanciar las prestaciones que costea el Municipio a través de los impuestos por lo que la suba supone un golpe directo a la recaudación en una ciudad que demanda obras y servicios por su constante crecimiento.

El concejal argumentó que 'tenemos que ser oposición, dar debate sobre el presupuesto para este ejercicio' porque 'es un momento muy complejo y el vecino necesita con urgencia plantear estas cuestiones' para 'evitar aumentos desmedidos'.

En contrapartida, Bogado aseguró: 'A partir del 1 de enero, tenemos un presupuesto en el Ejecutivo, en funcionamiento y en ejercicio, que ya está prestando servicios a los vecinos a partir de las previsiones discutidas y aprobadas'.

'Entonces, yo me pregunto, ¿qué obras vamos a parar a partir de la menor recaudación que va a tener el Ejecutivo municipal? ¿Qué servicios vamos a dejar de prestar del Ejecutivo municipal? ¿Qué servicios vamos a dejar de prestar por la falta de ingresos de algunos recursos financieros del Municipio?', planteó el edil, haciendo hincapié en que la decisión tomada sobre la marcha por la oposición, lesiona las previsiones financieras de la gestión y pone 'en real peligro muchos de los servicios que presta la ciudad, por ejemplo, en materia de salud'.